Firmada por DeSantis en Florida: la nueva ley que impacta a migrantes con visa de estudiante

El 1° de julio entrarán en vigor distintas leyes en Florida. Entre ellas, figura una medida que impactará a migrantes con visa de estudiante. Firmada por el gobernador Ron DeSantis, la HB 1471 obligará a expulsar a alumnos que sean considerados promotores o apoyos de organizaciones designadas como “terroristas”.

Florida comenzará a aplicar en julio la HB 1471, firmada por DeSantis a principios de abril, e introducirá reformas en las instituciones educativas. Conocida también como “Sistemas Jurídicos y Organizaciones Terroristas”, la legislación establece que una persona comete un delito si se convierte voluntariamente en miembro de una organización terrorista doméstica y actúa bajo la dirección o el control del grupo con la intención prevista por la norma.

“Para defender el estado de derecho, nuestro estado debe operar bajo un único sistema legal, la Constitución debe seguir siendo la ley suprema de EE.UU. y debemos defender nuestras instituciones de quienes pretenden perjudicarnos, especialmente de las organizaciones terroristas que buscan infiltrarse y subvertir nuestro sistema educativo”, declaró el gobernador al anunciar la medida.

Con su entrada en vigor, las agencias estatales, subdivisiones políticas y distritos de escuelas públicas no podrán destinar fondos públicos a apoyar a organizaciones designadas como terroristas.

Además, los estudiantes que promuevan a una organización terrorista doméstica o extranjera podrán ser expulsados de inmediato. Junto con esto, las universidades deberán reportar al ICE el estatus de los estudiantes con visa que sean expulsados por apoyar o promover organizaciones designadas.

Una de las principales críticas a la medida promulgada por el gobernador republicano apunta a la forma en que las autoridades determinarán cuándo una organización será considerada terrorista. El proyecto otorga nuevas facultades para identificar y registrar estas organizaciones:

• Autoridad: jefe de Seguridad Interna estaría habilitado para designar a una organización como terrorista, ya sea doméstica o extranjera.
• Proceso de aprobación: antes de realizar una designación, el jefe debería notificar por escrito al gobernador y al Gabinete. Estos últimos decidirían si aprobar o rechazar la designación mediante un voto de mayoría.

A principios de marzo, cuando el proyecto aún era debatido por los legisladores, la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó un comunicado en el que condenó el proyecto.

“Los estudiantes que sean declarados responsables de ‘promocionar’ una organización designada se enfrentarían a la expulsión inmediata, la pérdida de la matrícula estatal y la revocación de su derecho a la ayuda financiera. El proyecto de ley no define claramente qué constituye ‘promoción’, lo que genera serias preocupaciones sobre su aplicación arbitraria y la posible restricción de la libertad de expresión”, expresó el grupo de defensa de los derechos de migrantes.

La organización también sostuvo que la aplicación de la disposición podría ser perjudicial para ciertos sectores de la población. “La historia nos demuestra que las leyes promulgadas en nombre de la seguridad se aplican con demasiada frecuencia de manera que reprimen la disidencia y afectan desproporcionadamente a las comunidades negras, latinas, musulmanas, inmigrantes y sectores políticamente marginados”, escribieron.

Por su parte, Jonathan Webber, director de políticas del Southern Poverty Law Center, advirtió que “viola principios constitucionales fundamentales” y cuestionó su legalidad. “Permite que una organización sea catalogada como organización terrorista nacional sin que el grupo, sus líderes o sus miembros tengan una condena penal previa. Eso constituye un castigo antes del debido proceso”, analizó, citado por WUSF.

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