México: 60.000 muertos en la lucha contra los narcos
Una nueva estimación duplica las estadísticas oficiales de víctimas en los últimos cinco años
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CIUDAD DE MEXICO.- Según una nueva y escalofriante estimación, la guerra contra el narcotráfico que se libró durante los cinco años de mandato de Felipe Calderón ya dejó más de 60.000 muertos.
El semanario Zeta de Tijuana calculó que en total son 60.420 los muertos, casi el doble de los 35.000 que reconocen las estadísticas oficiales. Como señala la revista, los cuerpos ya no se cuentan de a uno, sino por montones: los 72 de San Fernando (Tamaulipas), los 35 en Boca del Río (Veracruz), los 26 de Guadalajara, y así...
Desde que, en diciembre de 2006, y apenas unas horas después de jurar su cargo, Calderón dio luz verde al operativo Michoacán, la sangrienta tendencia no dejó de crecer.
El despliegue de soldados en territorio mexicano fue directamente proporcional al aumento del número de asesinatos. En diciembre de 2006, Zeta contabilizaba 62 muertes relacionadas con el crimen organizado; en 2007, la cifra aumentaba a 2826; el año siguiente, a 6837; en 2009, a 11.753; el año pasado, a 19.546, y desde el 1° de enero hasta el 31 de octubre de 2011, a 19.396. El "ejecutómetro" que elabora el diario Reforma registra que los muertos de noviembre y de estos primeros días de diciembre ya superan el millar.
Esta lluvia de números desnuda una realidad: que la guerra contra el narco es ahora más sangrienta que la propia guerra de Irak. En el país árabe, los civiles muertos en 2010 fueron 3976, según la organización Número de Víctimas en Irak (IBC). La progresión en Irak es descendente: de 16.245 muertos en 2006 se pasó a unos 9000 en 2008.
Aunque diversas fuentes difieren en los datos, nunca lo hacen de manera significativa. México ocupa el puesto número 20 en la clasificación mundial por índice de homicidios, con unos 17 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Honduras y El Salvador se disputan el primer lugar, con alrededor de 70. La Argentina suma 5,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según estimaciones del Ministerio de Justicia.
La investigación de Zeta compara las informaciones de las secretarías de Seguridad Pública municipales y estatales con las estadísticas de las fiscalías de los estados y los datos del Sistema Nacional de Información.
Este último organismo da cuenta de 80.107 homicidios desde el 1° de diciembre de 2006 hasta el 31 de octubre de 2011, el 75% de los cuales estarían relacionados con el crimen organizado.
En los balances del Sistema Nacional de Información existe una especie de "fosa común virtual".
De las 60.420 ejecuciones -clasificadas como homicidios dolosos cometidos "por arma de fuego" o "por arma blanca"-, 28.025 (casi la mitad) están registradas bajo los rubros de "otros" y de "sin datos".
Ahí estarían los muertos no identificados, inmigrantes centroamericanos, cuerpos calcinados, cabezas desmembradas...
Del total de 60.420 muertes, el 80,5% se concentran en 12 de las 32 entidades federativas del país. A la cabeza se sitúa el estado de Chihuahua, con 12.712 asesinatos en estos últimos cinco años.
La mayor parte de ellos se concentran en Ciudad Juárez, la urbe más violenta del mundo con 191 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2009, por encima de San Pedro Sula (Honduras), San Salvador, Caracas o Ciudad de Guatemala.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua documentó 12.000 niños huérfanos en esa ciudad fronteriza y más de 120.000 personas desplazadas a causa de la violencia.
En segundo lugar, figura el estado de Sinaloa, con 7003 muertes. Y en el tercer puesto, Guerrero, con 5175. Les siguen Baja California, con 4014; estado de México y Nuevo León, ambas, con más de tres mil crímenes; Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Sonora, que superan los 2000, y Coahuila, con 1358 asesinatos.
El gobierno asegura que el 90% de los muertos corresponden a miembros de la delincuencia organizada, y sólo el 10% restante pertenece a integrantes de las instituciones y a blancos civiles.
A ellas habría que añadir las 5397 personas reportadas como desaparecidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en lo que va del mandato de Calderón.
Esta estrategia militarista le ha servido al mandatario para que un grupo de 23.000 ciudadanos presentara una querella ante el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo, en la que se lo acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En el expediente, que detalla 470 casos presentados como "violaciones de los derechos humanos", también se inculpa a Joaquín Guzmán Loera, alias "el Chapo", capo del poderoso cartel de Sinaloa, y a los secretarios de Defensa, Guillermo Galván, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Responsables
"Queremos que la CPI [...] juzgue la responsabilidad de mando, tal como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia con el ex presidente serbio Slobodan Milosevic", dijo el abogado Netzaí Sandoval, encargado de formular el documento.
El gobierno de Felipe Calderón rechazó esas -en su opinión- "infundadas", "improcedentes" y "temerarias" imputaciones. Mediante un comunicado de la presidencia, advirtió además sobre su intención de "explorar las alternativas para proceder legalmente contra las personas que las promueven".
Días después, el mandatario relativizó el asunto al calificarlo de "formulismo de abogados". Pero dejó abierta la puerta al inicio de acciones legales.
"Aquí el desprestigio no es sólo para mí, sino para todo el Estado mexicano", expresó Calderón. El presidente aseguró, además, que, detrás de esta querella, se oculta la intención de "dañar al gobierno".
"Me parece muy injusto equiparar a México con estados autoritarios como la Alemania de [Adolf] Hitler o con criminales de guerra como Milosevic", añadió.
POLÉMICA POR LA MUERTE DE DOS ESTUDIANTES
CIUDAD DE MEXICO (AP).- La muerte de dos estudiantes durante un enfrentamiento entre alumnos y policías en el sur de México provocó una fuerte conmoción en el país, en medio de llamamientos de varios organismos de derechos humanos a esclarecer rápidamente los hechos. Las víctimas, identificadas como Gabriel Echeverría y José Alexis Herrera, participaban en el bloqueo de la autopista que une el Pacífico con Ciudad de México, a la altura de la localidad de Chilpancingo, para pedir al gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, la reanudación de clases en la escuela de su comunidad.
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