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Ortega dijo que “no volverá a haber elecciones” en Nicaragua y canceló los comicios de 2027
El mandatario aseguró que la medida pretende evitar que los opositores “atrapen el gobierno”
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LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO.– El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que “no volverá a haber elecciones” en el país, para evitar que los opositores “atrapen el gobierno” nuevamente, una declaración que subraya sus empeños por prolongar su mandato de casi 20 años y que frustra las esperanzas de la oposición de atender sus exigencias de una votación democrática.
El anuncio canceló de facto los próximos comicios en el país, previstos originalmente para noviembre de 2027, luego de que en enero de 2025 el Congreso controlado por Ortega votara ampliar un año el mandato presidencial de cinco años.
Ortega habló el domingo durante el aniversario de la Revolución Sandinista, la cual derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979 y lo llevó por primera vez al poder. Regresó a la presidencia en 2007, y desde entonces ha reescrito la Constitución, aplastado a la oposición política y consolidado su control sobre prácticamente todas las ramas del gobierno nicaragüense.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó declaraciones del presiente nicaragüense. “La declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria”, declaró en un comunicado en el cual pidió a la comunidad internacional “unir fuerzas” para demostrarle a la “dictadura que no puede seguir haciendo como si nada pasara”.
Desde las protestas masivas de 2018, que derivaron en una sangrienta represión gubernamental que dejó cientos de muertos, Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, se han aferrado al poder.
Ortega se declaró ganador de las elecciones de 2021 –una votación que la comunidad internacional consideró ilegítima– después de encarcelar a todos los candidatos que podrían haberlo derrotado-y Estados Unidos no reconoce su presidencia.
"Aquí no volverá a haber elecciones (...) para que por ahí intenten ellos [la oposición] atrapar al Gobierno, atrapar al poder", declaró Ortega en un discurso en Managua en el que arremetió contra Washington, su adversario de larga data.
"Se acabó la historia de que los partidos puestos por los ‘yanquis’, puestos por los ‘somocistas’, vuelvan a llegar al Gobierno. Jamás, jamás, jamás", expresó el mandatario.
Advertencias de la oposición
Opositores y grupos defensores de los derechos humanos señalaron que el anuncio del domingo representa una intensificación de las maniobras, a medida que Ortega afianza aún más su control sobre Nicaragua.
Juan Sebastián Chamorro, candidato en 2021 que estuvo preso hasta que fue enviado a Estados Unidos en 2023 junto con más de 200 presos políticos, dijo que la declaración deja al descubierto el plan de larga data de Ortega de concentrar el poder en manos del Partido Sandinista, en forma similar a otros países de partido único como China y Cuba.
Félix Maradiaga, otro dirigente opositor, excarcelado y deportado a Estados Unidos en 2023, opinó de forma similar en declaraciones enviadas a Reuters.
“Ortega reconoció públicamente lo que siempre ha sido su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática“, afirmó Maradiaga, presidente del movimiento opositor en el exilio Ruta del Cambio y uno de los seis candidatos presidenciales encarcelados por Ortega previo a las elecciones de 2021.
“Es evidente que Ortega y Murillo temen la idea de que la más mínima apertura política pueda crear las condiciones para que se manifieste la disidencia y amenace su control del poder”, sostuvo Tiziano Breda, analista senior para América Latina de ACLED, monitor independiente de conflictos.
“En lugar de montar una elección amañada, han optado por eliminar por completo la competencia electoral”, añadió el experto.
Danny Ramírez Ayérdiz, abogado nicaragüense y fundador del Centro Interamericano para la Asistencia Legal en Derechos Humanos, que investiga abusos del gobierno de Ortega y Murillo desde la Argentina, dijo que el anuncio “termina evidenciando el rostro de una dictadura que ya sin ningún tipo de de pudor se enraizó al poder”.
“También da cuenta de un posible mayor nivel de represión contra personas que exijan la salida del poder, o la realización de procesos electorales”, agregó.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, consideró que a partir de los dichos de Ortega “el régimen nicaragüense ha hecho ahora explícito lo que sus acciones venían demostrando desde hace tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de ella“.
Tal postura “constituye la negación definitiva del derecho soberano del pueblo a elegir a su gobierno”, añadió Ramdin en X.
Maniobras autoritarias
Al menos 46 personas están encarceladas en Nicaragua por razones políticas, según el grupo Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que da seguimiento a los casos. Nicaragua niega tener presos políticos.
Tras la operación militar de Estados Unidos en enero que capturó al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el gobierno nicaragüense anunció que liberaría a más presos, aparentemente en un intento por evitar presiones sobre sí mismo.
Pero no ha habido continuidad, y hay poca transparencia sobre el tema. Al menos un activista encarcelado ha muerto desde entonces.
En años recientes, el gobierno ha liberado a cientos de activistas, líderes religiosos y políticos encarcelados –incluidos varios candidatos presidenciales de 2021– hacia Estados Unidos y Guatemala, despojando a muchos de su ciudadanía nicaragüense y de sus pertenencias.
Quienes fueron liberados describieron que estuvieron recluidos en aislamiento y dijeron que fueron sometidos a tortura física y psicológica.
Desde 2018, Nicaragua también ha clausurado más de 5000 organizaciones, en su mayoría religiosas, y ha obligado a miles a huir del país. Previamente en julio, el gobierno de Ortega y Murillo despojó masivamente a abogados de sus licencias para ejercer, en lo que expertos de la ONU calificaron como una “purga de la profesión jurídica”.
Agencias AP, AFP y Reuters
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