Cuándo se vota el fin del impuesto a la propiedad en Florida: DeSantis lo dejó en manos de los residentes

En Florida, el gobernador Ron DeSantis promovió una ley que abre la puerta a eliminar el impuesto a la propiedad, pero dejó la decisión final en manos de los votantes, que deberán pronunciarse en una enmienda constitucional en la elección general de noviembre de 2026 a través de un referendo estatal que definirá el futuro del tributo.

A partir de esa votación, los residentes decidirán si se reemplaza el actual sistema de financiamiento basado en el impuesto a la propiedad por un esquema centrado en otros tributos al consumo, lo que reconfiguraría la manera en que se sostienen escuelas, servicios locales y gobiernos de condado en todo el estado. En un contexto de fuerte aumento de la renta y del costo de la vivienda, la iniciativa genera expectativas y dudas entre propietarios, inquilinos e inmigrantes latinos que viven en Florida y dependen de servicios públicos financiados con esos recursos.

• La ley de implementación establece que la eliminación del impuesto a la propiedad no será automática: primero debe aprobarse una enmienda constitucional en un referendo en noviembre de 2026, donde se requiere una mayoría calificada de los votantes.
• Si la enmienda obtiene el apoyo necesario, comienza un periodo de transición en el que se irán reduciendo gradualmente las tasas del impuesto a la propiedad mientras se incrementan otros tributos previstos en la reforma, con plazos y porcentajes ya definidos en la guía oficial.
• Hasta que no se complete esa transición, los gobiernos locales seguirán cobrando el impuesto, aunque con límites y topes fijados por la nueva ley, lo que da un margen para que condados y ciudades ajusten sus presupuestos.

• La propuesta de Ron DeSantis busca avanzar hacia un modelo en el que la recaudación dependa más de los impuestos al consumo y menos de la propiedad, con el argumento de que así se aliviará la carga sobre propietarios y se incentivará la inversión en vivienda.
• El plan incluye un rediseño del sistema de ingresos estatales y locales, con nuevas fuentes de financiamiento y ajustes en tributos existentes, para compensar lo que hoy se recauda por la propiedad y evitar un vacío presupuestario inmediato.
• Sin embargo, la propia ley reconoce que será necesario que la Legislatura estatal apruebe normas adicionales en los próximos años para afinar los detalles de la transición y asegurar que los servicios esenciales sigan financiados.

• Para propietarios de vivienda, especialmente quienes pagan hipotecas y impuestos elevados, la eliminación gradual del impuesto a la propiedad podría traducirse en un alivio directo en sus costos anuales, aunque el resultado final dependerá de cuánto aumenten otros tributos.
• Para inquilinos, el efecto es menos directo: si bien en teoría un menor costo impositivo podría aliviar la presión sobre la renta, también existe el riesgo de que nuevos impuestos al consumo encarezcan el costo de vida general, algo que afecta de lleno a familias latinas de bajos ingresos.
• Los gobiernos locales, que dependen fuertemente del impuesto a la propiedad para financiar escuelas, seguridad, transporte y servicios sociales, enfrentan el desafío de ajustar sus presupuestos y planificar a largo plazo en un escenario de cambios graduales y posibles nuevas fuentes de ingresos.

• Florida tiene una de las mayores poblaciones latinas del país, con muchas familias que comparten vivienda, alquilan o están comprando su primera casa; para ellas, cualquier cambio en impuestos a la propiedad y en la estructura de financiamiento público impacta tanto en los costos de vivienda como en la calidad de los servicios disponibles.
• La decisión de someter la reforma a referendo implica que la comunidad latina, si se informa y participa, puede influir directamente en el resultado, ya sea apoyando la eliminación del impuesto a la propiedad o defendiendo el modelo actual con ajustes parciales.
• En ciudades y condados donde los latinos concentran buena parte de la población, el voto de estas comunidades será clave para definir si el estado cambia de manera estructural la forma en que financia sus servicios y cómo reparte la carga fiscal entre propietarios, consumidores y empresas.

Para residentes latinos en Florida, la clave de esta reforma es entender que nada cambia de un día para otro: primero se vota una enmienda en noviembre de 2026 y, sólo si se aprueba, arranca una transición con plazos definidos. Durante ese periodo, seguirán pagando el impuesto a la propiedad, pero con ajustes, mientras el estado activa nuevos mecanismos de recaudación. Propietarios de vivienda podrían ver reducciones graduales en sus facturas, pero deben estar atentos a cómo se reconfigura el sistema de impuestos al consumo y qué impacto tendrá en el presupuesto familiar.

Inquilinos, por su parte, deberían observar cómo reaccionan los mercados de renta y qué decisiones toman los gobiernos locales frente a posibles recortes de ingresos. En todos los casos, la participación informada en el referendo será decisiva para definir el modelo fiscal que sostendrá escuelas, transporte y servicios esenciales de los que dependen miles de familias latinas en Florida.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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