Ciudades fronterizas de Arizona se preparan para el impacto de la proposición 314 sobre los inmigrantes

Luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales, la reciente aprobación de la proposición 314 en Arizona ha generado una significativa respuesta en las ciudades fronterizas del estado. Con casi el 63% de los votantes a favor, este proyecto de ley implica un cambio sustancial en la manera en que se maneja la inmigración en Arizona, convirtiendo en un delito estatal lo que antes era exclusivamente una infracción federal.

Según lo explica el Foro Nacional de Inmigración, una organización sin fines de lucro en Estados Unidos dedicada a promover políticas de inmigración, la proposición 314, también conocida como Secure The Border Act, otorga a las autoridades locales, como la policía y los sheriffs de los condados, la facultad de arrestar a los migrantes sospechosos de haber ingresado ilegalmente a Arizona a través de México fuera de los puertos de entrada oficiales.

Esto es relevante porque, anteriormente, cruzar la frontera sin documentación válida entre los puntos de entrada era considerado un delito federal. Ahora, con la implementación de la ley, se transforma en un delito estatal, lo que da paso a un escenario en el que las autoridades locales tendrán más poder de intervención.

El proyecto de ley clasifica la entrada ilegal como un delito de clase uno en el primer infractor y lo eleva a un delito mayor en casos de reincidencia. Además, otorga a los jueces estatales la potestad de ordenar deportaciones, lo que hace que el sistema judicial local también se vea involucrado en el manejo de casos relacionados con la inmigración.

Además, la proposición 314 también legisla la venta de fentanilo ilícito importado como un delito grave de Clase 2, aumentando las penas en cinco años cuando una persona vende fentanilo ilícito y esto ocasiona la muerte de otra persona, y también protege a los oficiales de la ley de demandas civiles, incluidas las reclamaciones por perfil racial.

Según lo explica el Foro Nacional de Inmigración, los defensores de este proyecto de ley argumentan que la medida “es necesaria debido a los altos niveles de aprehensiones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, y a la percepción de inacción por parte del gobierno federal en cuanto a la seguridad fronteriza”.

“Expertos legales han expresado preocupaciones constitucionales sobre la medida, señalando que el gobierno federal ha tenido autoridad exclusiva sobre la admisión y deportación de no ciudadanos durante más de 150 años”, se remarca en el sumario de la proposición de Arizona. También se la asocia a la SB1070 de Arizona, una ley de inmigración promovida en 2010 que “provocó protestas a nivel nacional y fue en su mayoría anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos”.

Uno de los principales problemas de la proposición 314, señalado por las autoridades locales en un informe del canal Arizona Family, es la falta de recursos adicionales para afrontar el aumento de responsabilidades. “No estamos recibiendo recursos adicionales como resultado de esto, solo estamos recibiendo más trabajo y más responsabilidades”, dijo Emmanuel Botello, teniente de la policía de San Luis.

Por otro lado, Thomas Garrity, jefe de policía de Yuma, expresó en ese mismo informe su preocupación por el posible impacto que esta legislación tendrá en las cárceles locales. Y también agregó: “Nosotros, como departamento de policía, debemos prepararnos para que las políticas que tenemos y la capacitación que ofrecemos sean justas, constitucionales y respetuosas con todos”.

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