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Ofensiva del socialismo: pide la renuncia de Rajoy
Pérez Rubalcaba dijo que el presidente "es un lastre" para el país; se desploma la imagen del PP
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PARA LA NACIONAdrián Sack
MADRID.- La crisis desatada en el seno del Partido Popular (PP) por el pago de sobresueldos ilegales a sus dirigentes ya hace tambalear al gobierno de Mariano Rajoy. Ayer, el jefe del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, le pidió formalmente la dimisión al presidente de España, por entender que se encuentra sospechado de formar parte de un escándalo grave de corrupción.
"El señor Rajoy no puede dirigir nuestro país en un momento delicado como éste", afirmó ayer el líder de la principal fuerza opositora. Pérez Rubalcaba, que calificó a Rajoy de "lastre para este país", se atrevió, incluso, a plantear su inmediato reemplazo. "Le pedimos que dé paso a otro presidente que dé la fortaleza y la estabilidad que merece este país en esta situación crítica", dijo.
Las duras declaraciones del jefe opositor no fueron el único golpe recibido por el gobierno. Las últimas encuestas, también difundidas ayer, dan cuenta del desplome del respaldo de la opinión pública al PP y refuerzan, así, las dudas que se ciernen sobre la estabilidad de la actual conducción política de España.
Según un sondeo difundido por el diario El País, el apoyo del 44,1% del electorado que consiguió Rajoy en los comicios presidenciales de noviembre de 2011 se redujo casi a la mitad. Las recientes acusaciones de corrupción, sumadas al sistemático incumplimiento de las promesas electorales y el recrudecimiento de la crisis económica, recortaron las adhesiones a un magro 23,9%.
Esta abrupta caída en la intención de voto se corresponde con otros datos inquietantes para un gobierno con sólo 13 meses en el poder: el porcentaje de votantes que "desconfían" de Rajoy se eleva hasta el 85%, mientras que el 77% rechaza su gestión.
No obstante, el estudio refleja que, pese a que el PP obtiene las peores estadísticas para una fuerza de centroderecha en el gobierno, esta crisis excepcional no ha podido ser aprovechada por el PSOE. El mismo sondeo muestra que el partido más importante de la oposición se mantiene en el segundo lugar de las preferencias del electorado, aunque a sólo 0,4 décimas del oficialismo. Con el respaldo del 23,5% de los encuestados, los socialistas no aparecen como una opción clara de recambio ante un hipotético escenario de elecciones anticipadas.
Esta falta de recuperación del socialismo, sumada a la mayoría absoluta del PP en el Congreso de los Diputados, llevó a Pérez Rubalcaba a descartar la alternativa de una moción de censura para forzar la renuncia de Rajoy. Ese recurso habilita a la oposición a plantear la remoción del presidente desde el Parlamento. Pero cumplir ese objetivo resulta imposible: los "populares" cuentan con 186 diputados en la Cámara baja, es decir, una mayoría propia que anularía cualquier revuelta parlamentaria.
El PP se apoyó ayer sobre esa ventaja para destacar que cuenta con "legitimidad suficiente" para seguir gobernando. En ese sentido, una de las espadas políticas más punzantes, Esteban González Pons, salió ayer al cruce del pedido de renuncia presentado por el socialista. "Pérez Rubalcaba se equivoca por tener prisa en volver a gobernar, se equivoca por tener espíritu de revancha, y por eso se equivoca en mostrar tanta ansiedad de poder", dijo.
Sin embargo, la batalla por la supervivencia de Rajoy en el poder no sólo se juega en el Poder Legislativo, donde el PP goza de todas las ventajas. El viernes, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, le abrió las puertas de los tribunales al escándalo, tras afirmar que habría "materia de investigación" para iniciar una causa en la justicia.
El fiscal aludió así a los registros manuscritos del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que habría llevado la llamada "contabilidad B" de esa fuerza en un cuaderno. En caso de prosperar la iniciativa judicial, todos los políticos implicados podrían ser llamados a declarar ante el juez, empezando por Rajoy, que aparece como beneficiario de pagos en negro que promedian los 25.000 euros anuales a lo largo de 11 años.
Ante este difícil panorama, el PP optó ayer por denunciar los manuscritos del ex tesorero como una "falsificación". Así, González Pons señaló que, de acuerdo con la opinión de expertos grafólogos consultados por el partido, los escritos de Bárcenas "podrían haber sido escritos de una sola sentada" y "carecerían de toda validez".
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