Alquileres en Chicago: cuándo los propietarios tendrían que pagar hasta US$5000 por no renovar un contrato

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentó una propuesta para reformar la ordenanza que regula los derechos y las obligaciones de propietarios e inquilinos desde hace cuatro décadas. Entre sus disposiciones, el plan podría exigir pagos de reubicación de entre 3000 y 5000 dólares cuando determinados arrendadores decidan no renovar un contrato sin que exista una falta del ocupante.

Johnson presentó el plan “Protecting Renters Ordinance” (PRO) ante el Concejo Municipal. Actualmente, los propietarios no están obligados a explicar por qué deciden no renovar un contrato.

Bajo la propuesta PRO, deberían informar una causa válida y pagar asistencia de reubicación cuando el inquilino no sea responsable de la terminación.

Según el Chicago Sun-Times, el pago rondaría entre US$3000 y US$5000 para la mayoría de los propietarios alcanzados, aunque el monto dependería de las condiciones previstas en la ordenanza.

La asistencia podría corresponder cuando el propietario decida no renovar para demoler el edificio, convertirlo en condominios o realizar una rehabilitación importante, siempre que el inquilino no haya provocado la terminación del contrato.

Los defensores del plan afirman que estas sumas mitigan el impacto del desplazamiento forzado. Según esta postura, el dinero ayuda a las familias a costear los depósitos y mudanzas en un mercado costoso.

El plan de Johnson mantiene la exención vigente para los propietarios que viven en edificios de seis unidades o menos. Esas propiedades quedarían fuera de la mayoría de las obligaciones contempladas por la ordenanza.

La mayoría de los propietarios que no entren en esa exención quedarían alcanzados por las nuevas obligaciones. Concejales y representantes del sector inmobiliario advierten que los costos adicionales podrían trasladarse a los alquileres, mientras que organizaciones de inquilinos rechazan ese argumento.

Un grupo de concejales moderados y conservadores presentó una propuesta alternativa denominada Fair and Accountable Illinois Rental Ordinance (FAIR), que sus impulsores describen como un modelo más equilibrado para propietarios e inquilinos.

La propuesta FAIR amplía la categoría de pequeño propietario hasta las 12 unidades de alquiler. Bajo este plan alternativo, el dueño no necesita vivir en el edificio para recibir exenciones.

Las organizaciones de inquilinos rechazan la propuesta de los concejales por considerarla perjudicial. Ellos argumentan que miles de personas perderían protecciones básicas con el plan FAIR.

Ambas propuestas coinciden en la necesidad de crear un registro obligatorio de unidades de alquiler. Este sistema permitiría rastrear la propiedad y hacer cumplir los códigos de edificación.

• El plan PRO del alcalde exige información detallada sobre los fideicomisos y las corporaciones propietarias. Los activistas buscan identificar a los dueños negligentes que se ocultan tras entidades legales.
• La propuesta FAIR pide únicamente la dirección del inmueble y un contacto para reparaciones. El concejal Gilbert Villegas sugiere el uso de inteligencia artificial para gestionar esta base de datos.

Johnson propone la creación de una nueva Oficina de Servicios de Vivienda de Alquiler. Esta agencia administraría el registro y garantizaría el respeto a los derechos de los ocupantes.

Los opositores prefieren que el Departamento de Edificios mantenga el control de estas funciones administrativas. Ellos rechazan el aumento de la burocracia estatal y la creación de nuevas tasas.

Chicago cuenta con más de 600 mil inquilinos que representan un bloque electoral importante. Por ello, según Chicago Sun Times, el futuro de los alquileres será un tema central en las próximas elecciones municipales.