Senate Bill 25-276: la ley vigente en Colorado que blinda a inmigrantes contra el ICE
El estado aprobó una normativa que impone fuertes límites al accionar de autoridades migratorias, con especial foco en la privacidad, la justicia y los espacios públicos sensibles
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LA NACION
Una nueva ley refuerza los derechos civiles de los inmigrantes en Colorado y establece múltiples barreras legales al accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La Senate Bill 25-276, entre otras medidas, impide que policías locales cooperen con autoridades federales, restringe el acceso a datos personales y garantiza protección en centros educativos, sanitarios y judiciales.
¿Qué plantea la Senate Bill 25-276 en Colorado contra detenciones migratorias?
De acuerdo con su texto oficial, la Senate Bill 25-276 (también conocida como la “Protect Civil Rights Immigration Status Act”) detalla una serie de medidas diseñadas para blindar a las personas indocumentadas frente a operativos migratorios del ICE.
A continuación, se enumeran los principales puntos de la legislación:
- Prohibición de arrestos por motivos civiles en entornos judiciales: la ley impide que una persona sea arrestada por razones civiles mientras se encuentra en un tribunal, sus alrededores o instalaciones vinculadas a un proceso judicial.
- Fin a las detenciones prolongadas tras liberación autorizada: la ley prohíbe que los funcionarios de cárceles retengan a personas más allá del momento en que cumplen con los requisitos de liberación. Solo pueden continuar bajo custodia si existe una orden judicial.
- Acceso restringido del ICE a espacios sensibles: los agentes federales no pueden ingresar a hospitales, escuelas, bibliotecas públicas ni centros de cuidado infantil sin una orden judicial para operativos migratorios.
- Protección de datos personales sensibles: la legislación prohíbe la recopilación y divulgación de información personal sin el consentimiento del individuo. Esta protección también se extiende a empleados de subdivisiones políticas.
- Eliminación de declaraciones juradas migratorias: hasta ahora, las personas sin estatus legal debían presentar una declaración jurada para solicitar matrícula estatal o licencias de conducir. La SB25-276 elimina este requisito para evitar discriminación.
- Restricciones a fuerzas externas y uso de datos geográficos: la norma impide que fuerzas militares de otros estados operen en Colorado sin autorización del gobernador. Además, limita el uso de datos de geolocalización y prohíbe vender información sensible sin consentimiento previo.
¿Quiénes impulsan y quiénes rechazan la ley SB25-276?
Los senadores demócratas Julie Gonzales, Mike Weissman, Lorena García y Elizabeth Velasco lideraron la defensa de la SB25-276. Todos argumentaron que esta propuesta, aprobada por el Senado, la Cámara de Representantes y con la firma del gobernador Jared Polis, es fundamental para preservar los derechos civiles en Colorado.
La Colorado Immigrant Rights Coalition (CIRC) también respalda la medida como herramienta para reducir el temor entre comunidades migrantes. Según el grupo, el acceso seguro a servicios públicos es esencial para mejorar la calidad de vida.
Por otro lado, senadores republicanos como Rod Pelton y Byron Pelton votaron en contra. Ambos consideran que el proyecto podría beneficiar a personas con antecedentes penales, el mismo argumento que sostienen SAFE Colorado y la Asociación de Jefes de Policía del estado.
Cifras de inmigración indocumentada en Colorado
El American Immigration Council estimó que en 2023 vivían en Colorado unas 169.300 personas sin estatus legal. Esta cifra representa alrededor del 3% de la población total del estado, lo que convierte el tema migratorio en un asunto clave.
Aunque en muchos casos los extranjeros fueron reubicados desde estados con políticas más restrictivas, como Texas y Florida, durante ese mismo año, ingresaron a Denver más de 33.000 inmigrantes. La mayoría provenía de:
- Venezuela
- Colombia
- República Dominicana
Por otro lado, en cuanto a la economía local, los inmigrantes indocumentados en Colorado representan US$5,8 mil millones en poder adquisitivo total. Además, en 2023, de sus ingresos, se estima que se destinaron US$1.7 mil millones en impuestos federales, estatales y locales.
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