Desde el 1° de agosto: la nueva ley de California que permite pedir que eliminen tus datos personales cada 45 días

A partir del 1° de agosto entrará en una nueva etapa una de las normas de privacidad más ambiciosas de California. Desde esa fecha, los intermediarios de datos deberán comenzar a procesar las solicitudes de eliminación de información personal realizadas por los residentes del estado, un mecanismo que busca devolverles el control sobre los datos que circulan y son comercializados por cientos de empresas dedicadas a recopilar y vender ese tipo de información.

La nueva herramienta que hace posible este proceso se llama DROP y fue creada para poner en funcionamiento la Delete Act, una legislación que amplía los derechos de privacidad de los consumidores californianos.

De acuerdo con la información publicada por California Privacy Protection Agency (CalPrivacy), el sistema permite que un residente presente una única solicitud para que más de 600 intermediarios de datos eliminen la información personal que poseen sobre él.

El objetivo principal de la plataforma es simplificar un procedimiento que hasta ahora podía requerir múltiples solicitudes individuales ante cada empresa. Con DROP, una sola gestión alcanza para que el pedido llegue a todos los corredores de datos registrados ante el Estado, sin costo para el usuario y mediante un sistema de acceso público.

La legislación también apunta a que los consumidores recuperen el control sobre la comercialización de su información personal. Además de solicitar que esos datos sean eliminados, la norma también prohíbe que los intermediarios vuelvan a vender o compartir nueva información del consumidor, salvo las excepciones previstas.

Según explica CalPrivacy, DROP es la primera plataforma de este tipo en el mundo. Además, California forma parte de un grupo reducido de estados que exigen el registro obligatorio de los intermediarios de datos, junto con Oregón, Texas y Vermont.

La plataforma está orientada específicamente a la información recopilada por los denominados data brokers o intermediarios de datos. Estas empresas reúnen información procedente de numerosas fuentes, la organizan, elaboran perfiles y posteriormente la comercializan a terceros.

Entre los datos que pueden formar parte de esos registros se encuentran:

• Dirección de residencia.
• Integrantes del grupo familiar.
• Estado civil o situación sentimental.
• Historial laboral.
• Otra información personal recopilada y comercializada por estas compañías.

Durante una entrevista difundida por ABC 7, el senador estatal Josh Becker, autor de la Delete Act, explicó cuál fue el propósito de la iniciativa.

“Escribí esta ley para ayudarnos a recuperar el control de nuestra información personal. Nos permite eliminar nuestros datos de estos intermediarios que recopilan nuestra información más privada”, sostuvo.

De acuerdo con la cronología publicada por CalPrivacy, el recorrido comenzó en 2018 con la aprobación de la California Consumer Privacy Act (CCPA), que estableció amplios derechos para los consumidores respecto del tratamiento de sus datos personales.

Posteriormente, en 2019, se aprobó la primera ley estatal que obligó a registrar a los intermediarios de datos mediante la norma AB 1202, que creó un registro público administrado inicialmente por la Fiscalía General. En 2020, los votantes aprobaron una medida que amplió los alcances de la CCPA y dio origen a CalPrivacy, organismo encargado de supervisar el cumplimiento de estas políticas.

El paso siguiente llegó en 2023 con la aprobación de la Delete Act, identificada como SB 362, que amplió la legislación existente sobre el registro obligatorio de los intermediarios de datos. En 2024, CalPrivacy comenzó a administrar oficialmente ese registro.

Más adelante, en 2025, la Legislatura modificó nuevamente la normativa mediante la SB 361 para exigir mayores niveles de transparencia durante el proceso de inscripción de estas empresas.

Finalmente, en 2026 comenzó a funcionar DROP para que los consumidores presenten sus solicitudes de eliminación de información, mientras que el 1° de agosto marca el inicio del procesamiento obligatorio de esos pedidos por parte de los intermediarios de datos.