Oficial: DeSantis debe explicar cómo usó más de US$500 millones para aplicar la ley de inmigración en Florida

La administración Ron DeSantis acumula casi un mes de demora en la presentación de un informe exigido por la Legislatura de Florida. El documento debía incluir el saldo proyectado del fondo al cierre del año, un estado actualizado de flujo de caja, los reembolsos federales pendientes y recibidos, el inventario y los activos adquiridos, y las facturas todavía pendientes.

Según un reporte de Tampa Bay Times, la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés) debía presentar el reporte el 15 de julio ante los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. Sin embargo, hasta el momento no entregó la documentación requerida ni informó cuándo estará disponible.

La obligación surgió de la ley SB 7040, aprobada por la Legislatura y firmada por DeSantis el 29 de junio. La norma estableció nuevos mecanismos de control sobre el Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias, después de que una parte importante de sus recursos fuera utilizada para operaciones vinculadas con la aplicación de las leyes de inmigración.

“Estoy consultando con la FDEM sobre el estado del informe y el motivo de la demora”, dijo el senador Nick DiCeglie, republicano de San Petersburgo e impulsor de la legislación, a Tampa Bay Times. “Espero que se cumplan los requisitos de presentación de informes establecidos por la Legislatura”, señaló.

Según los registros disponibles retomados por Florida Phoenix, durante el tiempo comprendido entre el 1° de julio de 2025 y el 30 de junio del año en curso se utilizaron entre US$564 millones y US$566 millones del fondo para políticas migratorias. El monto representa cerca del 63% de los US$890 millones administrados por la agencia durante ese período.

Los gastos migratorios superaron los recursos destinados en conjunto a otras emergencias, como huracanes, tormentas, inundaciones y operaciones de rescate. Desde 2023, el desembolso acumulado para estas actividades alcanzó aproximadamente US$573 millones, de los cuales cerca del 98% fue utilizado durante el último año fiscal.

Entre las operaciones financiadas figuran los centros de detención conocidos como Alligator Alcatraz y Deportation Depot. El uso de recursos originalmente destinados a responder ante emergencias naturales se habilitó mediante el estado de emergencia migratorio, que la administración de DeSantis renovó al menos 20 veces, según Florida Phoenix.

Los registros también mostraron distintos tipos de gastos asociados con estas operaciones. Entre ellos aparecen alrededor de US$479 mil destinados a vuelos en aviones privados para trasladar personal hacia y desde instalaciones de detención, además de más de US$156 mil en comidas adquiridas en restaurantes y bares.

Otro de los datos que deberá aclarar el informe es la situación financiera del fondo. Actualmente, la cuenta dispone de menos de US$7 millones, mientras que el estado mantiene obligaciones superiores a US$502 millones con empresas contratadas para construir y operar instalaciones relacionadas con las operaciones migratorias.

El valor de los contratos vinculados con estas actividades se calcula en aproximadamente US$1010 millones. Entre los desembolsos registrados aparece también una partida de US$92 millones destinada a una empresa de servicios de baños portátiles.

La situación se suma a las dudas sobre los reintegros federales. De acuerdo con Tampa Bay Times, Florida había proyectado recibir US$608.4 millones por estos gastos, pero hasta ahora ingresaron US$84.6 millones. La diferencia constituye otro de los puntos que la Legislatura pretende conocer mediante el reporte obligatorio.

En lugar del informe requerido, la agencia entregó hasta ahora cinco hojas de cálculo. Según los cuestionamientos planteados, esos documentos no contienen toda la información exigida por la legislación ni sustituyen el reporte formal establecido para el seguimiento trimestral.

Desde la entrada en vigor de la SB 7040, el 29 de junio de 2026, el dinero del fondo no puede utilizarse para comprar aeronaves, barcos ni vehículos motorizados, aunque la ley permite su arrendamiento de corto plazo para responder a una emergencia.

la legislación estableció que el primer informe debía presentarse el 15 de julio de 2026 y que, posteriormente, FDEM deberá entregar nuevos reportes a más tardar el día 15 del mes siguiente a cada trimestre.