DeSantis, bajo la lupa: jueces investigan por qué Florida quitó Medicaid a beneficiarios

Un panel del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos cuestionó el miércoles 12 de agosto a la administración de Ron DeSantis por la forma en que Florida comunicó la pérdida de Medicaid a beneficiarios dados de baja del programa. Los jueces analizaron si esas personas recibieron información suficiente para conocer las razones de la decisión y ejercer su derecho a apelarla.

De acuerdo con Florida Phoenix, los jueces Adalberto Jordan, Barbara Lagoa y Robin Rosenbaum interrogaron al abogado estatal Andy Bardos durante la audiencia. El debate se concentró en el contenido de las notificaciones y en si cumplían con las garantías del debido proceso.

Bardos sostuvo que las comunicaciones indicaban la decisión adoptada, la fecha en que entraría en vigor y un motivo general para la baja. Jordan puso en duda que esos elementos fueran suficientes para que cada destinatario pudiera comprobar cómo se había determinado su elegibilidad.

El magistrado planteó que las cartas podrían haber incluido información sobre los ingresos, otros recursos económicos, los gastos y la cantidad de hijos de cada hogar. También señaló que los avisos no precisaban cuánto superaba cada persona el límite económico establecido para conservar la cobertura.

Ante la explicación del representante estatal, Jordan fue contundente: “Esto es bastante malo”. Lagoa planteó que, si una persona no conoce el motivo concreto de una decisión, tampoco puede saber con precisión qué aspecto debe cuestionar durante una apelación. “No puedes ser escuchado si no sabes contra qué estás objetando”, afirmó la jueza.

Los especialistas de Florida Phoenix aclararon que la audiencia forma parte de una disputa iniciada en 2023 por organizaciones que representan a beneficiarios. El reclamo sostiene que algunas personas perdieron la cobertura de manera incorrecta y que las comunicaciones utilizadas por Florida no explicaban adecuadamente cómo se había tomado cada determinación.

En enero de 2026, la jueza federal Marcia Morales Howard falló contra el Estado. En una resolución de 273 páginas, concluyó que las notificaciones eran “vagas, confusas y a menudo incorrectas y engañosas” y ordenó a Florida emitir avisos correctivos a los integrantes de la clase afectados por bajas vinculadas con sus ingresos, con información suficiente para evaluar la decisión y ejercer su derecho a impugnarla.

La magistrada estableció que las nuevas comunicaciones debían permitir a los destinatarios determinar si la decisión estatal era correcta. Entre la información requerida incluyó el tamaño del hogar, los ingresos computables establecidos por el Estado y la categoría de elegibilidad correspondiente.

Florida apeló esa resolución. El caso llegó al Undécimo Circuito, donde el panel escuchó los argumentos de la administración y dejó planteadas sus dudas sobre la suficiencia de las notificaciones.

Según Florida Phoenix, el origen del conflicto se encuentra en el proceso de revisión de la cobertura que comenzó después de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Durante la pandemia, el gobierno federal incrementó en 6,2 puntos porcentuales su tasa de aporte a Medicaid y condicionó ese aumento a que los estados mantuvieran la cobertura de los beneficiarios.

La obligación de mantener esa cobertura terminó el 31 de marzo de 2023. Florida comenzó al día siguiente el proceso conocido como unwinding, destinado a determinar nuevamente quiénes cumplían con los requisitos del programa.

El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF, por sus siglas en inglés) volvió a evaluar la elegibilidad de más de cuatro millones de personas durante el período siguiente. Ese procedimiento permitió detectar quiénes seguían reuniendo las condiciones y quiénes dejaban de cumplirlas.

El litigio se concentró particularmente en los beneficiarios de programas vinculados con los ingresos familiares. La jueza Morales Howard señaló que entre ellos había mujeres embarazadas y en el período posterior al parto, bebés y niños, considerados entre los grupos más vulnerables alcanzados por el sistema.

Ahora, el tribunal de apelaciones deberá resolver si mantiene la decisión de primera instancia y si las comunicaciones utilizadas por Florida cumplen con las garantías constitucionales de debido proceso antes de retirar una cobertura sanitaria.