México: dudas sobre los 43 estudiantes
La OEA concluyó que no fueron quemados, como había dicho el gobierno
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CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revisó la investigación sobre la posible masacre de 43 estudiantes en México en septiembre de 2014 descartó que los jóvenes hayan sido incinerados en un basurero, tal y como sostiene el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Los expertos adjudicaron la responsabilidad de los hechos a las fuerzas federales y señalaron un gran número de fallos en la investigación.
Para los técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA), hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados, lo cual pondrá más presión al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en un caso que despertó indignación dentro y fuera de México.
La fiscalía federal presentó en enero pasado lo que denominó "la verdad histórica" sobre los estudiantes, y señaló que fueron confundidos con sicarios de un grupo de la delincuencia organizada en la sureña ciudad de Iguala, asesinados y quemados en el basurero del pueblo vecino de Cocula.
Ayer, el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su informe, de casi 500 páginas, al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
Los expertos de la CIDH, entre los que se encuentran la fiscal colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, pidieron un peritaje al especialista peruano José Torero, que participó en los estudios posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York. El experto estableció que en el lugar no hubo un incendio de las dimensiones necesarias para quemar 43 cuerpos.
De acuerdo con la estimación de Torero, para incinerar 43 cuerpos deberían de haberse utilizado más de 30 toneladas de madera y el fuego tuvo que arder durante 60 horas. Además, la llama tendría que haber alcanzado siete metros y el humo, 300 metros, lo que habría llamado la atención de la población.
"Hay enormes contradicciones entre el peritaje y las versiones dadas por los inculpados (...) Ese evento [la quema en Cocula], tal y como ha sido descripto, no pasó", dijo el español Carlos Beristain, uno de los integrantes del grupo. "Debe darse un replanteamiento general de la investigación sobre la base de estos datos", agregó.
El 26 de septiembre de 2014, un centenar de estudiantes, pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, llegaron a Iguala para realizar una protesta. Al llegar al pueblo fueron atacados a balazos por policías municipales y sicarios de un grupo de narcotraficantes. Tres de los estudiantes murieron durante los ataques, que duraron varias horas. Los restos calcinados de uno de ellos fueron identificados y 42 jóvenes permanecen todavía desaparecidos.
"Este informe [de la CIDH] proporciona una acusación totalmente condenatoria al manejo de México de la peor atrocidad de los derechos humanos en la historia reciente", dijo en un comunicado José Vivanco, director de la organización Human Rights Watch.
Los familiares de los jóvenes nunca creyeron las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que, según abogados conocedores del caso, trató de cerrar cuanto antes un asunto que erosionaba la imagen del gobierno.
Una de las incógnitas a que se enfrentan los investigadores es establecer qué papel jugaron esa noche la policía federal y el ejército, que estuvieron al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para frenar un ataque masivo contra ellos en pleno centro de la ciudad. Una patrulla de policías llegó incluso a detener uno de los cinco ómnibus en los que se desplazaron los estudiantes por distintos puntos de Iguala.
Los expertos de la CIDH realizaron decenas de entrevistas a detenidos, sobrevivientes y testigos, pero no pudieron hablar con los militares que estuvieron presentes esa noche en distintos puntos de Iguala.
Agencias AP, AFP y Reuters
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