La ley que firmó Ron DeSantis e impacta en los edificios y construcción de Florida
Desde el 1° de julio de 2025 entra en vigor una nueva regla que modifica el tratamiento legal y financiero de las demoliciones no autorizadas de estructuras históricas
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LA NACION
Una nueva ley aprobada en Florida impone fuertes consecuencias a quienes decidan derribar de manera ilegal inmuebles con valor histórico. El gobernador Ron DeSantis firmó la medida, conocida como SB 582, el 23 de mayo de 2025 y de esta manera estableció que una junta de cumplimiento del código o un magistrado especial podrán fijar sanciones económicas mucho más severas.
¿Qué cambia con la ley SB582?
La normativa se aplicará exclusivamente a edificaciones agregadas individualmente en el Registro Nacional de Lugares Históricos o aquellas que contribuyan a distritos reconocidos dentro del mismo registro. Según el nuevo marco, las multas podrán alcanzar hasta el 20% del valor justo de mercado del inmueble previo a su demolición.
Hasta ahora, las sanciones impuestas por arrasamientos ilegales en Florida estaban sujetas a topes diarios establecidos por ley, en montos que rara vez superaban los US$5000 por infracción. Con la entrada en vigor de esta nueva ley, se abre la posibilidad de establecer sanciones proporcionales al valor del bien afectado, especialmente en el caso de inmuebles considerados patrimonio histórico.
De acuerdo con el texto legal, una junta local de cumplimiento del código municipal o un magistrado con autoridad podrá dictaminar sanciones más altas si se demuestra que la demolición fue realizada sin permisos válidos o como consecuencia directa de la negligencia del propietario o desarrollador.
Nueva ley en Florida: las multas según el valor del inmueble
El monto máximo de sanción no podrá exceder el 20% del valor justo de mercado de la propiedad, según lo determine la oficina local del tasador de bienes raíces. Esto significa que un edificio valorado en US$1 millón podría significar una multa de hasta US$200 mil si es demolido sin autorización.
La ley establece que para aplicar esta sanción más severa, la autoridad competente deberá contar con evidencia concluyente que demuestre que el acto fue voluntario o que no se tomaron las medidas necesarias para preservar la integridad del inmueble.
¿A quién afecta la nueva ley de Florida?
La nueva ley impacta principalmente a desarrolladores, propietarios de inmuebles antiguos y empresas de construcción que operan en ciudades con alta densidad de edificios históricos, como Miami, St. Augustine, Tampa y otras zonas con patrimonio reconocido.
La normativa también contempla sanciones agravadas en casos de reincidencia, y permite a las municipalidades más grandes, con una población igual o superior a 50.000 habitantes, adoptar ordenanzas que eleven aún más los montos máximos de multa por demolición ilegal.
Además de las multas, autoriza a los gobiernos locales a imponer gravámenes sobre las propiedades donde ocurrieron las infracciones. Estos pueden ser ejecutables a través del sistema judicial e incluyen embargos sobre otros bienes del infractor.
En situaciones donde una propiedad incumpla normativas de preservación histórica, el gobierno local podrá realizar reparaciones básicas para garantizar la seguridad pública y luego cobrar al infractor por los gastos, junto con la multa correspondiente.
La ley también incluye una cláusula para reducir las multas en casos donde el propietario tome medidas para corregir la infracción de forma rápida y cooperativa. En este sentido, se aplican criterios como la gravedad del daño, el historial del infractor y las acciones correctivas realizadas.
¿Cuándo entra en vigor?
La ley entrará en vigor oficialmente el 1° de julio de 2025. A partir de esa fecha, cualquier destrucción de un edificio registrado históricamente, realizada sin la documentación correspondiente o como resultado de negligencia comprobada, podrá acarrear sanciones mucho más severas que las previstas hasta ahora.
Con esta iniciativa, el gobierno de Florida busca frenar una tendencia creciente en algunas zonas urbanas donde edificios históricos han sido demolidos para dar paso a nuevos desarrollos. Si bien existe un marco regulador que requiere permisos específicos para intervenir en este tipo de construcciones, en los hechos han ocurrido numerosos arrasamientos sin autorización formal.
La ley SB582 apunta a fortalecer la preservación del patrimonio urbano y a disuadir futuras demoliciones sin la debida evaluación técnica y legal.
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