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Militares homosexuales mataron al conscripto
Escándalo en Chile: un general admitió la existencia de una banda de gays que cometió el crimen para evitar ser denunciada.
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SANTIAGO, Chile, 5.- Cuando el general Augusto Pinochet calificó de "melenudos, homosexuales, drogadictos, marihuaneros y sindicalistas" a los soldados alemanes, suscitando un incidente diplomático y un bochorno para el gobierno de Patricio Aylwin, no imaginó seguramente que cinco años después de esa drástica y despectiva calificación su Ejército se vería envuelto en un escándalo de asesinato, sodomía y drogas.
El caso de deserción, como inicialmente lo calificó la institución y lo que luego se pretendió hacer creer como un suicidio del recluta Pedro Soto Tapia, se está develando como un sórdido homicidio de un grupo de soldados sodomitas y marihuaneros que cumplían su servicio militar obligatorio en el regimiento de Yungai de San Felipe, a unos 100 kilómetros al norte.
El comandante de la Segunda División del Ejército, que incluye a las unidades capitalinas y de regiones cercanas como la de San Felipe, general Emilio Timmerman, intervino personalmente en el regimiento escenario de las prácticas sodomíticas y debió admitir que el homosexualismo sería la razón del homicidio.
"Es el móvil más concreto que hemos podido detectar", reconoció. Agregó que "lamentablemente este grupo se mueve en forma muy oculta y cuesta mucho poder detectar la sodomía, especialmente en un cuartel, cuando se quiere ocultar".
Timmerman dijo que el recluta Soto Tapia fue asesinado porque, tras ser violado en varias ocasiones por dicha banda, tenía intención de denunciarlos.
Según Timmerman, además, el asesinato se habría cometido fuera del cuartel. Eso facilitaría que la justicia castrense se declare incompetente para continuar las indagaciones.
El reconocimiento castrense del homosexualismo en sus filas no despeja todavía una serie de incógnitas. Entre ellas por qué el Ejército dejó pasar tres meses, hasta que aparecieron las osamentas del recluta asesinado, para investigar el sórdido caso. Y si su servicio de inteligencia logró descubrir que se trataba de una red de sodomitas, por qué no dio a conocer los resultados, o por qué hasta cuando aparecieron las osamentas el 15 de marzo se mantuvo firme en su posición de que se trataba de un caso de deserción.
La justicia castrense ensombreció más el caso al entorpecer la investigación que había comenzado un juez especial designado al efecto.
Otra situación que se presta para conjeturas es que dos fiscales militares regionales fueron removidos y terminó la investigación un tercero enviado desde Santiago.
La razón podría ser que ya se sabía al interior del Ejército que se trataba de un homicidio cometido por soldados sodomitas, en cuyo caso no sólo participaron reclutas, sino también personal de planta.
Tampoco parece claro la prolongada incomunicación en que se encuentra el principal inculpado, el conscripto Dagoberto Contreras, quien lleva más de dos semanas aislado y fue trasladado incluso a un regimiento de Valparaíso. Sus padres rechazaron desde el comienzo que su hijo pudiera haber sido el único autor. Y su madre dice que en un fugaz encuentro con su hijo éste le aseguró que no era el asesino y que se había visto forzado por presiones a reconocer el crimen.
Aunque todavía quedan aspectos por esclarecer y detalles por conocerse, ha trascendido que el conscripto Pedro Soto Tapia habría sido acuchillado y baleado. Y que los asesinos serían también consumidores de marihuana.
Soto Tapia, quien había confesado a su madre que era víctima de violencia, habría sido sometido a reiterados abusos sexuales por parte de sus compañerps. No sería el único, sin embargo.
Timmerman afirmó que para poner atajo a la situación desatada en las filas se impartieron instrucciones y medidas para que no vuelva a ocurrir un caso similar.
Una marcha convocada ayer por juventudes de partidos oficialistas y comunistas congregó a medio millar de muchachos que protestaron contra los maltratos a reclutas y demendaron la abolición de la conscripción obligatoria.
El ministro subrogante de Defensa, Mario Fernández, precisó, empero, que no se terminará con la obligatoriedad del servicio militar.
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