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La cámara oculta y un debate pendiente
El interés por discutir en nuestro medio el uso televisivo de las llamadas cámaras ocultas es inversamente proporcional al extendido empleo de este controvertido recurso. Su naturaleza efectista funciona a la perfección en dos de las modalidades más difundidas de los últimos tiempos cuando se habla de la actualidad en TV: la crónica policial de cuño amarillista y los escandaletes faranduleros.
Nadie se sorprende, quizá porque en el medio todo esto es visto como algo completamente natural, cuando en verdad debería responder a criterios excepcionales o, preferentemente, a una utilización estrictamente acotada al uso judicial, sin la espectacularidad y el sensacionalismo a los que estamos acostumbrados.
Exactamente lo contrario ocurre en España, escenario en los últimos días de una polémica al rojo vivo sobre las consecuencias de un fallo del Tribunal Constitucional, cuya sala primera acaba de declarar ilegítimo por primera vez el uso de cámaras ocultas dentro del ámbito periodístico. El fallo sostiene, al mismo tiempo, que la utilización de estos mecanismos está prohibida por la Constitución española más allá del valor y de la significación del hecho investigado y revelado.
El debate planteado en España lleva al primer plano algunos elementos que tienen alcance universal. De hecho, también fueron planteados en su momento entre nosotros cada vez que un hecho político, social o frívolo descubierto por medio de las cámaras ocultas adquirió una enorme repercusión.
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Lo primero que surge del fallo es la tensión entre varios derechos que entran en tensión simultánea. El Tribunal Constitucional español sostiene que el derecho a la información no puede anteponerse al derecho a la intimidad y el derecho al uso de la propia imagen.
En segundo lugar, la decisión del tribunal coloca en primer plano un principio ético básico al que nos hemos referido más de una vez desde esta columna: utilizar mecanismos de ocultamiento o recursos ilegales para obtener una información, por más loable que sea el propósito -poner al descubierto a quien comete un delito o un acto deshonesto- excede por lejos los alcances del ejercicio de la tarea periodística. Lo que se objetó en España es un método de grabación que "se basa en un ardid o engaño que el periodista despliega simulando una identidad oportuna según el contexto". En este caso, la decisión respalda a una mujer que trabaja en un centro de cirugía estética, cuya imagen fue capturada "subrepticiamente" por un periodista disfrazado de paciente. Las aristas del debate resultan inagotables. Están quienes argumentan que sólo con la ayuda de cámaras ocultas es posible desbaratar poderosos intereses ligados, por ejemplo, al tráfico de drogas o la trata de personas, tema que adquiere en la Argentina -por el juicio en el caso de Marita Verón- dramática actualidad.
Y están quienes llaman la atención, al mismo tiempo, de los enormes riesgos de manipulación que entraña la eventualidad de un intencional montaje del material tomado a través de cámaras ocultas. En octubre de 2009, Canal 7 difundió ampliamente un video anónimo previamente compaginado que pretendió involucrar al columnista de La Nacion Carlos Pagni en una supuesta maniobra para publicar información falsa en perjuicio de Repsol YPF.
Corresponde devolver al primer plano local el debate que por estas horas sacude a los medios españoles. Por todo lo dicho y también por las consecuencias de fenómenos recientes como la insólita difusión con espíritu de show de las imágenes captadas en la calle por las cámaras de seguridad de los municipios.
mstiletano@lanacion.com.ar
