Ortega recrudece la persecución contra los medios críticos
El gobierno clausuró al canal 100% Noticias y detuvo a su director, que fue acusado de "terrorismo"; en los últimos días, la ola represiva incluyó varios allanamientos
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LA NACIONDelfina Galarza
En los últimos diez días, el gobierno de Daniel Ortega recrudeció su ofensiva en contra de organizaciones de derechos humanos, trabajadores de prensa y medios de comunicación. "En Nicaragua no hay un Estado de Derecho, sino uno parapolicial", denunciaba a LA NACION el director del canal 100% Noticias, Miguel Mora, sin saber que una semana después sería detenido y acusado por "conspiración" y "terrorismo".
Horas antes de ser clausurado, 100% Noticias, uno de los medios más críticos del gobierno de Ortega, fue el único que hizo una transmisión completa televisiva de la conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Después de ser expulsado de Nicaragua, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), el equipo dio a conocer ayer el informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo. La conclusión del estudio fue la responsabilidad del Estado a la hora de recurrir al uso abusivo e indiscriminado de la fuerza para reprimir las manifestaciones pacíficas de la protesta . Inmersa en este contexto, Nicaragua se encuentra hoy sin ningún tipo de monitoreo internacional.
A las 9.40 de anteayer (hora local), la policía nacional ingresó de forma violenta a las instalaciones de 100% Noticias. Además de clausurar el canal, detuvo a su director, Miguel Mora, y a su esposa, Verónica Chávez; a la directora de prensa, Lucía Pineda, de doble nacionalidad costarricense y nicaragüense; a dos guardias de seguridad; a un chofer del canal, y a un operador técnico.
Los detenidos fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, ubicada en el centro de la capital de Managua. Para muchos, la historia se repite y el establecimiento volvió a ser lisa y llanamente un centro de torturas clandestino, como en tiempos del somocismo.
Sin brindarles explicaciones, las fuerzas de seguridad liberaron cerca de la medianoche del viernes a la mujer de Mora. Ella fue quien brindó ayer una conferencia de prensa en la que describió todo el asalto al edificio.
"Llegaron como 40 antimotines dando patadas, armados, diciendo 'tírense al suelo'. Con las manos empujaban todo. Estamos en un país sin ley, no hay [organismos] de derechos humanos, nada que te defienda", contó Chávez.
"Ellos iniciaron una persecución contra el canal, nos declararon literalmente la guerra", dijo a LA NACION Ana Laura Sequeira, periodista y presentadora de 100% Noticias.
El quiebre en la relación entre el gobierno y el medio de comunicación se dio apenas comenzó la ola de protestas, el 18 de abril pasado. En ese momento, el canal asumió una línea editorial crítica y se convirtió en "una piedra en el zapato de la dictadura sandinista", según Sequeira.
Una censura de cinco días, amenazas y una decena de denuncias contra Mora por parte de simpatizantes sandinistas conformaron la campaña de hostigamiento y difamación que lideraron Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo -dueños de gran parte de los medios en Nicaragua-, en contra del canal.
A pesar de tener una cautelar presentada por la CIDH -que establece la protección de su labor periodística, vida e integridad-, Mora fue trasladado ayer al Juzgado Sexto del Distrito Penal de Audiencia de Managua, en donde se le inició un proceso penal.
"La criminalización es uno de los métodos que utiliza el gobierno de Ortega", explicó a LA NACION Pablo Parenti, reconocido fiscal argentino y uno de los expertos que integró el GIEI y realizó el informe sobre la violencia en Nicaragua. El especialista coincide con la tesis que sostiene la CIDH sobre la consolidación del Estado de excepción, el cual normaliza toda la violencia jurídica por la vía institucional.
"Nicaragua está tratando de manejarse sin líderes sociales y periodistas", sostuvo el fiscal y agregó que de esta forma el gobierno envía un mensaje muy claro a la sociedad, al igual que lo hizo con la disolución de las organizaciones de derechos humanos.
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