Macron aprueba su resistida reforma previsional por decreto y se arriesga a enfrentar un estallido social

PARIS.– El gobierno francés invocó el jueves un poder constitucional especial para aprobar un controvertido plan de reforma de pensiones sin el voto parlamentario, una medida riesgosa para el presidente Emmanuel Macron.

La decisión se tomó minutos antes de la votación programada, porque el gobierno no tenía asegurada la aprobación en la Asamblea Nacional, la Cámara baja del Parlamento francés.

La activación final del artículo 49.3 de la Constitución, una herramienta legal muy polémica en Francia, podría recrudecer la tensión con los sindicatos, que este jueves habían llamado a impedir esta reforma y que ya organizaron protestas masivas durante dos meses.

Macron ha escogido recurrir al 49.3 y el Consejo de Ministros dio su visto bueno, indicaron fuentes del ejecutivo. La primera ministra, Élisabeth Borne, anunció la activación de dicho mecanismo que implicaría la adopción definitiva de la reforma, si los diputados no logran aprobar una moción de censura contra el gobierno.

“No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones”, declaró Borne.

Macron quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.

Dos de cada tres franceses se oponen, según los sondeos.

El Senado había iniciado esta jornada clave para el resto del mandato de Macron, que corre hasta 2027, con la adopción de la reforma –193 votos a favor y 114 en contra– gracias a los votos del oficialismo y de la oposición de derecha de Los Republicanos (LR), que controla la cámara alta.

Pero más allá del proyecto, el mandatario de 45 años, reelegido hace casi un año con la promesa de reformar la segunda economía de la Unión Europea (UE), se juega poder aplicar su programa durante su segundo mandato y amenazó con disolver la Asamblea en caso de revés.

Desde el miércoles por la noche, había multiplicado las reuniones de crisis con el gobierno y los grupos oficialistas para asegurarse que existía una mayoría, que evitaría activar el polémico procedimiento parlamentario.

Pero su mera activación es considerada como un fracaso para los observadores. A juicio del diario liberal L’Opinion, recurrir al artículo 49.3 “reforzaría la imagen de ‘brutalidad’ de su poder y alimentaría la crisis social”.

Varios diputados ya anunciaron la presentación de mociones de censura para hacer caer el gobierno y la reforma. Desde su llegada al poder en mayo, Borne ha enfrentado una decena de ellas, que no llegaron a prosperar.

“Marchen sobre París”

A la espera de si se activará finalmente, las miradas están puestas en un puñado de diputados oficialistas que podrían abstenerse y en “una veintena” de legisladores de LR que, según el senador derechista Bruno Retailleau, votarían en contra.

Los sindicatos llamaron “solemnemente” a los parlamentarios a votar contra una reforma “injusta” y contra la que manifestaron el 7 de marzo entre 1,28 millones y 3,5 millones de personas, en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.

Sin embargo la contestación parece caer, a medida que los franceses reconocen que se acabará aplicando esa ley. Y las huelgas prorrogables lanzadas la semana pasada en sectores clave como la energía y los transportes también continúan, aunque con menos fuerza.

El gobierno ordenó además requisar el personal municipal de recogida de basuras de París para que retiren las 7600 toneladas acumuladas en la capital, al término de un pulso con la alcaldesa Anne Hidalgo que apoya a los huelguistas.

Pero los opositores no tiran la toalla. “Llamo a todos los que se oponen a esta reforma a que marchen sobre París (...) No dejen que les roben dos años de vida”, tuiteó el miércoles el diputado izquierdista Thomas Portes.

Los principales líderes sindicales se reunirán de nuevo tras el trámite parlamentario para analizar los próximos pasos.

En caso de adopción de la reforma, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.

Agencias AFP y AP

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