Terroristas de ETA fueron entrenados en Venezuela

MADRID.- El grupo terrorista ETA recibió "cursos de entrenamiento en Venezuela": así lo declararon ayer ante la justicia española dos etarras que fueron detenidos el miércoles pasado en el País Vasco.

El dato, de por sí importante, se transformó en un escándalo internacional cuando los dos terroristas reconocieron, además, que un funcionario y hombre de confianza de Hugo Chávez era uno de los que impartían las sesiones de adiestramiento, junto con guerrilleros de las FARC.

Según el testimonio de los etarras Xabier Atristain, alias "Golfo", y Juan Carlos Besance, alias "Fenómeno", miembros del "comando Imanol", tanto ellos como otros etarras fueron entrenados en la selva venezolana por dos integrantes de la banda terrorista vasca, Iurgi Mendieta y José Lorenzo Ayestarán Legorburu.

La noticia que causó gran conmoción, sin embargo, fue la participación en la instrucción a los terroristas del etarra Arturo Cubillas, que desde hace cinco años trabaja como jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela.

En 1989, antes de desempeñar ese cargo, Cubillas fue expulsado de Argelia por pertenecer a ETA y bajo sospecha de colaborar en tres asesinatos. Según la declaración de Atristain y Besance, Cubillas fue la persona que "recogió y dio cobijo" a los etarras cuando llegaron a Venezuela, para luego ponerse a disposición de esta verdadera escuela de terroristas, donde también "colaboraban como profesores otros ciudadanos venezolanos y chilenos".

Y aunque ambos declararon que el curso de entrenamiento fue entre julio y agosto 2008, de su testimonio se desprende que las "clases" continuarían en la actualidad. Estas incluyen lecciones de métodos de encriptación, desmontaje, limpieza de armas y posiciones de tiro por parte de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La polémica, que pronto ganó todos los titulares en los medios de comunicación españoles, provocó la inmediata reacción del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que le exigió al gobierno venezolano que facilitara información sobre el adiestramiento de terroristas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España justificó su pedido "en el marco de colaboración" que Madrid y Caracas comparten en la lucha contra el terrorismo, en especial en la investigación de las relaciones entre ETA y las FARC, que inició en marzo de este año la justicia española.

Ese proceso terminó con la detención de siete terroristas de ETA y siete de las FARC acusados de "compartir información" para intentar asesinar a los ex presidentes colombianos Alvaro Uribe y Andrés Pastrana.

Pero el gobierno de Chávez negó entonces la extradición de Cubillas, que ya había sido acusado de colaborar con los terroristas, por tratarse de un "ciudadano venezolano", casado, además, con una mujer de esa nacionalidad, que a su vez también ha ocupado varios cargos públicos en el gobierno.

El testimonio de los dos etarras parece confirmar que Venezuela se ha convertido en un santuario para los etarras, cada vez más perseguidos en el sur de Francia. De hecho, los dos detenidos declararon que en ese momento uno de los líderes de ETA, Mikel Carrera, les dio entonces los motivos para elegir Venezuela: "Es más seguro que Francia", habría dicho.

El nombre de Cubillas ya había aparecido en los archivos de Raúl Reyes, el número dos de las FARC abatido en Ecuador.

A pesar del revuelo, la cancillería española intentó poner paños fríos al asunto y recordó la "intensa labor" realizada desde hace meses por el gobierno de Venezuela para combatir cualquier intento de colaboración entre ETA y las FARC. Destacó en este sentido el viaje realizado en mayo pasado a Caracas por el director de la policía y la guardia civil, Francisco Javier Velázquez, con el propósito de "intensificar la cooperación policial" en la lucha contra el terrorismo.

Repercusiones

Por su parte, el embajador venezolano en Madrid, Isaías Rodríguez, afirmó en declaraciones radiales que el gobierno de Chávez "no está vinculado de ninguna manera a ninguna organización terrorista y no tiene relación con nada que tenga que ver con ETA", al tiempo que reiteró la "más enérgica condena al terrorismo en todas sus formas" por parte de Caracas.

Como era de esperar, el escándalo repercutió de forma inmediata en el ambiente político español. La principal fuerza de oposición, el Partido Popular (PP), tildó de "inasumible e inaceptable" la supuesta permisividad de Venezuela hacia el proceso de integración, en su propio territorio, de dos de los comandos terroristas más importantes y temibles del mundo.

A través de su vocero parlamentario, Ignacio Cosidó, el partido de centroderecha le reclamó al gobierno español una "acción diplomática eficaz" no sólo con Caracas, sino también con La Habana. Sobre este punto, la fuente destacó que "es cada vez más evidente" el apoyo brindado por Cuba a ETA.

Ante este escenario, Cosidó redobló el pedido de acción a las autoridades nacionales. "En caso de que [la responsabilidad de Cubillas] se confirmara, la respuesta del gobierno tendría que ser de máxima contundencia, porque es inadmisible que un gobierno con el que se mantienen buenas relaciones esté dando amparo o cobertura a unos terroristas", afirmó.

En la misma línea, el senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti, señaló que "no se puede tolerar una situación como ésta", la cual, a su juicio, "se debe investigar hasta las últimas consecuencias", y exhortó al gobierno de Zapatero a responderle a Venezuela con "mucha firmeza".

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Angeles Pedraza, fue mucho más lejos, al pedirle al presidente español que le diera "un toque de atención" al gobierno de Venezuela.

"En caso de que Venezuela no responda, pues habrá que romper relaciones con ellos", concluyó Pedraza, aunque reconoció que era "difícil" que ese distanciamiento pudiera producirse por la buena relación comercial actual entre ambos países.

Cabe recordar que las detenciones de Atristain y Besance se produjeron pocas semanas después de que ETA anunciara un alto al fuego, que fue recibido con escepticismo por parte de las autoridades.

ARTURO CUBILLAS FONTAN

Jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras de Venezuela

Nacido en San Sebastián, España, hace 43 años, Cubillas está en Venezuela desde mayo de 1989, cuando fue deportado desde Argelia al romperse las conversaciones que el Ministerio del Interior mantenía con ETA en el país norafricano. La policía española acusa a Cubillas de haber formado parte del Comando Oker, al que se le atribuyen los asesinatos del ciudadano francés Joseph Couchot, en 1984; Angel Facal Soto, en 1985, en Pasajes (Guipúzcoa), y el del policía Máximo García Kleinte, en San Sebastián, en 1985. El Comando Oker perpetró también una veintena de atentados incendiarios contra camiones y empresas de capital francés, además de asaltos a bancos. En noviembre de 1987, Cubillas fue detenido por Francia, que lo deportó a Argelia. Expulsado luego a Venezuela, ha permanecido desde entonces en ese país, donde se presume que coordina las relaciones entre ETA y las FARC.

Por Adrián Sack <br/> Para LA NACION

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