Una persona por moto, celdas sin luz y allanamientos: las claves del estado de emergencia en Perú
El presidente interino decretó la suspensión de derechos constitucionales por 30 días y ordenó el despliegue de militares para combatir la delincuencia
6 minutos de lectura'
LA NACION
LIMA.- El presidente interino de Perú, José Jerí, decretó el martes el estado de emergencia a partir de la medianoche en la capital del país y la vecina provincia de Callao por 30 días, en busca de frenar el aumento de la delincuencia tras una protesta que dejó un muerto y más de 100 heridos la semana pasada.
El estado de emergencia, que rige en la zona de Lima Metropolitana y el puerto de Callao, epicentro económico y poblacional del país, es un intento de contener la escalada de violencia y criminalidad que golpea a la capital. La medida, aprobada en Consejo de Ministros, autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, junto a la Policía Nacional.
En un mensaje televisado de apenas un minuto, Jerí sostuvo que “las guerras se ganan con acciones, no con palabras” y que su gobierno pasará “de la defensiva a la ofensiva” en la lucha contra la inseguridad. “Hoy empezamos a cambiar la historia”, dijo el mandatario, quien asumió el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, acusada por el Congreso de “incapacidad moral”.
La disposición entró en vigor a partir de la medianoche, implica la suspensión temporal de varios derechos constitucionales, entre ellos la libertad de tránsito, de reunión y la inviolabilidad del domicilio, en lo que amplia las atribuciones de las fuerzas del orden. El Ejecutivo justificó la decisión en la “gravedad de la amenaza criminal”
Qué implica el estado de excepción
El decreto firmado por Jerí permite a las fuerzas de seguridad ingresar a residencias sin orden judicial, detener a sospechosos dentro o fuera de sus domicilios y restringir las manifestaciones públicas. Cualquier protesta, evento cultural o actividad masiva requerirá ahora permiso expreso de las autoridades.
En el ámbito penitenciario, el gobierno dispuso reducir las visitas a los reclusos, aplicar cortes eléctricos en las celdas —solo se mantendrá la iluminación básica— y destruir antenas de telefonía ilegal. También se prohibió que dos adultos viajen en una misma moto, una práctica frecuente en los ataques de sicariato.
El texto ordena además que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y los comités regionales y distritales de seguridad permanezcan “en sesión permanente”. En Lima y Callao se desplegarán patrullas combinadas de militares y policías en zonas consideradas “críticas”: estaciones del metro, paradas de colectivos, centros educativos, hospitales y espacios estratégicos del transporte público.
Por qué se decretó
La declaración del estado de emergencia responde a una crisis de seguridad sin precedentes. En los últimos años, los delitos violentos se multiplicaron y el crimen organizado extendió su influencia a casi todas las regiones del país.
Según datos de la fiscalía, los homicidios aumentaron de 676 en 2017 a 2082 en 2024, mientras que las extorsiones crecieron de 2300 a más de 21.000 casos en apenas cuatro años. Los blancos más frecuentes son transportistas, comerciantes, panaderos, pequeños empresarios y dueños de restaurantes o colegios privados.
Un estudio de la consultora Videnza estimó que los emprendedores limeños pierden más de 137.000 dólares diarios por amenazas y cobros extorsivos. Los expertos advierten que las mafias operan con estructuras flexibles y que penetraron en rubros informales y redes barriales, donde la presencia estatal es débil. A ello se suma la percepción de impunidad: las tasas de resolución judicial son bajas, y las unidades de investigación policial operan con recursos limitados. En ese contexto, la militarización se presenta como un recurso de emergencia, aunque los resultados anteriores fueron escasos
Las leyes que facilitaron el delito
Uno de los puntos más controvertidos del anuncio presidencial es la falta de claridad sobre el rol del Congreso en el combate al crimen. Jerí no aclaró si pedirá la derogación de seis leyes aprobadas en los últimos años —y que él mismo apoyó cuando era legislador— que, según juristas y fiscales, debilitaron las herramientas de persecución penal.
Entre las normas cuestionadas se incluyen la eliminación de la detención preliminar en casos sin flagrancia, la prohibición de procesar a partidos políticos como organizaciones criminales, y la restricción a los allanamientos y la colaboración eficaz. También se elevaron los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos.
“Sin cambios legales, los operativos policiales terminan siendo solo una puesta en escena”, advirtió esta semana el exministro del Interior Carlos Basombrío.
No es la primera vez que un gobierno peruano recurre al estado de excepción para enfrentar la delincuencia. En marzo pasado, la entonces presidenta Dina Boluarte aplicó una medida similar en Lima, extendida luego hasta mayo, pero los índices delictivos siguieron en aumento. Los expertos coinciden en que la militarización no ataca las causas estructurales del crimen ni mejora la capacidad investigativa.
La experiencia anterior mostró además abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos, sin que se lograran avances sustanciales en la reducción de asesinatos o extorsiones. En muchos barrios populares, los patrullajes fueron esporádicos y las bandas retomaron rápidamente el control territorial. Analistas advierten que, sin reformas judiciales y sin recursos adicionales para la policía, la nueva emergencia podría repetir el mismo patrón.
Protestas, represión y crisis política
La decisión de Jerí llega tras una multitudinaria protesta ocurrida el 15 de octubre, que terminó con un manifestante muerto y más de 100 heridos por la represión policial. Miles de jóvenes de la llamada Generación Z y organizaciones civiles salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente, la disolución del Congreso y la derogación de las leyes “pro impunidad”. La represión provocó indignación y derivó en un intento de censura parlamentaria contra el nuevo mandatario, que fue finalmente rechazado.
Sin embargo, su legitimidad quedó en entredicho apenas días después de asumir el poder. La crisis política se inscribe en una inestabilidad institucional crónica: desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes, la mayoría destituidos o investigados por corrupción. El descrédito del Congreso, percibido como uno de los poderes más conservadores y desconectados de la sociedad, alimenta la desconfianza ciudadana
El estado de emergencia representa la primera gran apuesta política de José Jerí, quien asumió prometiendo “orden y estabilidad”. Su gestión enfrenta, sin embargo, una doble presión: por un lado, el reclamo ciudadano de seguridad inmediata; por otro, la exigencia de respeto a los derechos fundamentales. El mandatario se apoya en un gabinete de perfil conservador y militarizado, encabezado por el primer ministro Ernesto Álvarez, que ya anticipó nuevas medidas “de choque” en materia de seguridad.
Agencias AFP, AP y Reuters
LA NACION
Otras noticias de Perú
Más leídas de El Mundo
1Un ataque en un bar clandestino en Sudáfrica deja al menos 12 muertos
2Qué papel juega EE.UU. en Somalia, el país del que Trump no quiere inmigrantes y el Pentágono lleva años bombardeando
3Uruguay: un argentino murió en un brutal choque frontal contra un camión
- 4
Venezuela: murió en prisión el exgobernador Alfredo Díaz, detenido tras las últimas elecciones
Últimas Noticias
Omisiones llamativas. ¿Y la competencia entre superpotencias?: el capítulo faltante de la estrategia de seguridad de Trump
Richard Tesore. Pelea por un “Indiana Jones” del mar cerca de Punta del Este: “salva” animales, ocupa la playa y traficó pingüinos
