El FBI revela pruebas de un fraude millonario en California: hasta pagaron vacaciones en Tahití

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció tres nuevos casos federales de fraude y corrupción vinculados con fondos destinados a vivienda en el área de Los Ángeles, California. La investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) reveló que dos personas fueron arrestadas y una tercera permanece prófuga, mientras que otro acusado acordó declararse culpable.

Uno de los principales acusados es Michael Young, de 46 años, fundador de la organización sin fines de lucro Home At Last (HAL), con sede en Culver City.

Según el comunicado del DOJ, habría utilizado fondos públicos destinados a programas de vivienda para financiar gastos personales, entre ellos unas vacaciones en Tahití de casi 50.000 dólares, además de otros desembolsos.

Young recibió más de US$118 millones mediante contratos con la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA, por sus siglas en inglés), la ciudad y el condado de Los Ángeles y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la acusación, más de US$7,5 millones habrían sido desviados mediante un esquema que incluía proveedores ficticios, ofertas falsas, firmas falsificadas y facturas fraudulentas.

Las empresas supuestamente utilizadas para canalizar el dinero no tendrían empleados, oficinas ni operaciones comerciales legítimas. Los fiscales sostienen que Young controlaba sus cuentas bancarias y utilizaba parte de los fondos para beneficio personal y para financiar negocios no relacionados con la vivienda para personas sin hogar.

Entre los gastos señalados también aparece más de US$1 millón destinado a abrir y operar Six Seven Five Lounge, un restaurante y club nocturno de lujo ubicado en Inglewood. La denuncia menciona además propiedades comerciales, vacaciones y la restauración de automóviles antiguos.

El caso de Young es uno de los tres nuevos expedientes penales anunciados por las autoridades federales. Todos están vinculados con presunto uso indebido de recursos destinados a combatir la falta de vivienda en el sur de California.

Otro de los acusados es Donye Mitchell, de 55 años, director ejecutivo de The Big Blue Umbrella (BBU), una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles.

Según la denuncia, Mitchell habría solicitado más de US$9 millones en subvenciones y meses después recibió una adjudicación superior a US$1,2 millones de Epidaurus, una organización financiada por el condado de Los Ángeles que opera bajo el nombre de Amity Foundation.

Los fondos estaban destinados a proporcionar vivienda y servicios de salud mental a personas vulnerables. Sin embargo, los fiscales sostienen que Mitchell habría utilizado parte del dinero en gastos personales, entre ellos:

• Salarios inflados
• Pago de su propia fianza
• Deudas de tarjetas de crédito
• Transferencias a familiares
• Alquiler
• Cargos de PlayStation

Amity Foundation había desembolsado aproximadamente US$315.000 cuando canceló el contrato en mayo de 2025 debido a preocupaciones sobre la forma en que Mitchell informaba sus gastos y el cumplimiento de los objetivos acordados. El acusado permanece prófugo.

El tercer expediente involucra a Lakiya Malone, de 48 años, empleada de Special Service for Groups (SSG). Fue acusada de recibir más de US$180.000 en sobornos y comisiones ilegales de Alexander Soofer, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Abundant Blessings.

A cambio de los pagos, Malone habría facilitado derivaciones prioritarias de personas hacia viviendas financiadas con fondos públicos. La acusación sostiene que entre ellas había participantes “fantasma” que nunca habitaron los centros correspondientes.

Soofer acordó declararse culpable de un cargo de fraude electrónico y otro de lavado de dinero. Según el acuerdo presentado ante el tribunal, admitió haber obtenido US$23 millones de fondos públicos destinados a combatir la falta de vivienda.

También reconoció que al menos una parte de ese dinero fue obtenida mediante fraude y que embolsó al menos US$2 millones para beneficio personal y para negocios no relacionados con la vivienda para personas sin hogar.

Soofer acordó entregar al gobierno estadounidense las ganancias ilícitas y se espera que formalice su declaración de culpabilidad durante las próximas semanas.

La investigación está a cargo del FBI, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD-OIG, por sus siglas en inglés).