La nueva ley de Newsom en California que permitirá ocultar la dirección de quienes ayudan a inmigrantes desde 2027

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley AB 2624 el 22 de agosto para proteger la privacidad de los proveedores de servicios de inmigración. Esta norma legal establece un programa especial de confidencialidad de direcciones ante las amenazas y el acoso que sufren personas de este sector por su labor de asistencia.

El programa comenzará de manera formal el 1° de octubre de 2027 bajo la dirección de la Secretaría de Estado de California. La iniciativa autoriza que los participantes utilicen un domicilio sustituto en todos los registros públicos que elaboran las agencias gubernamentales estatales y locales.

La entidad estatal procesará la correspondencia de los beneficiarios y actuará como su agente legal para recibir notificaciones de carácter judicial de manera segura. Asimismo, según el texto de la ley, el sistema garantiza la reserva absoluta de la ubicación real de la vivienda, el centro de estudio o el lugar de empleo de las personas inscritas.

Los solicitantes deben realizar el trámite de postulación en persona ante un programa de asistencia comunitaria y recibir una orientación obligatoria con un consejero calificado. La certificación del programa otorga una protección por cuatro años, con la opción de renovarla.

La nueva legislación beneficia a los proveedores, empleados y voluntarios de las entidades que ofrecen servicios de apoyo a la población inmigrante. Esta protección abarca a quienes prestan representación legal, asesoría jurídica, traducción de documentos, gestión de casos, asistencia humanitaria y servicios de salud.

De igual manera, el resguardo de la dirección aplica a los trabajadores de las organizaciones sin fines de lucro, clínicas comunitarias y despachos de abogados autorizados. Los familiares directos que residen en el mismo domicilio que el beneficiario también reciben este amparo legal.

Los legisladores redactaron esta medida debido a que, según argumentaron, el personal de estas organizaciones sufre agresiones físicas, campañas de difamación en internet y amenazas de muerte. Los informes oficiales asocian el aumento de estas conductas violentas con el clima de hostilidad y las políticas del gobierno de Donald Trump hacia la población inmigrante.

La ley de California también prohíbe que cualquier persona o asociación comercialice, venda o distribuya en internet la información personal o las imágenes de los participantes protegidos. Esta restricción rige cuando el infractor actúa con la intención de provocar daños corporales de gravedad o intimidar de forma directa a los trabajadores.

Asimismo, la normativa sanciona a los deudores o individuos que publican estos datos personales con el fin de incitar de forma inmediata a terceros a cometer actos de violencia. Las víctimas de estas infracciones pueden iniciar acciones civiles en los tribunales para exigir la cobertura de gastos de defensa y compensaciones de hasta tres veces el daño real, o un pago mínimo de 4000 dólares.

Por último, el marco legal establece que las personas que proporcionen información falsa o incorrecta de forma deliberada en su postulación incurrirán en un delito menor. Los beneficiarios tienen además la opción de colocar sus propiedades en fideicomisos revocables o cambiar de nombre legal para asegurar su anonimato en transacciones de compra de inmuebles.