Exhortan a la comunidad internacional a reclamar a Cuba el cese de la represión

La Coalición por la Libertad de Asociación, exrelatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y periodistas de distintos países exhortaron a la comunidad internacional a adoptar medidas concretas contra la persecución de periodistas, activistas y otros ciudadanos particulares en Cuba.

En un comunicado, los firmantes exigen reclamar al gobierno de Cuba poner fin a la represión, los arrestos arbitrarios y las persecuciones sistemáticas contra periodistas independientes, activistas de derechos humanos, usuarios de redes sociales y ciudadanos en general que demandan cambios a las regulaciones vigentes ejerciendo sus derechos a la libertad de expresión, además de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución cubana aprobada en 2019.

Al mismo tiempo, instan al gobierno cubano a liberar de inmediato y sin condiciones al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y al youtuber e influencer Yoandi Montiel (conocido como “El Gato de Cuba”), quienes se encuentran detenidos de forma arbitraria desde hace varios meses acusados del delito de desacato por ejercer sus derechos a la libertad de expresión.

La Coalición por la Libertad de Asociación está conformada en la actualidad por 21 organizaciones de la sociedad civil y se creó formalmente en febrero de 2021 con el propósito de ejercer la solidaridad democrática entre colegas de la sociedad civil, reclamando de manera coordinada el reconocimiento del derecho a la libertad de asociación en países donde se registran severas restricciones, uniendo las voces de sus miembros para amplificar el alcance del pedido. La labor de la Coalición se ha enfocado inicialmente en América Latina y el Caribe.

El Estado cubano restringe de forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso. “Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes, así como artistas o a ciudadanos que buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social”, según señala el informe sobre la libertad de expresión en Cuba publicado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2018.

Tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba en reclamo por mejores condiciones de vida, a la que se sumaron miles de personas en forma espontánea y generaron atención internacional en una isla poco habituada a las manifestaciones públicas contra el poder, la represión gubernamental en contra de la oposición pacífica ha recrudecido y se ha intensificado. De hecho, las autoridades han incrementado las restricciones a partir de nuevas regulaciones sobre las telecomunicaciones, en busca de reforzar la censura informativa y ampliar el control oficial.

Según un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hasta febrero todavía seguían presas en Cuba más de 700 personas por su participación en las protestas. La CIDH indicó que, según información oficial de 24 de enero, la fiscalía general de la República de Cuba registró un total de 790 personas acusadas de “actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. Además, se impondrían sanciones de hasta 30 años de prisión según la gravedad de los hechos, señala el comunicado.

En agosto pasado, el gobierno cubano dispuso nuevas medidas que criminalizan el acto de compartir información “falsa” y “ofensiva” en internet, y extienden las facultades de las autoridades para restringir la libertad de expresión en el ciberespacio, según informó en su momento el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Se trata del Decreto-Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico”; las resoluciones 105, 107 y 108, relativas a la ciberseguridad y el uso de las redes de telecomunicaciones, y el Decreto 42, relativo a las tecnologías de la información y la comunicación.

Las normas no definen los términos “información falsa” ni otros como “la seguridad colectiva, el bienestar general y la moralidad pública” pero buscan claramente fortalecer el control gubernamental sobre el contenido de las redes sociales.

En una carta a las autoridades cubanas, los relatores para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (Irene Khan), sobre los derechos sobre la libertad reunión pacífica y asociación (Clement Nyaletsossi Voule) y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos (Mary Lawlor) analizaron el Decreto 35 y normas conexas y advirtieron que las normativas “podrían utilizarse para restringir la libertad de expresión de manera incompatible con lo permitido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al igual que la libertad de reunión pacífica y de asociación de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la citada Declaración”.

En Cuba el proveedor de servicio de Internet estatal, ETECSA tiene órdenes de bloquear contenido objetable, e impide el acceso a algunos blogs y plataformas de noticias críticos al gobierno. Las autoridades embisten contra periodistas críticos, activistas pacíficos y disidentes políticos mediante el acoso, el hostigamiento, la intimidación, la vigilancia física y digital, las detenciones arbitrarias, los registros de viviendas y las confiscaciones de equipos. En muchas ocasiones periodistas, activistas y disidentes se ven forzados al exilio.

Más recientemente, en enero de este año, el Tribunal Supremo de Cuba presentó un proyecto de ley que modificará el artículo 143 del Código Penal y prohibirá a los y las ciudadanas cubanas recibir fondos extranjeros, una medida que permitiría a las autoridades del Estado amordazar a la prensa independiente que depende de este tipo de financiamiento para realizar sus actividades, una iniciativa que estipula penas de hasta 10 años de prisión.

El comunicado conjunto recordó también que el encarcelamiento de periodistas en represalia por su labor informativa independiente, viola las normas más básicas del Derecho Internacional, entre ellas el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza a todo individuo el derecho “de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías especiales han destacado que la protesta social es un mecanismo esencial para asegurar el respeto y la garantía a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conforme ha señalado en el informe sobre Protesta y Derechos Humanos, exhortando a las autoridades a canalizar el descontento social a partir del diálogo y la escucha activa de los reclamos ciudadanos tomando las medidas que resulten necesarias para su satisfacción.

Suscriberon la declaración la Coalición por la Libertad de Asociación, los exrelatores para la libertad de expresión de la CIDH Santiago Cantón, Eduardo Bertoni, Ignacio Alvarez, Catalina Botero Marino y Edison Lanza, así como los periodistas Daniel Coronell (Colombia), Gustavo Gorriti (Perú), Raúl Peñaranda (Bolivia), Alejandra Matus (Chile), Janeth Hinostroza (Ecuador), José Rubén Zamora (Guatemala), Mauri König (Brasil), César Batiz (Venezuela), Octavio Enriquez (Nicaragua), Norma Morandini (Argentina), Javier Garza (México) y Eduardo Ulibarri (Costa Rica).

LA NACION

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