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Freno al ICE en California: qué significa la prohibición de operativos migratorios en la previa de las elecciones 2026
La decisión cuestiona el uso de bases de datos con posibles errores y advierte sobre el efecto de las acciones federales en la participación ciudadana
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LA NACION
La Justicia federal de Estados Unidos estableció restricciones a determinadas investigaciones de campo vinculadas con la elegibilidad de los votantes. La decisión alcanza al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a otras agencias en California y otros estados del país norteamericano antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Qué establece el nuevo fallo federal sobre los operativos del ICE
El fallo, dictado el 21 de octubre por la jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, estableció límites a los interrogatorios y las investigaciones de campo cuando las personas involucradas sean, puedan ser o deban ser consideradas razonablemente ciudadanos estadounidenses.
La resolución respondió a una demanda presentada por organizaciones civiles, representantes de trabajadores de la salud y autoridades locales. Esta coalición cuestionó las prácticas utilizadas por el gobierno federal para detectar posibles casos de fraude electoral.
Los demandantes sostuvieron que los procedimientos podían afectar a ciudadanos habilitados para votar y desalentar su participación en actividades relacionadas con las elecciones.
La decisión judicial también restringió los procedimientos que se apoyen exclusivamente en determinados registros del sistema federal TECS, generados a partir de la política de verificación de elegibilidad electoral.
El ICE en las elecciones 2026: cuáles son los estados alcanzados por la medida judicial
La orden comprende nueve estados:
- California
- Connecticut
- Georgia
- Missouri
- Nevada
- Nueva York
- Pensilvania
- Washington
- Wisconsin
La restricción alcanza a los funcionarios, agentes, empleados, abogados y otras personas que actúen en coordinación con las dependencias demandadas. Su vigencia está prevista hasta las 20 hs (hora local) del 3 de noviembre, cuando cierran los centros de votación, salvo que el tribunal disponga otra cosa.
Por qué la Justicia cuestionó las investigaciones por fraude electoral
Uno de los principales argumentos del fallo se relacionó con la información utilizada para identificar a posibles infractores. Según los antecedentes de la causa, las autoridades federales recopilaron más de 98 millones de registros de distintas procedencias, incluidos padrones y bases de datos comerciales, que fueron procesados mediante herramientas de inteligencia artificial del sistema iLab.
La jueza señaló los riesgos asociados con la utilización de esos datos sin mecanismos suficientes para comprobar su exactitud. Entre los problemas identificados figuran las coincidencias de nombres, los errores administrativos y la información desactualizada.
La ausencia de una base federal única que certifique la ciudadanía de todos los residentes también, según la jueza, dificulta determinar con precisión quién reúne los requisitos para votar.
Otro punto cuestionado fue el tiempo asignado para revisar cada caso. Durante la fase intensiva de las investigaciones, los agentes debían procesar al menos 40 personas por turno, con un máximo de 12 minutos para analizar cada expediente.
La Justicia consideró que ese procedimiento incrementaba la posibilidad de incluir por error a ciudadanos o naturalizados estadounidenses.
El impacto de los operativos del ICE en los votantes y los reclamos
Las entidades que promovieron la demanda advirtieron que la presencia de agentes armados en barrios y domicilios, sumada a la difusión de imágenes de arrestos en redes sociales, podía generar temor a la vigilancia y a posibles consecuencias legales. Según su planteo, esa situación afectó las tareas de información, asistencia y movilización electoral.
Entre los demandantes se encuentran California Nurses Association y National Nurses United, Voto Latino Foundation y los gobiernos locales de San Francisco y Santa Clara. Las organizaciones también denunciaron actividades de vigilancia e infiltración encubierta sobre entidades civiles e iglesias vinculadas con la promoción de la participación electoral.
De acuerdo con la demanda, al menos 148 organizaciones fueron identificadas como objetivos. Los reclamantes afirmaron que debieron modificar actividades comunitarias, cancelar eventos y destinar recursos a explicar los procedimientos electorales y responder al temor de los votantes.
La controversia se apoyó, entre otros argumentos, en la Sección 11(b) de la Ley de Derecho al Voto, que prohíbe la intimidación, las amenazas y la coacción dirigidas contra quienes participan en procesos electorales.
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