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Tras las protestas en Madrid, la abogada de Maricarmen dijo que la mujer podrá regresar a su departamento
Beatriz Duro indicó que Abascal pagará una cantidad similar de alquiler bajo un nuevo contrato
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LA NACION
MADRID.- La abogada de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, una jubilada de 87 años que el 23 de septiembre fue desalojada por la fuerza de su vivienda en el distrito madrileño de Retiro —situación que desató una ola de protestas y acampes en la capital de España— anunció este martes que la mujer podrá regresar a su hogar bajo una nueva oferta.
Tras la indignación social y la intensa atención mediática, Urbagestión, el fondo propietario del piso, ofreció el lunes por la noche un preacuerdo que podría permitir a Abascal volver a su casa si acepta sus condiciones.
La abogada de Abascal, Beatriz Duro, indicó en una conferencia de prensa que existió “buena voluntad por ambas partes” y que su clienta pagará un monto similar de alquiler bajo un nuevo contrato. Hasta el momento, Maricarmen no se pronunció públicamente sobre el acuerdo y se desconoce si efectivamente aceptó la oferta.
Maricarmen Abascal fue desalojada de su casa en camilla, lo que provocó grandes manifestaciones en todo el país. Cientos de personas montaron un acampado en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, en unas escenas que recordaban a las protestas de 2011 contra las medidas de austeridad durante la crisis de deuda española.
“Nunca tendría que haber sido posible que saliera de su vivienda”, dijo Beatriz Duro a la prensa. “Espero que su caso sirva para dar una respuesta colectiva a la crisis de vivienda”, agregó.
Aunque celebró la propuesta de la empresa, Duro criticó a Urbagestión por haberse negado hasta hace poco a negociar o a mantener conversaciones. También acusó a las autoridades locales, regionales y nacionales de no dar una respuesta adecuada al problema de la vivienda en España. Se refirió en particular a los desahucios que dejan a personas vulnerables sin un alojamiento alternativo.
Los activistas reclaman reformas legales, entre ellas la congelación de los alquileres y la renovación automática de los contratos de arrendamiento sin subidas abusivas de la renta. Ya este martes, el gobierno de Pedro Sánchez anunció un plan para la paralización de los desalojos en España hasta 2030 y la renovación automática .
El caso
El pasado miércoles, la madrileña tuvo que dejar el departamento en el que residía desde hacía 70 años después de que la vivienda fuera adquirida por la empresa inversora que pretendía imponerle un fuerte aumento de alquiler.
Maricarmen se encuentra hospitalizada en el centro Gregorio Marañón donde es sometida a pruebas médicas. Está acompañada por su primo Vicente, de 78 años, y su sobrina Vanesa.
“Creo que todos me conocen. Yo no los conozco a todos personalmente, pero sí conozco a mucha de la gente que viene acompañándome desde hace mucho tiempo. Me gustaría estar ahí con ustedes, acompañarlos en su acampada, en su lucha, pero no tengo esa suerte”, dijo la octogenaria en un mensaje grabado difundido por el Sindicato de Inquilinas el domingo.
Protestas
Decenas de manifestantes acumulan noches acampando en el centro de Madrid contra la crisis de vivienda en España, decididos este lunes a “seguir presionando” al gobierno de Sánchez.
Las protestas adquirieron nivel internacional después de que 200 activistas por la vivienda de más de 20 países de Europa decidieran sumarse, primero, a las manifestaciones contra el desalojo, y luego, a la acampada en Puerta del Sol. Se sumaron activistas de Irlanda, Alemania, Portugal, Francia, Reino Unido, Grecia, Rumanía y Suiza, decididos a expandir el reclamo a sus países.
El sábado, las protestas aglomeraron a unas 30.000 personas por Madrid bajo el grito “las casas son para vivir, no para invertir”.
El caso de Maricarmen puso de relieve la creciente presión sobre los inquilinos de larga duración en las principales ciudades españolas, donde el aumento vertiginoso de los alquileres, la gentrificación y la escasez de viviendas asequibles han avivado las tensiones sociales y políticas. España tiene un déficit de 750.000 viviendas, según el Banco de España. Solo se construyen unas 120.000 al año, una sexta parte del nivel anterior a la crisis financiera de 2008.
“He vivido aquí 71 años. No me quiero ir”, declaró Maricarmen a los periodistas en vísperas del desahucio el miércoles pasado.
Beatriz Duro afirmó que los funcionarios judiciales y los representantes del fondo de inversión se habían negado a suspender el desalojo a pesar de la existencia de un recurso judicial pendiente, de las peticiones humanitarias y de las pruebas de que las autoridades públicas estaban trabajando para garantizarle un alojamiento alternativo.
Agencias AFP y Reuters
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