Rebelión en Florida: una jueza frena temporalmente la ley antiinmigrante firmada por Ron DeSantis
El gobierno del Estado Soleado deberá preparar una apelación antes del 18 de abril, en la cual esgrima los argumentos de por qué la SB4-C debería volver a estar vigente
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LA NACION
Florida se convirtió en el epicentro de una intensa disputa legal después de que una jueza federal bloqueara temporalmente la aplicación de la polémica ley SB 4-C, promovida por el gobernador Ron DeSantis. La norma, que criminalizaba la entrada y reingreso de inmigrantes indocumentados al territorio del Estado Soleado, enfrentó un duro revés judicial al ser considerada inconstitucional.
El fallo que congeló la ley antiinmigrante de DeSantis: “Es inconstitucional”
La jueza Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, emitió una orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) que paraliza la SB 4-C durante al menos 14 días.
La medida responde a una demanda presentada por la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés), junto a dos afectados directos: “V.V.”, una mujer deportada que reingresó en 2014 y vive con sus cuatro hijos ciudadanos, e “Y.M.”, una madre que lleva más de 20 años en EE.UU. y que viaja periódicamente con su hijo discapacitado.
- Los argumentos clave: la jueza consideró que la ley invade competencias federales, contradice la Cláusula de Supremacía de la Constitución y afecta el comercio interestatal al restringir el movimiento de personas.
- Riesgo inminente: los demandantes demostraron que ya hubo arrestos bajo la SB 4-C, como los reportados por el sheriff del condado de Brevard, quien admitió aplicar la norma “seis o siete veces por semana”.
- Daño irreparable: la Corte destacó que la detención obligatoria y las penas de prisión (nueve meses mínimo por primera entrada ilegal) generaban un perjuicio irreversible.
¿Por qué la ley es controvertida? Los argumentos de la jueza contra DeSantis
La SB 4-C, vigente desde febrero de 2025, creaba dos delitos estatales: “entrada ilegal” y “reingreso ilegal” de adultos indocumentados, con penas más duras que las federales. Además, negaba la libertad bajo fianza y obligaba a jueces a presumir que los acusados eran un “riesgo de fuga”. Para los críticos y los demandantes, esto convertía a Florida en un territorio hostil, donde hasta un viaje familiar podía terminar en prisión.
En su fallo, la jueza Williams respaldó los argumentos de los demandantes:
- Jerarquía federal: el gobierno de Estados Unidos tiene autoridad exclusiva en inmigración, según fallos históricos como “Arizona vs. Estados Unidos”, de 2012. La SB 4-C duplicaba normas federales, pero con castigos más severos, lo que generaba conflictos en la escala jerárquica.
- Cláusula de comercio: la ley discriminaba el tránsito interestatal al criminalizar solo a ciertos no ciudadanos, algo que tribunales ya rechazaron en casos como “Edwards vs. California”, de 1941.
Reacciones y próximos pasos: ¿Qué pasará con la ley antiinmigrante de DeSantis?
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Americans for Immigrant Justice celebraron el fallo. “Es un recordatorio de que los estados no pueden ignorar la Constitución”, declaró Bacardi Jackson, de la ACLU Florida. Por su parte, el gobierno de DeSantis podría apelar antes de la audiencia del 18 de abril, donde se decidirá si la suspensión se hace permanente.
Aunque la TRO es provisional, su impacto simbólico es profundo: marca la primera derrota legal de una ola de leyes antiinmigrantes en estados republicanos. Sin embargo, la batalla está lejos de terminar. Como advirtió Paul R. Chavez, abogado de los demandantes, “la SB 4-C sembró miedo, pero hoy la Justicia dijo basta”.
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