Señal de Dilma: recorta los gastos

RIO DE JANEIRO.- Decidida a no poner en riesgo los avances sociales logrados en los últimos años, y con el objetivo de convertir a Brasil en el "primer país tropical desarrollado", la presidenta Dilma Rousseff comenzó ayer su mandato con señales positivas a los mercados. Se comprometió a garantizar la estabilidad y el crecimiento de la economía mediante recortes presupuestarios, el fomento de la inversión privada en sectores clave de infraestructura y el control de la inflación.

Después de la primera reunión de coordinación de Rousseff con su gabinete en el Palacio del Planalto, la que marcó la pauta de la nueva administración fue la "superministra" de Planificación, Miriam Belchior: afirmó que prestará atención a las preocupaciones de los analistas financieros sobre las abultadas cuentas públicas, aunque sin perjudicar los planes sociales.

"Voy a trabajar con los dos pies, tanto en el acelerador como en el freno. Habrá que hacer más con menos. Todos los años hay recortes en el presupuesto y será necesaria la participación de todos los ministerios", advirtió Belchior, una de las ministras más cercanas a la flamante mandataria.

La ministra, que junto con su colega de Economía, Guido Mantega, es la encargada de diseñar el presupuesto, no especificó el tamaño de los recortes –dijo que se decidirá a fin de mes–, pero fuentes de su cartera estimaron la reducción en unos 15.000 millones de dólares, incluso más de lo que esperaban los inversores.

Sin embargo, Belchior aclaró que el gobierno de Rousseff preservará el exitoso plan Bolsa Familia, que beneficia a unos 45 millones de brasileños de bajos recursos con aportes promedios de 95 dólares por persona.

Al mismo tiempo, la ministra confirmó que se mantendrá el salario mínimo de 540 reales (unos 320 dólares) establecido por el gobierno de Lula antes de dejar el poder. "No hay que satanizar los gastos corrientes, porque allí entran los planes sociales y la salud, y hay que tener cuidado", destacó tras asumir su puesto, que también tiene a cargo la gestión del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), las principales obras de infraestructura del país.

Y justamente en esa área, el diario Folha de S. Paulo informó que Dilma está analizando realizar una oferta pública inicial de acciones de la empresa estatal que administra los aeropuertos, Infraero, para atraer más inversión privada y reducir los crecientes problemas del sector. Esta decisión marca un giro respecto de lo que sucedió durante el gobierno de Lula, que vetó la participación de capitales privados en el sector durante sus ocho años de gobierno.

Unos 113 millones de brasileños viajaron en avión el año pasado, nueve millones de ellos por primera vez, gracias a la bonanza económica y a la nueva clase media creada como resultado, pero los aeropuertos se están viendo sobrecargados por el aumento del tráfico.

El buen funcionamiento de las terminales aéreas del país será clave para la exitosa realización del Mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro.

De acuerdo con un informe de Infraero, Brasil necesita unos 3300 millones de dólares de inversión en los aeropuertos de las 12 ciudades que serán sedes de la Copa en cuatro años.

Según Folha , Dilma se prepara además para entregar en concesión a la iniciativa privada la construcción y el manejo de las nuevas terminales de los dos aeropuertos internacionales de San Pablo, la ciudad más grande de Brasil: Guarulhos y Campinas. También estudia crear un órgano directamente vinculado a la presidencia que será responsable por la aviación civil, hasta hoy bajo el control militar de la fuerza aérea. El proyecto, que durante años había sido resistido por el propio Lula, recibió ya la aprobación del gobernador del estado de San Pablo, el opositor Geraldo Alckmin.

En tanto, en otro sector primordial, el petrolero, el nuevo ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, anunció que durante el primer semestre del año se llamará a licitación para la explotación de los enormes yacimientos submarinos descubiertos recientemente frente a las costas de Río de Janeiro.

Agregó que espera que en los próximos meses el Congreso apruebe el nuevo marco regulatorio de explotación petrolera, que definirá la participación privada y de la estatal Petrobras, así como el destino de los royalties provenientes de los contratos que se firmen.

Combate a la inflación

Por su parte, el nuevo presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, subrayó que su prioridad será el combate a la inflación, con una meta oficial establecida para este año en 4,5%, con dos puntos de tolerancia, luego de que 2010 cerrara con un 6 por ciento. "Existe un consenso de que la estabilidad sólo se garantiza con la inflación baja", señaló Tombini. "Mantener el poder de compra debe ser un objetivo permanente para el gobierno y, sobre todo, para el Banco Central, ya que un crecimiento sustentable sólo se alcanza con una inflación baja, que garantiza las inversiones que luego generan empleo y renta", agregó, para luego indicar que espera que en los próximos años Brasil pueda llevar su inflación a los niveles de las grandes economías mundiales, alrededor del 3 por ciento.

En este sentido, el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, Aloizio Mercadante, resumió de manera singular las ambiciones brasileñas. "Estamos creando nuestro propio modelo y tenemos todo el potencial para que seamos el primer país tropical desarrollado", dijo.

Mientras tanto, un obstáculo que debe enfrentar el nuevo gobierno es la sobrevaluación del real frente al dólar, que en los últimos tres años se ha apreciado un 108% -ayer la moneda estadounidense cerró a 1,65 reales-, y la industria brasileña ya ha comenzado a sufrir los efectos negativos. Si bien en 2010 Brasil tuvo un récord de exportaciones (201.916 millones de dólares), las importaciones también alcanzaron una marca histórica (181.630 millones de dólares), lo que llevó a que el superávit cayera a su nivel más bajo desde 2002, a 20.270 millones de dólares, casi un 20% menos que en 2009.

El nuevo ministro de Industria, Desarrollo y Comercio, Fernando Pimentel, se quejó ayer de la guerra cambiaria a nivel mundial. Prometió que el gobierno no permanecerá pasivo frente al fortalecimiento excesivo de su moneda, y destacó que las tasas de interés, situadas hoy en un 10,75% anual, deberían modificarse para hacer bajar el precio del real.

"La tasa de interés no está en el nivel deseado y su necesaria reducción demandará un esfuerzo de disciplina fiscal, una tarea delicada de ingeniería económica y política", apuntó, haciéndose eco del pensamiento de muchos dentro del gobierno de Dilma Rousseff.

"Tenemos que ocuparnos de encontrar caminos sin alterar el modelo de cambio flotante que adoptamos", agregó Pimentel.

Por Alberto Armendáriz

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