Apto para todo público: el fin de un sistema obsoleto, que promovió la burocracia y las arbitrariedades en el cine

La semana pasada, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció un cambio para la calificación de las películas: disolvió la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, un ente que, desde 1984, se encargaba de decir para qué edades era apto cada film. En la práctica, en los últimos años su rol era más bien simbólico (el propio Sturzenegger lo aclara en los posteos de X donde anunció el decreto que derogaba su existencia) y lo que además cambió fueron las categorías en las cuales se incluye cada película. ¿Por qué “simbólico”? Porque en general se replicaba la calificación que tenía en el país original. El posteo del ministro —y el decreto derogatorio, de paso— utilizan como ejemplo el hecho de que aquí los films norteamericanos de gran público (responsables del 80% de la taquilla nacional) se califican como en su país de origen. La idea es homologar eso: si el país productor dice que tal película es apta para todo público, debería tener esa calificación también en el resto de los mercados. Simplifica las cosas, especialmente los trámites.

Hasta hoy, la Comisión Asesora tenía que reunirse, ver cada película, producir un dictamen y eso generaba un certificado de exhibición. Esa comisión estaba integrada por tres representantes de credos religiosos (uno católico, uno judío, uno por el resto de las confesiones practicadas en nuestro país), un crítico cinematográfico, tres funcionarios públicos y un abogado por el Ministerio del Interior. Ahora la tarea la llevará a cabo directamente el Incaa, que homologa la calificación de origen y genera una en casos como el del cine local o si hubiere alguna excepción. No se detallan tales excepciones, pero se abre la puerta para cambiar criterios. En eso la medida no es explícita.

Para el espectador común, y para la práctica de la exhibición, esto es simplemente poner en papel lo que venía sucediendo. Es cierto que hay una novedad: hasta hoy, solo las películas aptas para mayores de 13 años podían ser vistas por un menor solo con la compañía de un padre o tutor; hoy solo quedan afuera las películas aptas para mayores de 18 años de exhibición condicionada. Hay nuevas categorías: G (público general); SR (se recomienda supervisión parental, pero no es obligatoria), R-13 (restringida a menores de 13), R-17 (ídem, pero para menores de 17) y las solo aptas para mayores de 18. La carga de filtrar qué ver cae en los padres y responsables de los menores. Es decir, básicamente la misma escala que en los Estados Unidos.

Ahora bien: esta modernización, que quita un estrato de burocracia, también acompaña los tiempos en los que vivimos por varias razones. Seamos realistas: la mayor parte del cine de gran público está diseñado para que lo vea todo el mundo y de toda edad; y básicamente es el que sostiene la exhibición. Pero, además, se ven muchas más películas en casa vía plataformas que en el cine.

Hoy en la Argentina se venden alrededor de 35 millones de entradas, pero el visionado de films importantes en plataformas multiplica varias veces esa cifra. Curiosamente, para las películas en plataformas no hay un protocolo específico de calificación: desde hace años, Netflix, Disney+ y demás SVOD (Subscription Video on Demand) colocan como indicativo un número de edad más o menos acorde a los usos y costumbres de cada mercado. Un dato curioso: las películas ATP de Netflix tienen un cartelito al principio que reza “+7”, apta para mayores de siete años. Que esto suceda para el cine, donde el filtro es mucho mayor —hay que elegir una película, salir de casa, pagar una entrada, etcétera— es de puro sentido común. Y sobre las plataformas, en este campo, no ha habido quejas. Así que funciona.

Pero la medida también elimina ciertos criterios ilógicos a la hora de calificar. No solo porque el tiempo hizo lo suyo (Tiburón, película que un chico de nueve años disfruta hoy, se calificó en 1975 como “prohibida para menores de 18 años”, sobre todo por el semidesnudo de los primeros minutos), sino porque el audiovisual tiene un acceso mucho más laxo que el de la sala cinematográfica. Cualquier persona puede ver cualquier película en cualquier momento... a cualquier edad. El ejercicio de paternidad del Estado a través de una comisión calificadora se había vuelto completamente anacrónico en ese contexto. Y ha generado algunos absurdos, como calificar ciertas películas como “aptas para mayores de 18 años” solo por prejuicios ideológicos. Un ejemplo clásico: Plata quemada, de Marcelo Piñeyro, estrenada en 1998 y adaptación de la novela homónima de Ricardo Piglia. La razón de tanta severidad: “apología de la violencia y la homosexualidad (SIC)” y que no condenaba nada. Piñeyro apeló y no pasó nada; la película fue un éxito, pero esa calificación -aún vigente, prestemos especial atención a esto- impidió que pudiera pasarse por TV. De hecho, en teoría, impediría que suba a plataformas. No, no está en ninguna. De paso, es de lo mejor del director.

Es decir: una calificación “SAM18” realizada por un comité que solo tiene un integrante “del palo” del cine (el crítico o periodista especializado) podía terminar con la carrera comercial de una película. Y los criterios eran esos, ideológicos y, en gran medida, anacrónicos. Y por lo demás, en la Argentina tener una calificación es obligatorio, algo que no es así en los EE. UU., donde, por otro lado, no existe algo parecido a un ente federal que regule la actividad audiovisual (como nuestro Incaa o sus símiles en Francia, España, etcétera). Allí quienes se encargan son los propios productores reunidos en la MPAA (Motion Pictures Association of America), ente privado. Las películas van al MPAA, la entidad emite una calificación, y eso es todo. Pero no es obligatorio: la famosa categoría “X”, asociada al erotismo e incluso a la pornografía, en realidad es marca de que no pasó por la calificación de la MPAA. El espectador decide si verla o no.

Es interesante todo esto, porque en la Argentina siempre tuvimos calificación por edades. Era la manera más ecuánime de exhibir y no exponer a menores a ciertos contenidos no aptos para ellos. En los EE.UU. esto no era así: todos podían ir a ver cualquier película. Por eso se terminó adoptando (también de forma privada, no fue el Estado sino los grandes estudios) un “código de producción” que era en gran medida de censura, el Código Hays. Recién se abolió a principios de los sesenta y se sustituyó por el sistema “por edades”. Que además incluye una pequeña descripción de qué motiva la categoría (si hay violencia, lenguaje adulto, desnudos, etcétera; algo que aquí no sucede).

Pero para que realmente funcione, es necesario que sus criterios se actualicen de manera constante más que periódica, algo que en nuestro país no sucedió. Y es por eso que el comité quedó obsoleto: desde que las plataformas irrumpieron en el hogar, la responsabilidad de qué se ve o no y a qué edad pasó de facto a los padres. Si eso se combina con el hecho mencionado de que casi no hay películas de temática o imágenes “adultas” en el cine masivo, mantener prohibiciones o gente que discuta cuántos años debe tener alguien para ver algo resulta absurdo. La medida es de un sentido común implacable. Ahora bien: nos queda a nosotros, los padres, la tarea de compartir con los más chicos lo que ven o vemos. Es decir, ejercer y enseñar a ejercer una libertad responsable. Algo que, en el fondo, nunca fue tarea del Estado, pero que con este tipo de decisiones no tenemos más remedio que recordar.

Por Leonardo M. D Espósito

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