En Illinois: alcalde de Chicago presentó el presupuesto 2027 y hay incertidumbre por nuevos impuestos

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentó el 21 de octubre un presupuesto de 17.600 millones de dólares para 2027, que incluye nuevos impuestos, inversiones en servicios públicos y recortes del gasto. La propuesta busca cerrar un déficit de US$882,4 millones, pero enfrenta la resistencia de una coalición de 29 concejales que cuestiona especialmente el gravamen sobre las grandes empresas.

De acuerdo con la presentación oficial del gobierno municipal y la cobertura de Block Club Chicago, el proyecto presupuestario, denominado Chicago’s Fair Share, contempla US$131,5 millones en nuevas inversiones y aproximadamente US$120 millones en ahorros y recortes de gastos.

Entre las principales medidas fiscales propuestas se encuentran:

• Impuesto sobre paquetes: un cargo de US$0,15 por cada envase o paquete no alimentario ni médico, incluidos los utilizados en entregas a domicilio. La medida busca recaudar aproximadamente US$9 millones durante 2027.
• Impuesto corporativo por empleado: las empresas que alcancen el umbral de 125 trabajadores equivalentes a tiempo completo pagarían US$25 mensuales por empleado. La administración estima una recaudación de US$101,8 millones, aunque el esquema contempla excepciones y créditos tributarios vinculados con el empleo en zonas desfavorecidas.
• Impuesto al arrendamiento de software y equipos: la tasa general del Personal Property Lease Transaction Tax (PPLT), que también alcanza determinados servicios informáticos y de computación en la nube, aumentaría del 15% al 20%. Los arrendamientos de vehículos conservarían una tasa del 15%, mientras que el alquiler de equipos de producción cinematográfica tendría una reducción al 11%. El gobierno municipal proyecta US$234 millones adicionales por estos cambios.
• Impuesto sobre apuestas deportivas: el gravamen municipal subiría del 10,25% al 20%, con una recaudación adicional estimada en US$37 millones. Sin embargo, el tributo enfrenta un cuestionamiento judicial sobre la autoridad de Chicago para aplicarlo.

La administración de Johnson presentó el impuesto como una medida para reducir los residuos de envases y embalajes utilizados en las compras en línea. Además, lo comparó con el gravamen existente sobre las bolsas utilizadas en los comercios.

En el caso del impuesto corporativo, las empresas podrían acceder a créditos tributarios por emplear residentes en áreas designadas como socioeconómicamente desfavorecidas. La propuesta busca incentivar la contratación y la inversión en sectores del sur y el oeste de la ciudad.

Una coalición de 29 concejales manifestó su rechazo a algunas propuestas de Johnson. Antes de la presentación del nuevo proyecto, el grupo había establecido tres condiciones para las conversaciones presupuestarias:

• Rechazar el impuesto corporativo por empleado y otros gravámenes que encarezcan la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo.
• Evitar un aumento del impuesto inmobiliario.
• No depender de fondos estatales que todavía no hayan sido aprobados.

La iniciativa de Johnson respeta las últimas dos condiciones, pero vuelve a incluir el impuesto a las grandes empresas, que concentra buena parte del conflicto político. El concejal Brendan Reilly, del distrito 42, cuestionó el enfoque del mandatario y consideró que el proyecto no refleja una negociación suficiente con los integrantes del Concejo Municipal.

La discusión también alcanza al aumento del PPLT. Nicole Lee, representante del distrito 11, señaló que la normativa municipal restringe nuevos incrementos de esa tasa antes de 2028, aunque el Concejo podría modificar esa disposición para habilitar el cambio.

Otros integrantes del cuerpo legislativo expresaron preocupación por el impacto que una mayor carga tributaria podría tener sobre las empresas y la actividad económica local. Entre los opositores al impuesto corporativo se encuentran los concejales Bill Conway, del distrito 34, y Brian Hopkins, del distrito 2.

Por su parte, Andre Vasquez, representante del distrito 40, adoptó una postura más matizada. Aunque se mostró dispuesto a evaluar algunas medidas tributarias, manifestó preocupación por el nivel de endeudamiento que contempla el presupuesto.

Johnson defendió su propuesta al sostener que las grandes corporaciones deben contribuir al financiamiento de los servicios municipales y que el déficit no puede resolverse únicamente mediante reducciones del gasto.

El Concejo Municipal tiene plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar un presupuesto equilibrado que permita financiar el funcionamiento de Chicago durante el próximo año. La propuesta presentada por Johnson permanece bajo análisis legislativo y deberá atravesar las audiencias y negociaciones correspondientes antes de una eventual votación.

La coalición opositora anunció que buscará modificaciones al proyecto. Entre las alternativas planteadas por distintos concejales aparecen una mayor revisión de los gastos municipales, el cobro de deudas pendientes y la evaluación de programas que podrían financiarse con recursos existentes.

La administración también proyecta ingresos adicionales mediante la ampliación de Smart Streets, un programa que utiliza cámaras para detectar y sancionar a conductores que estacionan ilegalmente o bloquean carriles destinados a bicicletas y autobuses.

Según las estimaciones difundidas sobre el proyecto, su expansión a toda la ciudad permitiría obtener aproximadamente US$18 millones adicionales.

Otra medida contempla una amnistía de deudas por infracciones vehiculares, con la que el gobierno espera recaudar más de US$6 millones. El programa permitiría a determinados conductores regularizar multas pendientes mediante el pago de los importes originales, con la eliminación de cargos adicionales.