California contraataca: la demanda de Newsom contra Trump por el freno de los fondos federales

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda contra la administración de Donald Trump con el objetivo de impedir que el gobierno federal condicione la entrega de fondos de seguridad pública a exigencias relacionadas con las elecciones y las políticas de inmigración.

En colaboración con el fiscal general Rob Bonta, el gobernador anunció en un comunicado que California encabeza un litigio judicial interestatal para bloquear el retiro de fondos federales a los estados que incumplan las normativas relacionadas con los procesos electorales. Según explicó la oficina de prensa, hay 150 millones de dólares anuales en recursos de seguridad pública aprobados por el Congreso que están en juego.

En el comunicado, Newsom indicó que este dinero es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) bajo el Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional (HSGP, por sus siglas en inglés).

El demócrata remarcó que estos recursos se utilizan para ayudar a los estados y sus ciudades a prevenir, mitigar, responder y recuperarse de actos de terrorismo y otros incidentes de seguridad. “Una y otra vez, los tribunales le han dicho a la corrupta administración de Trump que no puede coaccionar a California para que haga su voluntad amenazando con retener fondos para la seguridad pública”, expresó Newsom.

En ese sentido, se refirió a la disputa actual: “Esta vez exigen que los estados modifiquen sus propias leyes electorales para acceder a fondos que financian la preparación y respuesta ante emergencias de seguridad pública, fondos que el Congreso ya aprobó. Sencillamente, no lo permitiremos”.

El fiscal general Bonta declaró por su parte que Trump “está intentando presionar a los gobiernos estatales y locales para que adopten sus políticas preferidas a cambio de fondos muy necesarios”.

La coalición de estados que interpuso la acción judicial argumenta que los requisitos de la administración Trump son ilegales porque el Congreso nunca otorgó al DHS ni a la FEMA la autoridad para imponer estas condiciones a las subvenciones federales.

Además, el grupo asegura que las agencias no siguieron los procedimientos de toma de decisiones requeridos y que los requisitos violan la Cláusula de Gasto al “coaccionar” a los estados mediante las condiciones de financiación que, según su interpretación, “no guardan ninguna relación con los propósitos de los programas”.

El gobierno de Newsom citó antecedentes en los que el estado venció en los tribunales en episodios similares. Uno de los casos se remonta a 2025, cuando consiguió que se bloquearan permanentemente las condiciones de inmigración vinculadas a subvenciones de seguridad y transporte.

En el comunicado, Newsom citó dos exigencias de la administración Trump relacionadas con el proceso electoral que considera que tienen “motivaciones políticas”:

• Requisitos electorales: los estados estarían obligados a adoptar políticas específicas, como verificar la ciudadanía de los votantes mediante sistemas federales y usar boletas de papel marcadas a mano. El incumplimiento podría resultar en la pérdida del 20% de los fondos del HSGP.
• Mandatos de control migratorio: los estados deberían destinar fondos estatales y locales, lo que incluye personal y otros recursos, para colaborar con la aplicación de las leyes federales de inmigración civil.

Asimismo, la administración estatal menciona como tercera exigencia que la aceptación de la medida implicaría otorgar a FEMA una amplia autoridad para recortar la financiación en cualquier momento según prioridades de la agencia “vagas y subjetivas”.