Cuáles son los países que tienen convenio con EE.UU. para recibir inmigrantes deportados en 2025

Estados Unidos puede deportar a migrantes a terceros países, aunque no sean su lugar de origen, sin necesidad de recibir garantías de seguridad ni de otorgar aviso previo. Esta medida, retomada tras un reciente fallo de la Corte Suprema, autoriza a los agentes migratorios estadounidenses a ejecutar deportaciones en condiciones extremas, incluso cuando el país receptor no ofrece protección contra persecución o tortura.

Según informó The New York Times, los gobiernos de siete naciones ya acordaron recibir extranjeros de terceros países expulsados por las autoridades migratorias de Estados Unidos. Estos son:

• El Salvador
• Costa Rica
• Panamá
• Ruanda
• Kosovo.
• México
• Guatemala

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, Estados Unidos ya deportó a migrantes hacia terceros países, incluso cuando las personas expulsadas no tenían vínculos con esos destinos.

Uno de los casos más relevantes es El Salvador. El gobierno estadounidense y el presidente Nayib Bukele llegaron a un entendimiento por medio del cual, meses atrás, más de 200 migrantes venezolanos acusados de pertenecer a la pandilla trasnacional Tren de Aragua fueron expulsados y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel de máxima seguridad salvadoreña.

Además, unos 65 inmigrantes -oriundos de Rusia, Yemen, Nepal, China, Vietnam y Georgia- fueron expulsados de territorio estadounidense en febrero y enviados a Costa Rica.

Panamá, vecino al sur de Costa Rica, también recibió a 299 migrantes asiáticos deportados por EE.UU. en el inicio de la segunda gestión de Trump.

Asimismo, el medio citado también destaca que el gobierno de Trump busca acordar con otros 50 países que acepten deportados que no sean sus ciudadanos.

El caso de México merece una mención aparte. Este no tiene un convenio oficial con Estados Unidos para recibir migrantes de terceros países. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que, “por razones humanitarias”, aceptan a extranjeros deportados que deseen regresar a sus países o establecerse temporalmente en territorio mexicano.

Desde enero, México recibió más de 65.000 deportados, de los cuales unos 5700 eran ciudadanos de terceros países, informó The Associated Press.

A fines de junio, Estados Unidos firmó un acuerdo con Guatemala para reforzar los controles migratorios en la región. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, comentó que el memorando sirve para que agentes de inmigración estadounidenses operen en el país centroamericano.

Asimismo, anunció que el acuerdo permite deportar solicitantes de asilo de terceros países a Guatemala. Sin embargo, el gobierno guatemalteco desmintió esta versión y negó la existencia de cualquier pacto que convirtiera a su territorio en un “tercer país seguro”, algo que permitiría a EE.UU. enviar allí a solicitantes de asilo de otras nacionalidades.

Kosovo aceptó, de manera temporal y limitada, recibir hasta 50 migrantes por año desde Estados Unidos. Se trata de personas que no son ciudadanas kosovares y cuya reubicación tiene carácter transitorio.

El acuerdo busca facilitar el regreso seguro a sus países de origen. El gobierno de Kosovo señaló que seleccionará a los migrantes de una lista propuesta, siempre que cumplan ciertos requisitos legales y de seguridad pública.

Un memorando de Todd M. Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), al que accedió The Washington Post confirmó recientemente que los migrantes pueden expulsados de Estados Unidos y enviados a países alternativos sin ninguna garantía de protección frente a torturas o persecuciones.

El ICE puede notificar la deportación apenas 24 horas antes, o incluso con solo seis horas de anticipación en casos excepcionales.

Estas expulsiones cuentan con respaldo de una sentencia de la Corte Suprema, que habilitó la reanudación de esta política.

Si el migrante expresa temor, el proceso contempla una evaluación para determinar si merece protección bajo la ley federal y la Convención Contra la Tortura. Sin embargo, las organizaciones de derechos migratorios consideran que los tiempos no permiten garantizar la defensa adecuada. “Pone miles de vidas en riesgo de persecución y tortura”, advirtió Trina Realmuto, directora de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración.