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La UE le exigió a España la liberación de una peligrosa etarra
Una sentencia de Estrasburgo indigna a las víctimas del terrorismo vasco
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LA NACIONMartín Rodríguez Yebra
MADRID.- En un fallo que conmocionó a España, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) exigió ayer que sea liberada de inmediato la terrorista de ETA Inés del Río, condenada por 23 asesinatos, y abrió el camino para que por lo menos otros 55 presos de la banda armada salgan de la cárcel antes de lo dispuesto por la justicia local.
La decisión puso en aprietos al gobierno de Mariano Rajoy, que debe dar cumplimiento a la sentencia en medio de la indignación generalizada de las víctimas de ETA. "Las eventuales excarcelaciones no implican impunidad", advirtió el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al anunciar que no permitirá a los etarras que sean liberados participar de actos reivindicativos.
Los jueces del TEDH dieron la razón a Del Río en su demanda contra la aplicación retroactiva de la denominada "doctrina Parot", según la cual las reducciones de pena por buena conducta y beneficios similares se calculan sobre cada una de las condenas que pesan sobre el preso. De esa manera, para casos de delitos múltiples, en los que se acumulan las penas, el acusado queda obligado a cumplir el máximo legal de 30 años efectivos de prisión.
Sobre Del Río, detenida desde 1987, pesa una condena de 3828 años de cárcel, al sumarse las penas por todos los atentados que cometió. Desde 2008 pide ser liberada, ya que la legislación vigente en el momento del juicio permitía deducir los beneficios para salir de prisión de aquel máximo de 30 años. Pero la Audiencia Nacional intentó retrasar a 2017 la salida mediante la aplicación de la "doctrina Parot", jurisprudencia que el Tribunal Supremo español fijó en 2006.
La sentencia coincide con el segundo aniversario del anuncio del "cese de la actividad armada" de ETA. Sin embargo, la banda terrorista vasca -que provocó más de 800 muertos en 40 años- se niega a entregar las armas y a concretar su disolución.
"Vamos a pedir que no se acate el fallo. Nos movilizaremos de todas las formas posibles para evitar que se cometa esta injusticia", dijo Ángeles Pedraza, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).
El gobierno no ocultó su pesar. Fernández Díaz y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se presentaron ante la prensa acompañados por dirigentes de las agrupaciones de víctimas. "Se hará un estudio detallado de cada uno de los casos", explicó Ruiz-Gallardón, al descartar una liberación masiva automática.
El opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también lamentó el fallo. "Acatamos la sentencia, pero repugnamos sus consecuencias y el dolor que puede causar en las víctimas -dijo Óscar López, número tres del partido-. No puede ser lo mismo matar a una persona que a 23."
Del Río, de 55 años, era una de las líderes del comando que aterrorizó Madrid en los sangrientos años 80. Organizó la voladura de un ómnibus de la Guardia Civil en 1986, en el que murieron 12 aspirantes a ingresar en la fuerza. También participó del asesinato del comandante del ejército Ricardo Sáenz de Ynestrillas.
La Audiencia Nacional tomará hoy una decisión sobre Del Río (alojada en la cárcel gallega de Teixeiro), a partir de la sentencia del TEDH, que es vinculante.
El tribunal europeo -con el voto de 16 de sus 17 miembros- quiso ser taxativo: "La demandante purgó una pena de prisión de una duración superior a la que hubiera debido sufrir según el sistema jurídico español en vigencia en el momento de su condena", señaló. Pidió su liberación "en el más breve plazo" y ordenó al Estado pagarle una indemnización de 30.000 euros.
La Gran Sala del TEDH ratificó el criterio fijado el año pasado por la Sala Pequeña, que había sido apelado por el gobierno español.
La "doctrina Parot" fue impuesta por el Tribunal Supremo en 2006 para impedir la salida de prisión de Henri Parot, un etarra acusado de 33 asesinatos que había logrado reducir su tiempo en prisión a 20 años pese a haber sido condenado a 4700 años.
Los abogados de Inés del Río celebraron la victoria y, en una conferencia de prensa en Bilbao, anunciaron que iniciarán los trámites para la liberación inmediata de otros 55 etarras presos. La gran preocupación del gobierno es evitar que las excarcelaciones masivas sean seguidas de actos reivindicativos de la izquierda separatista y que eso ponga en peligro el proceso de paz en el País Vasco.
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