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AB 1941 en California: el proyecto que prevé hasta un año de cárcel y espera la decisión de Newsom
La legislación propone penas que varían entre delitos menores y graves, lo que permite sentencias de prisión y multas sustanciales para los infractores
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LA NACION
El proyecto de ley AB 1941 llegó al escritorio del gobernador de California, Gavin Newsom, luego de superar el proceso legislativo en la Asamblea y el Senado. La propuesta incorpora nuevas herramientas penales para enfrentar los robos coordinados de cables de cobre y otros materiales metálicos utilizados en servicios públicos.
Qué penas contempla el proyecto de ley de California contra el robo de cables de cobre
Uno de los principales cambios planteados en la AB 1941 consiste en incorporar el delito de robo organizado de metales al Código Penal de California. En determinados casos, la conducta podría ser procesada como un delito menor, con una pena de hasta un año en la cárcel del condado.
La misma sanción podría aplicarse cuando una persona participe en dos o más robos o episodios de posesión de material sustraído durante un período de 12 meses y el valor acumulado supere los US$950. Cuando el caso sea tratado como un delito grave, el proyecto establece posibles penas de 16 meses, dos años o tres años de prisión.
La propuesta también alcanza a quienes intervengan en la estructura delictiva sin realizar directamente el robo. Reclutar, coordinar, organizar, supervisar, dirigir, gestionar o financiar a otras personas para sustraer metales o manejar materiales robados podría generar una pena de hasta un año de cárcel, de acuerdo con las disposiciones previstas.
La iniciativa fue impulsada por el asambleísta demócrata Mark González y cuenta con el respaldo de autoridades locales, organismos de seguridad y compañías de telecomunicaciones. Entre quienes solicitaron su promulgación se encuentran el alcalde de San José, Matt Mahan, AT&T, Verizon y representantes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.
“Si hablamos de construir una California más asequible, empecemos por proteger nuestra infraestructura del vandalismo”, indicó González en un comunicado. “Si destruyen nuestra infraestructura por dinero fácil, si ponen en peligro a nuestra comunidad con estos crímenes sin sentido, habrá consecuencias”, aseguró.
Las conductas que quedarían alcanzadas bajo la norma
La AB 1941 considera delito actuar junto con una o más personas para sustraer materiales metálicos de infraestructura o servicios públicos con el propósito de venderlos, intercambiarlos o conseguir un beneficio económico. También contempla la recepción, compra o posesión coordinada de metales cuando exista conocimiento o sospecha de que fueron robados.
Otra conducta incluida es actuar como intermediario o agente de una persona o grupo dentro de un esquema organizado destinado al robo de metales. De esta manera, la iniciativa no se limita a quien extrae físicamente el cable, sino que también contempla distintas funciones dentro de una operación coordinada.
La legislación vigente de California ya contempla responsabilidad penal para determinados comerciantes o recolectores de metales que compren o reciban cables, cobre u otros materiales pertenecientes a empresas de servicios públicos, ferrocarriles o entidades públicas sin verificar que el vendedor tenga derecho legal a disponer de ellos. AB 1941 toma esas categorías de materiales como referencia para definir el nuevo delito de robo organizado de metales.
Robos de cobre y daños a la infraestructura
Los documentos que acompañan la propuesta señalaron que el aumento del precio internacional del cobre contribuyó al interés de redes dedicadas a sustraer cables de alumbrado, sistemas eléctricos y elementos de telecomunicaciones. Los efectos alcanzaron tanto a la infraestructura como a los servicios utilizados por la población.
En Los Ángeles, la Oficina de Alumbrado Público registró entre 45.000 y 46.000 solicitudes de servicio relacionadas con cortes de iluminación durante 2024. Según los datos citados por la propuesta, cerca del 40% estuvo vinculado directamente con robos.
De acuerdo con el comunicado de González, en el viaducto de la Sixth Street Bridge, fueron sustraídos más de 38.000 pies (11.000 metros) de cable de cobre, con daños estimados por encima de los US$2.5 millones.
El impacto también se extendió a las telecomunicaciones. AT&T informó 2200 incidentes independientes de robo de cobre durante 2024 y señaló un gasto de US$60 millones en reparaciones durante 2025.
Qué falta para que la AB 1941 sea ley
El proyecto fue presentado oficialmente a Newsom el 31 de agosto a las 16 hs. Ahora queda pendiente de la decisión del gobernador dentro del plazo constitucional aplicable.
González, Mahan, empresas de telecomunicaciones y representantes de organismos locales sostuvieron que las herramientas actuales no alcanzan para investigar estructuras que operan en distintas ciudades y condados. Su argumento se centra en la posibilidad de perseguir no solo los robos individuales, sino también las actividades de coordinación y comercialización del material.
“Estamos haciendo todo lo posible para que los delincuentes rindan cuentas a nivel local, pero el problema es el siguiente: lo que no podemos hacer por nuestra cuenta es desmantelar las redes de robo organizadas que operan entre ciudades y condados. Por eso le pido al gobernador Newsom que firme la ley AB 1941”, dijo Mahan.
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