Revés para DeSantis: legisladores republicanos exigen mensajes de texto y correos de su administración por esta razón

Legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de Florida exigieron el pasado viernes correos electrónicos, mensajes de texto y documentos oficiales a cinco agencias estatales de la administración de Ron DeSantis y a la Guardia Estatal. La decisión se enmarca en una investigación sobre posible uso ineficiente de fondos públicos, donde se incluye una polémica donación a una organización vinculada Casey DeSantis, la primera dama floridense.

Florida: investigan el uso de gastos ejecutivos millonarios de la administración Ron DeSantis

De acuerdo a The Miami Herald, las cartas que solicitan documentación de la administración DeSantis, firmadas por el presidente del Comité de Presupuesto, Lawrence McClure, apuntan a revisar gastos ejecutivos que incluyen viajes, convenios y una donación millonaria a Hope Florida, fundada por Casey DeSantis.

La información requerida abarca desde julio de 2017 hasta la actualidad. Incluye registros contables, contratos, transcripciones de reuniones, correos electrónicos y mensajes de texto. El plazo para presentar la documentación vence el 16 de mayo.

Dentro de los pedidos, la Cámara de Representantes exige explicaciones y detalles sobre:

• Un total de 2279 vehículos estatales valuados en conjunto en 57 millones de dólares, cuyo paradero actual se desconoce, según una auditoría estatal.
• Gastos de viaje de altos funcionarios y la inversión destinada a la capacitación y despliegue de la Guardia Estatal de Florida.

Investigan una millonaria donación a Hope Florida, fundada por Casey DeSantis

Uno de los focos de la indagación es Hope Florida, un programa impulsado por la primera dama del estado, Casey DeSantis, y financiado por una organización benéfica que recibió US$10 millones tras un acuerdo judicial. El monto provino de una conciliación entre una agencia estatal y Centene, la mayor contratista de Medicaid en Florida.

Esta semana, el gobernador defendió la decisión y cuestionó a los legisladores que plantearon dudas sobre el proceso. Según él, se trata de “legisladores liberales” que buscan perjudicar a su esposa.

No obstante, el presidente de la Cámara, Daniel Pérez, afirmó que la transferencia podría ser ilegal. En específico, dijo que la ley estatal obliga a que el dinero obtenido en conciliaciones se deposite en un fondo fiduciario o en el fondo general del estado, lo que no se cumplió en este caso.

Posibles citaciones si no entregan la documentación exigida en Florida

El presidente de la Cámara, contrario al gobernador dentro del propio Partido Republicano, advirtió que si las agencias no entregan la información solicitada, podría avanzar con citaciones formales. En declaraciones a la prensa, Pérez dijo que no descarta utilizar mecanismos legales para obtener los datos.

Por su parte, el despacho de DeSantis respondió que los organismos estatales ya invirtieron cientos de horas en reuniones y en la producción de documentos. Además, tildó la nueva exigencia como una “acción performática” por parte de la Cámara de Representantes.

Las cartas entregadas el viernes también solicitan detalles sobre acuerdos judiciales previos o en curso, así como también toda comunicación entre las agencias estatales, la Guardia Estatal y Hope Florida o su entidad benefactora.

Preocupación en la Cámara de Representantes por la falta de cooperación de Ron DeSantis

Mientras tanto, los legisladores expresaron frustración por la escasa colaboración del gobierno de DeSantis en las audiencias recientes de comité. Si bien algunas reuniones resultaron útiles, McClure indicó que las agencias todavía no aportaron la totalidad de la información necesaria.

“Estoy seguro de que ustedes, como organismo público, comparten nuestro compromiso con la total transparencia y rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos”, escribió McClure en las cartas emitidas el viernes.

“En ese espíritu, espero contar con su plena y pronta colaboración para responder a esta solicitud”, finalizó. La respuesta del Ejecutivo y el cumplimiento del plazo del 16 de mayo definirán los próximos pasos.

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