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Oficial, si se aprueba: la ley de revocación de licencias que aplicaría el DMV en California
El expediente todavía debe superar varias instancias legislativas antes de llegar al gobernador para su firma y promulgación
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LA NACION
Acumular tres condenas por determinados delitos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas podría dejar a una persona sin permiso para manejar en California por ocho años. La ley de revocación de licencias, conocida como Ley de Irene, facultaría al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) a imponer esta medida para apartar de las carreteras a conductores reincidentes.
¿Qué establece la AB 1687 sobre la revocación de licencias?
De acuerdo con el texto oficial de la Legislatura de California, la AB 1687 fue presentada por el asambleísta Tom Lackey. La propuesta permitiría que el DMV revoque el privilegio de conducir a una persona con tres o más condenas específicas dentro de un período de diez años. La medida no sería automática, ya que el texto concede al organismo la facultad de decidir si la aplica.
Si el DMV impone la sanción, el permiso permanecerá revocado durante ocho años. Además, el conductor deberá presentar una prueba de responsabilidad financiera antes de recuperarlo.
Las condiciones para recuperar el permiso después de cuatro años
La AB 1687 contempla una excepción al período de ocho años. El conductor podrá solicitar la restitución cuatro años después de la última condena, aunque deberá cumplir una serie de condiciones.
La persona tendrá que presentar el formulario de verificación de instalación y aceptar el uso de un dispositivo de bloqueo de encendido (IID, por sus siglas en inglés). El aparato deberá permanecer en el vehículo durante los dos años posteriores a la recuperación del permiso. El DMV deberá aprobar la solicitud si el interesado:
- No recibió nuevas condenas estatales relacionadas con drogas o alcohol durante la revocación.
- Completó un programa autorizado para infractores por conducir bajo los efectos del alcohol, cuando corresponda.
- No fue condenado por manejar con la licencia suspendida o revocada durante ese período.
El organismo cancelará de inmediato la autorización si la persona intenta retirar, eludir o manipular el dispositivo. La misma consecuencia se aplicará si lo quita antes de tiempo o incumple tres veces los requisitos de mantenimiento o calibración. En esos casos, deberá completar el plazo restante de la sanción original.
Las condenas que permitirían aplicar la medida durante ocho años
El análisis del Comité de Transporte de la Asamblea indica que las tres condenas exigidas podrán corresponder a una misma categoría o combinar diferentes delitos incluidos en el proyecto. Entre las conductas alcanzadas, siempre que se cumplan los antecedentes y plazos establecidos en cada artículo, se encuentran:
- Homicidio vehicular grave bajo intoxicación.
- Homicidio vehicular bajo intoxicación y sin negligencia grave, con dos antecedentes dentro de los siete años previos.
- Homicidio vehicular bajo intoxicación durante la conducción de una embarcación.
- Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas con dos antecedentes.
- Manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas con tres o más antecedentes.
- Conducir bajo intoxicación y provocar lesiones corporales, con dos o más antecedentes.
- Manejar bajo intoxicación, con o sin lesiones, dentro de los diez años posteriores a determinados delitos graves.
- Provocar lesiones corporales graves al conducir bajo intoxicación, con al menos dos antecedentes dentro de una década.
La historia detrás del nombre Ley de Irene
Durante una audiencia del Senado celebrada el 30 de junio, Lackey explicó que la iniciativa lleva el nombre de Irene, una niña de 12 años que murió por el accionar de un conductor con cuatro antecedentes. Era hermana de Rhonda Campbell, responsable de servicios para víctimas de Mothers Against Drunk Driving en California.
Campbell sostuvo que la propuesta permitiría mantener fuera de las carreteras a los reincidentes más peligrosos. También destacó que conservaría la posibilidad de recuperar el permiso mediante el cumplimiento de requisitos, la rehabilitación y el dispositivo de bloqueo de encendido, según registró Digital Democracy, de CalMatters.
La Asociación de Defensores Públicos de California se opuso debido al impacto laboral y económico de las sanciones prolongadas. La organización advirtió que la pérdida del permiso puede afectar especialmente a trabajadores de bajos ingresos que dependen de un vehículo.
¿Qué falta y cuándo comenzaría a aplicarse la AB 1687?
La Asamblea aprobó la iniciativa por 73 votos a favor y ninguno en contra el 26 de mayo. Luego, el proyecto avanzó en el Senado: recibió el respaldo unánime del Comité de Seguridad Pública el 23 de junio y, una semana después, del Comité de Transporte. Actualmente, se encuentra en el Comité de Asignaciones, que programó una audiencia para el 3 de agosto, según el registro legislativo oficial.
La normativa deberá superar ese comité y una votación en el pleno del Senado. Como recibió modificaciones en esa cámara, tendrá que regresar a la Asamblea para que apruebe los cambios antes de llegar al gobernador.
La AB 1687 no incluye una fecha específica de entrada en vigor. Sin embargo, aparece clasificada como una propuesta no urgente. Si completa el proceso y es promulgada durante 2026, comenzaría a regir el 1° de enero de 2027, conforme a la Constitución de California y al calendario legislativo estatal.
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