Newsom tiene la palabra final: la ley que obliga a facilitar atención médica a detenidos durante operativos

El proyecto de ley AB 2318 de California establece nuevas obligaciones para las fuerzas de seguridad respecto del acceso a los servicios de salud dirigidos a personas que se encuentran bajo su control. El texto considera ilegal que un agente niegue, demore, obstaculice o no facilite el acceso a una evaluación o tratamiento médico.

La medida contempla la intervención de profesionales de la salud cuando se haya solicitado la presencia de un profesional médico o haya uno presente y dispuesto a brindar asistencia. En ese marco, la obligación estará condicionada a que brindar acceso resulte seguro y razonable dadas las circunstancias.

El proyecto también establece mecanismos para revisar los casos en los que un agente decida negar o retrasar la atención. En concreto, si existe un profesional médico dispuesto a intervenir y el auxilio es rechazado o demorado, la agencia correspondiente deberá dejar constancia de los motivos y presentar un informe dentro de las 72 horas.

La definición de fuerzas del orden utilizada por la propuesta comprende a agentes federales, estatales y locales que actúen bajo autoridad legal. De este modo, el texto busca que las personas bajo control policial puedan acceder a una evaluación o tratamiento médico cuando un profesional esté disponible para prestarlo.

Existe además una exclusión específica: las disposiciones no se aplicarían a personas detenidas o bajo custodia del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR, por sus siglas en inglés).

Cuando se produzca una negativa o demora en las circunstancias contempladas por el proyecto, las autoridades deberán documentar el episodio. Así, el informe deberá explicar por qué se tomó la decisión e incluir una descripción detallada de lo ocurrido.

Entre los datos que tendrán que quedar registrados figuran:

• La hora
• El lugar del incidente
• El personal que participó
• También deberán incorporarse las pruebas disponibles, como imágenes de cámaras corporales, transmisiones de radio e informes escritos relacionados con el hecho

La documentación deberá ser remitida al organismo de supervisión civil encargado de revisar la conducta policial o a la Oficina del Inspector General. No obstante, la obligación de documentar el incidente no regirá cuando hacerlo pueda comprometer una investigación penal en curso o la seguridad de los agentes.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en la AB 2318 puede derivar en medidas disciplinarias administrativas contra los agentes involucrados. Entre otras consecuencias, se contemplan la suspensión y el despido.

Por su alcance, el proyecto puede tener implicancias durante distintas situaciones en las que una persona permanezca bajo control de las fuerzas de seguridad, incluidos procedimientos vinculados con operativos migratorios, siempre dentro de los límites establecidos por la legislación federal y las excepciones contempladas en el texto legal.

La AB 2318 ya completó su recorrido por la Legislatura de California. En ese recorrido, el Senado aprobó la versión enmendada el 27 de agosto y, un día después, la Asamblea dio conformidad a esos cambios.

Después de superar ambas votaciones, la medida fue presentada formalmente ante el gobernador Gavin Newsom el 8 de septiembre. Ese es el último estado registrado en el expediente legislativo.

Por ahora, el paso pendiente es la decisión del gobernador. Newsom puede firmar el proyecto para convertirlo en ley o vetarlo. También existe la posibilidad de que la medida entre en vigor sin una firma si transcurre el plazo legal correspondiente sin que sea rechazada.