Los abogados le apuntan a Cuevana

Semana complicada para Cuevana: la policía chilena detuvo el martes en el vecino país a una persona que las autoridades trasandinas catalogaron como importante dentro de la organización, en tanto que aquí, el jueves, quedó radicada, ante el Juzgado de Instrucción N° 12, una denuncia penal contra su artífice, Tomás Escobar.

¿Qué está en juego? Del lado de las grandes empresas de cine norteamericanas, más HBO y, desde el plano local, Telefé, la intención de dejar a Cuevana fuera de combate y resarcirse, en lo posible, de los derechos no cobrados por la emisión inconsulta de sus principales producciones.

Del lado de Cuevana hay un muy delicado doble desafío/estándar: justificar primero que no se lucró con esos contenidos (aunque ya está probado que recibió publicidad y que, probablemente, cobró también por el masivo tráfico que le generó a algunos servidores) y, por el otro, algo ya demostrado: que su operación sirvió para poner en evidencia necesidades no satisfechas por el mercado (que la gente pueda ver desde su casa cómodamente las series y películas que quiera y cuando quiera) e intentar, en paralelo, regularizar su situación si empieza a pagar derechos y deja atrás su pasado romántico y adolescente de facilitar a los demás ver obras de terceros sin pagar una sola moneda.

Pero Fox, Disney, Paramount Pictures, Columbia, Universal, Warner Bros. y las empresas audiovisuales mencionadas al comienzo de esta nota prefieren hacer "tronar el escarmiento" contra www.cuevana.tv , sin contemplaciones, basándose en la posible comisión de delitos de defraudación a la propiedad intelectual, previstos en la ley 11.723. Su objetivo de máxima es borrar al sitio de la faz de la Tierra.

Los esfuerzos, hasta ahora dispersos, de las poderosas compañías recibieron un gran espaldarazo cuando, hace ya algún tiempo, el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Ricardo Sáenz, comenzó a interesarse en el tema. Producto de su investigación, promovió la acción penal pública que acaba de tomar dominio público y que pide concretamente que se disponga "el bloqueo del acceso de los usuarios del sitio Cuevana".

El fiscal agrega que a su juicio no se está "en presencia de unos jóvenes emprendedores que crearon un sitio web para facilitar que se puedan ver películas y programas de televisión sin costo para los usuarios", sino que considera que "Cuevana es un negocio". Sáenz tiene comprobado que a través de dos sistemas de pagos on line, Tomás Escobar recibió donaciones a su favor.

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Pero no todo es tan sencillo ni lineal. Lo que en el mundo físico es blanco o negro, en el ancho ámbito virtual de la Red todo es más ubicuo. Así, el andamiaje legal que inevitablemente se empieza a construir a su alrededor para darle reglas mínimas que no la reduzcan a una caótica selva, debe ser más sutil y contemplar sus especialísimas particularidades.

"La propiedad intelectual está en crisis -dijo Enrique Chaparro, experto en la Web y miembro de la Fundación Vía Libre, en el Congreso y Feria Internacional de Seguridad de la Información (Segurinfo), que tuvo lugar el martes último en un hotel céntrico- porque si centenares de personas infringen una ley, lo más probable es que esté mal la ley", y opinó que "los procesos industriales se agotan cuando desaparece el medio físico que albergaba la obra". De allí, apuntó, que se piense "la propiedad intelectual como un recupero de la inversión".

Lo cierto es que las empresas audiovisuales gastan fortunas en contrataciones, producción, publicidad y comercialización de sus productos y no les hace ninguna gracia, como es lógico, que circulen gratis.

Como Cuevana hasta el momento no ha demostrado voluntad de pagar nada, y sus millones de usuarios tampoco, alegan argumentos que suenan un tanto demagógicos y alejados de la realidad. "La cultura debe circular gratuitamente", elevan su voz, pero la gente frecuenta ese sitio mayoritariamente para ver pasatistas producciones norteamericanas que pocos tienen que ver con esa idealizada consigna.

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De todas maneras, el acorralamiento judicial de Cuevana dista de ser fácil y rápido. El juzgado N° 12 podría remitir la nueva causa al N° 36 en donde, en noviembre pasado, se radicó la denuncia de HBO. Pero ese tribunal, a su vez, se declaró incompetente y envió esas actuaciones a uno de Córdoba en el que, anteriormente, ya se sustanciaba otra causa contra Cuevana, motorizada por la Ufitco (Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Tributarios y Contrabando). Por otra parte, aparece la empresa Dattatec, en Rosario, que procedió a registrar el dominio del sitio Cuevana, en tanto que Escobar es un sanjuanino que vivía en Córdoba y que, al parecer, se mudó en los últimos meses a Buenos Aires.

Si el tema de por sí resulta confuso y lleno de sutilezas complicadas de desentrañar y los sujetos por investigar se encuentran geográficamente dispersos y algunos inhallables (el propio Escobar, por ejemplo), el despiste de los magistrados que deben intervenir en la causa no permite suponer que caminará precisamente rápido.

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Mientras esto sucede, el mes próximo ocurrirá algo sin precedente: por primera vez un libro nuevo será ofrecido gratis en la Web por una editorial de primera línea como Sudamericana. Se trata de La gran manzana , sobre Apple Co., de Lalo Zanoni, que en julio se venderá en las librerías en formato tradicional.

Otro fenómeno curioso es el del libro La Cámpora, de Laura Di Marco, y publicado por la misma editorial. Quienes para hacerle daño primero quisieron ningunearlo y desprestigiarlo, y después subieron a Internet una versión apócrifa, sólo lograron potenciar sus ventas. A pocos días de su salida a la venta, ya lleva cinco ediciones.

Por todo lo dicho, será más que interesante seguir los vaivenes de la causa Cuevana porque en torno a ella se sacarán chispas los más afilados estudios de abogados. No es para menos: están en juego millones de usuarios y de dólares. Todos pelearán muy duramente por ellos.

Por Pablo Sirvén

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