La Corte de EE.UU. examinó el derecho a la ciudadanía por nacimiento y Trump fue a la audiencia a meter presión
El presidente busca restringir el derecho constitucional para hijos de inmigrantes sin estatus legal o temporal; la Corte Suprema escucha los argumentos en un caso que podría redefinir un pilar histórico del país
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LA NACION
WASHINGTON.– El Tribunal Supremo de Estados Unidos volvió a colocarse en el centro de uno de los debates más sensibles de la política norteamericana contemporánea: la ciudadanía por derecho de nacimiento.
En una audiencia considerada entre las más trascendentales del periodo, los jueces analizaron si el presidente Donald Trump puede restringir este derecho a los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal.
El caso surge a partir de una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025, en el inicio de su segundo mandato, que busca poner fin a una práctica vigente desde hace más de un siglo: otorgar automáticamente la ciudadanía a casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense.
La medida, que aún no entró en vigor, fue bloqueada por múltiples tribunales inferiores que la consideraron probablemente inconstitucional. Ahora, la Corte Suprema deberá emitir un fallo definitivo, previsto para comienzos del verano boreal, que podría redefinir uno de los pilares del sistema legal estadounidense.
La ciudadanía por derecho de nacimiento se basa en el principio jurídico de ius soli, o “derecho de suelo“, que establece que una persona adquiere la nacionalidad del país en el que nace.
En Estados Unidos, este derecho está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil. Su objetivo inicial fue garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos y sus descendientes, en un intento de consolidar sus derechos civiles.
La enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos”. Con el tiempo, esa cláusula fue interpretada de manera amplia.
Un fallo clave llegó en 1898, en el caso Wong Kim Ark, cuando la Corte Suprema determinó que los hijos de inmigrantes —en ese caso, de origen chino— nacidos en territorio estadounidense tienen derecho a la ciudadanía, independientemente del estatus legal de sus padres.
Desde entonces, las excepciones han sido mínimas: principalmente, los hijos de diplomáticos extranjeros o de fuerzas de ocupación.
Aunque profundamente arraigada en Estados Unidos, la ciudadanía automática por nacimiento es una excepción a nivel global. La mayoría de las naciones se rigen por el principio de ius sanguinis (“derecho de sangre”), donde la ciudadanía se determina por la nacionalidad de los padres. En Europa, por ejemplo, ninguno de los 27 países de la Unión Europea concede ciudadanía automática sin condiciones a los hijos de extranjeros nacidos en su territorio.
El argumento de la administración Trump
El eje del planteo de la administración Trump se centra en una frase específica de la 14ª Enmienda: “sujetas a su jurisdicción”.
Según el gobierno, esa expresión permite excluir del derecho a los hijos de personas que se encuentran en el país de forma ilegal o temporal, ya que —argumenta— no tendrían una “lealtad plena” hacia Estados Unidos.
Trump asistió personalmente, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio en presenciar argumentos orales en la Corte Suprema. Su presencia generó expectativa dentro y fuera del tribunal, donde se congregaron observadores mientras su caravana recorría Washington.
Sin embargo, el mandatario permaneció poco más de una hora en la sala y, según trascendió, su interés estuvo centrado en escuchar la exposición del abogado del gobierno. Trump se retiró poco después de que el procurador general John Sauer concluyera su intervención, en la que sostuvo que el alcance de la enmienda fue pensado para personas con residencia estable (“domicilio”) en el país, y no para visitantes temporales o inmigrantes sin estatus legal.
Trump, que pretende eliminar esta práctica, redobló sus críticas y afirmó: “¡Somos el único país del mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por derecho de nacimiento!”.
El mandatario intensificó sus críticas al Poder Judicial, especialmente tras fallos adversos, y defendió públicamente su postura al señalar que la ciudadanía por nacimiento no debería extenderse a lo que considera “abusos” del sistema.
Escepticismo en la Corte
Los argumentos del gobierno encontraron resistencia tanto entre jueces conservadores como progresistas. Durante la audiencia, varios magistrados cuestionaron la interpretación restrictiva de la enmienda.
El juez Brett Kavanaugh sugirió que el Congreso, en leyes posteriores sobre ciudadanía, podría haber excluido explícitamente a ciertos grupos si esa hubiera sido la intención, lo que refuerza una lectura amplia del derecho.
Por su parte, la jueza Sonia Sotomayor planteó una preocupación de fondo: que aceptar la lógica del gobierno podría abrir la puerta a que futuras administraciones intenten retirar la ciudadanía a personas nacidas en el país.
Incluso el juez Samuel Alito, uno de los miembros más conservadores del tribunal, introdujo un matiz al plantear el “problema humanitario” de personas que han vivido durante años en Estados Unidos y consideran al país como su hogar.
Qué está en juego
Si la Corte Suprema avala la orden ejecutiva, podría producirse un cambio histórico en la definición de ciudadanía en Estados Unidos, con impacto directo en miles de niños nacidos en el país.
Además, la medida no solo afectaría a inmigrantes indocumentados, sino también a personas con estatus legal temporal, como estudiantes o trabajadores con visas.
Por el contrario, si el tribunal confirma los fallos de instancias inferiores, se reforzará la interpretación tradicional de la 14ª Enmienda y se limitará el alcance del poder presidencial para modificar derechos establecidos por la Constitución.
Agencias AP y Reuters
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