Ron DeSantis firmó la ley HB 913: las nuevas medidas que impactan a los propietarios de condominios de Florida

El gobernador Ron DeSantis firmó una ley que promete transformar la vida de miles de propietarios en condominios de Florida. El nuevo marco legal apunta a resolver problemas de transparencia, reducir costos para los residentes y reforzar los controles sobre las asociaciones de propietarios. Con un paquete legislativo que incluye la ley HB 913 y también la HB 393, el gobierno dar respuesta a los reclamos de los vecinos en esta materia.

En un acto realizado en Clearwater, el mandatario afirmó que estas reformas “proporcionarán alivio financiero y flexibilidad, fortalecerán la supervisión sobre las asociaciones y darán más poder a los propietarios de unidades”. Las modificaciones alcanzan aspectos estructurales y administrativos de los condominios, y tienen como trasfondo el creciente malestar por la falta de transparencia, el encarecimiento de las cuotas y el temor ante la seguridad edilicia.

Una de las principales preocupaciones que motivaron esta reforma fue el peso económico de las medidas de seguridad obligatorias en los edificios. La ley HB 913 introduce ajustes importantes para facilitar el cumplimiento sin comprometer la estabilidad financiera de los propietarios.

• Se otorgó una prórroga de un año para realizar el estudio de reservas obligatorio, lo que ofrece tiempo adicional antes de que los edificios deban prever el dinero necesario para reparaciones estructurales futuras.
• Se permite una suspensión de hasta dos años en las contribuciones al fondo de reserva, siempre que los recursos se destinen a arreglos críticos detectados en una inspección clave.
• El umbral para los trabajos que deben ser incluidos en el estudio de integridad estructural (SIRS, por sus siglas en inglés) aumentó de 10.000 a 25.000 dólares, lo que permite enfocar los recursos en reparaciones de mayor envergadura.
• Se abren alternativas para financiar el fondo de reserva cuando los elementos aún tienen una vida útil estimada, lo que otorga más margen de maniobra a las asociaciones.

Estas medidas no solo alivian la carga económica, sino que buscan garantizar que las reparaciones esenciales no se posterguen por falta de fondos.

La nueva legislación también pone el foco en la relación entre los propietarios y las asociaciones que administran los complejos, al introducir mecanismos de fiscalización, participación y acceso a la información.

• Las juntas y los propietarios podrán cancelar contratos si los administradores no respetan la legislación estatal.
• Los gerentes cuyas licencias hayan sido revocadas por el Departamento de Regulación Comercial y Profesional (DBPR, por sus siglas en inglés) no podrán reincorporarse al rubro por al menos una década, ni siquiera como parte de empresas gestoras.
• Se exigirá la divulgación de posibles conflictos de intereses y se establecerá la obligación de realizar licitaciones abiertas para trabajos de mantenimiento, lo que apunta a evitar negocios internos que perjudiquen a los vecinos.

Además, las asociaciones deberán facilitar la publicación online de información y documentos relevantes. Esto permitirá a los residentes comprender en mayor detalle cómo se toman las decisiones, cómo se administran los recursos y qué obras están previstas.

• Se habilita la entrega de documentación por medios electrónicos, lo que reduce demoras y costos operativos.
• Se impulsará el uso de videoconferencias y votación electrónica para fomentar la participación en las asambleas comunitarias.
• Las asociaciones deberán reportar información estructural al DBPR y detallar aspectos organizativos para facilitar la supervisión estatal.
• Se establecerá el intercambio de datos entre gobiernos locales y organismos estatales, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las normativas de seguridad y evaluar el alcance de las reformas.

Uno de los puntos centrales de la nueva legislación es garantizar que los propietarios tengan pleno acceso a las finanzas de sus comunidades. La ley HB 913 dispone nuevas exigencias contables y refuerza los derechos de los vecinos a conocer en qué se gasta su dinero.

• Se obliga a las asociaciones a compartir los informes financieros con los propietarios, que incluyan los métodos y criterios utilizados para calcular el fondo estructural.
• El plazo para que los compradores potenciales analicen la situación financiera del condominio paso de tres a siete días, lo que les otorga más tiempo para tomar decisiones informadas.
• Las asociaciones dispondrán de más tiempo para completar sus balances detallados, pero deberán justificar los plazos y garantizar la precisión de los datos.