Robo de identidad, una calamidad global

MIAMI.- En la película de 1995 "La red", Sandra Bullock interpreta a una solitaria analista de sistemas que un día descubre que ha sido despojada de su identidad.

Su cuenta bancaria, su seguridad social, su registro de conducir y toda referencia documental a su existencia se han evaporado por obra de un misterioso programa que ha infectado su computadora.

"La red" no es una gran película, pero la premisa de que es posible ser privado de la identidad se ha vuelto en estos días una pesadilla hecha realidad. En los últimos cuatro meses, media docena de corporaciones debieron admitir que, por robo, pérdida o negligencia, un total de 47 millones de personas quedaron expuestas al peligro de saqueo electrónico. Esto representa nada menos que el 17% de la población total de los Estados Unidos y casi el doble, si la cuenta se limita a la población adulta.

Las responsables de esta calamidad no son ignotas corporaciones; por el contrario, son algunas de las firmas más poderosas del universo económico, como Bank of America, Citigroup, MasterCard, Lexis-Nexis y Time Warner. Que estas empresas hayan sido incapaces de proteger la información de la que eran depositarias abre un perturbador interrogante acerca de la seguridad económica de cada individuo cuya información personal ingresa en una base de datos electrónica.

La Comisión Federal de Comercio estima que, anualmente, unos 10 millones de norteamericanos son víctimas de alguna forma de robo de identidad y que los perjuicios económicos superan los 5000 millones de dólares.

Peor aún, el problema ha rebasado las fronteras de los Estados Unidos y se ha convertido en una calamidad global. Algunos de los principales vendedores de documentación robada operan desde Rusia y Europa, y el mercado en oferta incluye, en gran proporción, tarjetas emitidas en Europa.

Cualquiera puede ir hoy a Internet, conectarse con sitios como iaaca.com o carderportal.org y encontrar abundantes ofertas de tarjetas de crédito, números de cuentas bancarias y otras amenidades robadas, a precios que oscilan entre 100 y 250 dólares.

Pero la amenaza a la privacidad, un concepto que el legendario jurista Louis Brandeis definió magistralmente como "el derecho a ser dejado en paz", no se limita a esta asociación entre la imprudencia corporativa y la delincuencia cibernética.

Vigilancia doméstica

Desde el 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush se ha embarcado en una cruzada orwelliana de vigilancia doméstica que ha desbaratado algunos de los principios más relevantes del acta de libertades civiles, como el derecho a elegir las lecturas que a uno le plazca, a desplazarse libremente, a involucrarse en actividades legales o a la inviolabilidad del domicilio sin que alguien de los servicios de seguridad espíe, inspeccione, inquiera o tome nota.

Desde que el Acta Patriótica entró en vigencia, en 2001, por lo menos 200 bibliotecas públicas fueron visitadas por agentes del FBI para inquirir acerca de la identidad de quienes solicitaron libros pasibles de ser considerados sospechosos.

Doscientas bibliotecas en cuatro años no parece una cifra inquietante y, sin embargo, la idea de que los hábitos de lectura de cualquiera puedan ser objeto de escrutinio u objeto de investigación en un país que hace un culto de la libertad individual no puede considerarse insignificante.

El pasado 18 de junio, la Cámara de Representantes infligió la primera derrota a los intentos del presidente Bush de preservar los amplios poderes del Acta Patriótica, votando a favor de limitar el derecho del FBI a confiscar registros de lectura en librerías y bibliotecas.

Bush amenazó con vetar cualquier reforma al Acta que no contuviera esta disposición, pero aún cuando el Congreso logre imponer restricciones a los poderes del Acta, hay un derecho que quedó sepultado junto a las ruinas del World Trade Center y es, precisamente, el que definía el jurista Brandeis.

Con la irrupción de la era electrónica, el control sobre la vida de cada individuo, desde sus hábitos y gustos hasta sus desplazamientos, fue una realidad. Pero la ley vigente impedía que esta información fuera utilizada en perjuicio de los ciudadanos. Este es el dique que se quebró el 11 de septiembre y será muy difícil volver a repararlo.

Por Por Mario Diament

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