
Se entregó el empresario Eike Batista, el mayor ícono del boom económico
Está acusado de pagar sobornos a uno de los barones del PT en la causa judicial del petrolão
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RÍO DE JANEIRO (De nuestro corresponsal).- El otrora hombre más rico de Brasil, el empresario Eike Batista, se entregó ayer a la Policía Federal en Río de Janeiro al regresar de Nueva York, donde había partido la semana pasada poco antes de que fuera ordenada su captura por presuntos sobornos al ex gobernador del estado de Río de Janeiro Sergio Cabral.
"Estoy regresando para responder a la justicia, como es mi deber. Llegó el momento de dejar las cosas claras. Estoy volviendo porque voy a mostrar cómo fueron las cosas", afirmó al diario O Globo Batista, que era considerado prófugo en una causa vinculada con el gigantesco esquema de corrupción en Petrobras.
Con una fortuna calculada en 2012 en unos US$ 30.000 millones, Batista llegó a ser la persona más rica de Brasil y la octava en el mundo gracias a sus diversos negocios que iban desde la minería y la explotación de petróleo y gas hasta la gastronomía. Su suerte cambió en pocos años, en parte debido a inversiones arriesgadas al ritmo de la debacle económica brasileña y del escándalo del petrolão; tuvo que vender varias de sus empresas y declarar en quiebra otras.
El extravagante magnate de 60 años está acusado de haber pagado comisiones ilegales por unos US$ 16,5 millones al ex gobernador del estado de Río, quien ya está detenido desde noviembre por corrupción y estafa; según la fiscalía, Batista utilizó un contrato falso para simular la compra de una mina de oro a testaferros de Cabral. El caso surgió como parte de las investigaciones contra Cabral por su involucramiento en la trama de sobornos en Petrobras.
Se espera que Batista llegue a un acuerdo de delación premiada con la justicia para revelar mayores datos sobre los negocios ilícitos con Cabral y otras autoridades brasileñas para reducir su condena. Ya el año pasado, el empresario colaboró con las investigaciones sobre desvíos en Petrobras y admitió que disfrazó como "donaciones" las campañas de varios partidos políticos con coimas por unos US$ 3,8 millones para quedarse con contratos con empresas públicas.
La mayor preocupación del empresario antes de entregarse era dónde quedaría detenido, ya que por no poseer un título universitario le correspondería una cárcel común.
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