Varios escándalos de nepotismo golpean a la política uruguaya

MONTEVIDEO.- Nepotismo, amiguismo, abusos de poder, al fin de cuentas, desprestigio de la actividad política. Una ola de escándalos salpica a los partidos políticos uruguayos en relación con el ejercicio de la función pública y la contratación de familiares en cargos del Estado.

En un país con bajo índice de corrupción, la escasa cantidad de población aparece como excusa para ese entramado familiar alrededor de un intendente, de una autoridad de salud o, incluso, de jueces de contralor. Todos los días, un medio de prensa informa sobre un caso nuevo.

En medio del escándalo, el presidente Tabaré Vázquez destituyó a la autoridades del ente que gestiona los hospitales públicos, tras la revelación de las irregularidades cometidas por un director que había contratado como secretaria a la novia de su hijo, una joven de 18 años.

"Si sacamos una ley como la de [el presidente argentino Mauricio] Macri, gran parte de nuestro gobierno se tiene que ir; el primero que se me ocurre es el subsecretario del Ministerio del Interior. El hermano de Vázquez hace muchos años que está en el gobierno y nadie ha dicho que eso está mal", dijo el presidente del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, en referencia a Jorge Vázquez, hermano de Tabaré.

En el primer gobierno del Frente Amplio (2005-2010) fue prosecretario de Presidencia (una función similar a la de jefe de Gabinete) y en los dos gobiernos siguientes (2010-2015 y 2015 en adelante) ha sido viceministro del Interior.

La respuesta del senador blanco Heber había sido como respuesta a las críticas a su partido por casos de jefes de gobierno del interior que marcaron el inicio de este escándalo político de verano.

La intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, había puesto en su gabinete a su concubino, al que le dio una dirección clave para la gestión, y luego le sumó otra. El caso cobró interés en el orden nacional cuando los legisladores de su partido no votaron un aumento salarial de más del 50% a su pareja. Ella decidió hacerlo igual y vetó un decreto que se lo impedía, pero el Poder Legislativo tuvo los votos necesarios para frenarla.

Molesta por esa situación, y luego de que a causa del escándalo renunció el director de Prensa de su gobierno, Peña nombró a su hermano en reemplazo del exfuncionario que dimitió.

Pocos días después, el noticiero Telemundo 12 expuso el caso del intendente de Artigas (departamento del norte, limítrofe con Brasil), Pablo Caram, que tenía como directores a su pareja en Cultura, a una sobrina en la Dirección General y a primos en otros puestos oficiales.

Después, el canal VTV divulgó el caso del vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Mauricio Ardus, que había contratado a la novia de su hijo como secretaria. Y en otro despacho, con sueldo alto, trabajaba la hija de un director anterior de ese dependencia nacional.

La destitución de ese director, junto a la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, coincide con esta ola de escándalos, pero es consecuencia de una serie de irregularidades que la oposición había denunciado en los hospitales públicos referidas al manejo en ambulancias, compras que no siguieron las normas de transparencia y otras desviaciones en los controles.

En este contexto, el diario El Observador divulgó que tres de los cinco ministros del Tribunal en lo Contencioso Administrativo (TCA) tienen a sus hijas trabajando en sus despachos como asesoras: el presidente, Eduardo Vázquez, y los ministros José Echeveste y Alfredo Gómez.

Justamente el TCA es el organismo que se encarga de controlar la legalidad y transparencia de los actos estatales.

El senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, presentó un proyecto de ley para abordar el tema y ya consiguió varias adhesiones entre los legisladores. El texto propone prohibir la designación o contratación de personas que tengan algún vínculo de parentesco, por consanguinidad o afinidad, hasta el cuarto grado, así como de cónyuges, concubinos o parejas, de funcionarios del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, las empresas públicas y las intendencias.

Análisis

En tanto, el presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, declaró que el organismo analizará los casos denunciados porque la contratación de familiares por parte de directores públicos no solo tiene restricciones normativas, sino que además se expone a la consideración de conducta ética.

En 2004, el presidente Jorge Batlle firmó un decreto de "reglamentación de las normas de conducta en la función pública" que justamente en el artículo 35 fijaba la "prohibición de revistar en la misma oficina por razones de parentesco".

Esa norma, ignorada actualmente por varios funcionarios en altos cargos, prohibió "la actuación dentro de la misma repartición u oficina del empleado que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge".

El debate político ha comenzado y los analistas advierten que no terminó con la destitución de las autoridades de hospitales. Un gran escándalo cuando falta un año para el inicio formal de la campaña presidencial de 2019.

Tabaré Vázquez

Presidente uruguayo

El jefe del Estado despidió por casos de nepotismo a funcionarios de su gobierno que gestionaban un sector de los servicios de salud. Su hermano Jorge, en la mira de la oposición

Por Nelson Fernández

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