Un partido enfilado hacia el aislamiento y la confrontación

Marco Antonio Villa
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26 de enero de 2018  

SAN PABLO.- El 24 de enero de 2018 ya puede ser incluido en el calendario cívico de Brasil. El Tribunal Regional Federal de la 4° Región, con sede en Porto Alegre, tomó una decisión histórica. A pesar de la presión mediática y las amenazas contra los jueces, confirmaron por unanimidad la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva . Es más, la pena de reclusión efectiva fue aumentada de nueve años y medio a 12 años y un mes.

La condena a Lula es un hito histórico y político. No existen precedentes. Ningún expresidente brasileño había sido condenado por algún ilícito. Y en el caso de Lula, hay que recordar que la condena responde a seis acciones penales más diversos delitos. Todo indica incluso que dos de ellas serán juzgadas en el primer semestre de este año.

Todas las acusaciones que pesan sobre Lula están vinculadas con el escándalo del Petrolão, el mayor desvío de recursos públicos de la historia de Brasil. Con Petrobras como empresa madre del Petrolão, el Partido de los Trabajadores (PT) organizó un esquema de corrupción que incluía la participación de sus partidos aliados, asociaba acciones de empresas y de bancos estatales con proveedores del Estado, y llegó a tener ramificaciones en el exterior, especialmente en América Latina y África.

No tienen parangón en el mundo occidental las proporciones que tomó este escándalo. Y en el caso brasileño, todo eso fue agravado porque el jefe era el político que, en cierto momento de la historia reciente, era el más popular del país. Venció en las últimas cuatro elecciones presidenciales, en dos de ellas de forma directa y en las otras dos, al apoyar a su candidata, Dilma Rousseff.

En la esfera judicial, Lula apelará la sentencia, pero al menos por el momento, difícilmente tenga éxito. Según la actual interpretación de la Constitución, el condenado en segunda instancia debe apelar y cumplir la pena, aunque deba hacerlo preventivamente desde la cárcel.

En el campo electoral, el escenario que se está perfilando es que el PT insistirá con la candidatura de Lula porque no hay ningún otro nombre en el partido con prestigio nacional. A lo largo de más de 30 años, Lula impidió el surgimiento de cualquier otro liderazgo. Todos los que intentaban oponérsele terminaban por irse del partido. Pero hay una dificultad legal: la ley de la ficha limpia.

Según esa norma -la gran ironía de la historia es que fue promulgada cuando Lula era presidente-, un condenado en segunda instancia pierde las condiciones de elegibilidad. Es decir que el PT puede insistir en la candidatura de Lula, pero la Justicia electoral la vetará.

El PT intentó transformar un proceso jurídico -recordando que hay seis acciones penales más en trámite- en una persecución política. No convenció a nadie, más allá de los ya convencidos. El PT se encamina al aislamiento, incluso entre los partidos de izquierda. Ahora amenaza con volcarse a la confrontación extralegal, lo cual lo aísla aún más.

Todo indica que el PT disminuirá sensiblemente su presencia política y que quedará convertido en una pequeña agrupación sin presencia efectiva en la escena nacional. O peor aún: con su líder preso.

Para Brasil, el 24 de enero fue una victoria de la Justicia, del espíritu republicano. Para la dirigencia política, también es un mensaje de que nadie está por encima de la ley. La república que fue declarada el 15 de noviembre de 1889 está a punto de ser proclamada efectivamente.

El autor es historiador brasileño.

Traducción de Jaime Arrambide

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