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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó este viernes una medida provisional que prohíbe la operación, oferta y publicidad de las apuestas en línea en todo el país. La decisión busca frenar el endeudamiento de las familias y se puso en vigencia a nueve días de las elecciones presidenciales, en medio del rechazo de los clubes de fútbol y la oposición.
La disposición entró en vigencia de forma inmediata, aunque requerirá el aval del Congreso Nacional en un plazo de 120 días para convertirse en ley definitiva. La norma prohíbe nuevos depósitos en las plataformas digitales y fija el 5 de octubre como fecha límite para que los usuarios retiren sus fondos.
Durante un acto en San Pablo, el mandatario fundamentó la decisión: “Es una medida dura, drástica y necesaria. Es como el cáncer: o se extirpa el tumor, o el tumor nos mata”.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado también apuntó contra esta industria, al acusarla de “transformar la adicción en ganancia” y de “destruir hogares”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, confirmó que no habrá ningún sitio, aplicación ni patrocinio legal del sector, tras calificar la situación como un problema grave de salud pública. Las estimaciones oficiales señalan que más de 60.000.000.000 de reales (US$ 11.000.000.000) pasan anualmente desde las familias hacia las plataformas de juego.
A su vez, datos de la Confederación Nacional del Comercio indican que ocho de cada 10 familias brasileñas enfrentan deudas, mientras que un estudio del Instituto de Estudios para Políticas de Salud calculó que el juego cuesta a la sociedad unos 38.800.000.000 de reales (US$ 7.000.000.000) al año por su impacto en la salud mental.
Por su parte, el Banco Central estimó que los ciudadanos gastan cerca de 30.000.000.000 de reales (US$ 5.700.000.000) mensuales en apuestas, un negocio que mueve más de US$ 4.000.000.000 anuales.
Junto con la medida provisional, el gobierno redactó un proyecto de ley a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para tipificar delitos vinculados al sector de cuotas fijas. La propuesta prevé penas de cuatro a seis años de prisión y multas para quienes exploten u operen los sistemas, sanción que aumentará en un tercio si involucra eventos virtuales.
Asimismo, fija de dos a cuatro años de cárcel para quienes promuevan, patrocinen o realicen campañas publicitarias y de marketing dirigidas a captar apostadores.
La restricción generó alarma en el ámbito deportivo, donde las empresas de juego representan una de las principales fuentes de ingresos y sponsorean a más de la mitad de los equipos de primera división.
Desde el club Flamengo expresaron su queja antes de la publicación oficial: “No se puede crear una norma, conseguir que las empresas e instituciones se comprometan basándose en ella y, de la noche a la mañana, cambiar todo el marco regulatorio”.
Estas compañías también patrocinan torneos nacionales y la Confederación Brasileña de Fútbol percibe unos US$ 14.000.000 anuales por derechos de denominación. Ante los reclamos de los dirigentes, el ministro de Hacienda prometió entablar un diálogo para evaluar el impacto real en los clubes.
Además, el anuncio se produce en la recta final de la campaña para la primera vuelta del 4 de octubre, en la que el jefe de Estado está muy cercano en las encuestas a Flávio Bolsonaro, hijo de Jair.
Frente al decreto, el candidato del Partido Liberal calificó la medida como “populista, hipócrita y con motivaciones políticas” durante un acto en Río de Janeiro, y tildó al presidente de “oportunista”, si bien aclaró que vetaría los casinos virtuales en caso de ganar la presidencia.
A pesar de los cruces, sondeos recientes señalan que un 75% de la población respalda la prohibición total de las plataformas.
Con información de las agencias AP, AFP Y Reuters
