A qué migrantes que buscan la residencia permanente no aplica la regla de carga pública en septiembre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó que una nueva norma sobre carga pública entrará en vigor el próximo 18 de septiembre. La medida, que deroga la regulación de 2022, contempla excepciones para determinados migrantes que buscan obtener la green card.

• Asilados, refugiados e inmigrantes amerasiáticos al momento de la admisión, según la guía publicada por Uscis.
• Entrantes cubanos y haitianos bajo la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, y solicitantes de la Ley de Ajuste Cubano.

• Nicaragüenses, centroamericanos y haitianos que ajustan estatus bajo la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Haitianos de 1998.
• Víctimas de trata de personas y de ciertos delitos (visas T y U), y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).
• Solicitantes de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), jóvenes inmigrantes especiales y solicitantes de registro.

• Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses, según la lista oficial del Uscis.
• Hijos solteros y casados de ciudadanos, y familiares de residentes permanentes legales.

• Trabajadores prioritarios, profesionales con títulos avanzados, inversores y trabajadores religiosos.
• Inmigrantes con visa de diversidad y personal de las fuerzas armadas estadounidenses.

• La agencia analizará cinco factores legales: edad, salud, estado familiar, situación financiera, y educación y habilidades.
• Se considerará la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como asistencia en efectivo, vivienda, cupones de alimentos o ayuda financiera universitaria.

• Si un oficial determina inadmisibilidad solo por probable carga pública, puede solicitar al migrante que presente una fianza para aprobar el ajuste de estatus.

La nueva normativa se va a emplear en las solicitudes de ajuste de estatus (Formulario I-485) presentadas por correo o de forma electrónica a partir del 18 de septiembre de 2026. Si la persona envió su solicitud antes de esa fecha, su caso se analiza con el estándar anterior, el de 2022, aunque la decisión llegue meses después.

Por su parte, en el caso de los beneficios públicos recibidos desde el 18 de septiembre, la agencia considerará cualquier tipo de ayuda, mientras que para los percibidos antes de esa fecha solo tendrá en cuenta asistencia en efectivo o institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.