¿Quién interpreta la voluntad del pueblo?

En la democracia, el pueblo elige a sus gobernantes. La voluntad popular queda registrada en el escrutinio que sigue a la jornada electoral. Si ella es contundente, el papel de las autoridades del escrutinio definitivo es puramente formal. Deben limitarse a "recontar" los votos emitidos para confirmar lo dicho por el escrutinio provisional: que el candidato que todos saben que ganó, efectivamente lo hizo.

Cuando el escrutinio provisional es tan reñido que anuncia algo muy próximo a un empate, el papel de las autoridades del escrutinio definitivo asciende a un nuevo nivel. Teniendo por delante boletas dudosas o impugnadas de cuya admisión o rechazo podría resultar cuál de los candidatos es el vencedor, ya no deben "recontar" los votos del pueblo sino "interpretar" cuál ha sido su verdadera voluntad.

Esto es lo que sucedió con las elecciones presidenciales norteamericanas del 7 de noviembre. Por 35 días, las autoridades locales y nacionales se vieron frente al desafío de interpretar la voluntad del pueblo de Florida.

¿Cómo asombrarse de que esas cinco semanas hayan sido vividas por los candidatos, los votantes y el mundo entero con un suspenso inigualable?

Los poderes en juego

¿Pero cuáles eran las autoridades competentes para interpretar la voluntad del pueblo?

Como ni la Constitución nacional ni la del Estado de Florida, donde se había producido el "empate", previeron esta insólita situación, nada dicen al respecto.

Establecen simplemente una escala ascendente de decisiones de alcance electoral que arranca con el recuento local de los votos, sigue con la certificación del recuento por parte de la Secretaría de Estado de Florida, sube hasta la Legislatura local encargada de designar a los 25 electores de presidente que concurrirán al colegio electoral nacional, impone a los electores de todos los Estados la obligación de votar por presidente en una fecha dada (el 18 de este mes) y remata cuando el Congreso nacional homologa la decisión del colegio consagrando al nuevo presidente que deberá asumir su cargo el próximo 20 de enero.

Cuando existe una distancia clara entre los candidatos, el paso por estas jurisdicciones es rutinario. Pero no bien cada voto cuenta por lo reñido de los comicios, nacen conflictos. Cuando ellos se plantean ingresa en escena una nueva categoría de actores: los jueces. No tal o cual juez, sino varias instancias judiciales: jueces locales, cámaras de apelaciones, la Corte Suprema estadual y, finalmente, la Corte Suprema nacional.

Hay dos tipos de conflictos jurisdiccionales. Uno, por omisión, cuando ningún organismo quiere ocuparse de un tema. Otro, "concurrente", cuando varios quieren hacerlo al mismo tiempo. Este ha sido el caso en el escrutinio de la Florida. Cuando el pueblo no se pronuncia categóricamente, los más diversos organismos ejecutivos, legislativos y judiciales pugnan entre ellos por interpretarlo.

El pueblo y sus intérpretes

Estos 35 días de alta tensión pusieron en evidencia que la democracia norteamericana no es "directa" sino "indirecta".

El pueblo, en ella, habla por medio de sus representantes. Cuando el pueblo se pronuncia sin dejar lugar a dudas, revela su unidad. Cuando no lo hace, sus intérpretes responden a diversas jurisdicciones y a opuestos intereses. Hay un solo pueblo. Hay muchos intérpretes.

¿Es casual, acaso, que las interpretaciones favorables a George W. Bush se produjeran en órganos bajo predominio republicano, como la Legislatura y el gobierno de Florida (donde manda Jeb, su hermano), o que las decisiones favorables a Al Gore correspondieran a la Corte Suprema de la Florida, cuya mayoría es demócrata? ¿Hay que asombrarse de que la Corte Suprema nacional, la mayoría de cuyos miembros fueron nombrados por los presidentes republicanos Ronald Reagan y George Bush, favorecieran al hijo de éste?

La pasión política se coló por los vericuetos legales. Pero, al cortar el nudo gordiano del escrutinio, también la Corte Suprema nacional puso de relieve la verdadera índole del régimen político norteamericano: un régimen en que no gobiernan ni los ciudadanos ni sus representantes sino nueve jueces porque sólo ellos son quienes deciden en última instancia qué dice la ley que a todos obliga.

Por Mariano Grondona

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