La Corte le da un respiro a Trump en las midterm elections y autoriza una herramienta para rastrear votantes ilegales

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden de emergencia este viernes 25 de septiembre que permite a los estados reanudar el uso de una base de datos federal para verificar la ciudadanía de los electores. La decisión otorga un triunfo temporal a la administración del presidente Donald Trump, en vísperas de las elecciones legislativas de medio término.

El tribunal dejó sin efecto de manera temporal las restricciones sobre la herramienta gubernamental denominada Verificación Sistemática del Extranjero para la Entrega de Beneficios. La orden autoriza a los gobiernos estatales a consultar el sistema del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para revisar sus padrones electorales.

Según AP, los jueces de la mayoría argumentaron que una ley federal de 1996 faculta a la agencia de seguridad a obtener datos sobre ciudadanía de otros organismos del gobierno. Asimismo, el dictamen señaló que la autoridad federal mantiene la obligación de responder a los estados que soliciten la verificación de datos.

Las tres magistradas del ala liberal del tribunal votaron en contra de la resolución oficial. La jueza Ketanji Brown Jackson sostuvo en su voto disidente que la base de datos acarrea el riesgo real de cancelar registros legítimos de ciudadanos.

Sin embargo, el impacto de la medida en los comicios del 3 de noviembre resulta limitado debido a las normas vigentes. La legislación federal prohíbe a la mayoría de los estados realizar depuraciones masivas de padrones dentro de los 90 días previos a la elección.

El fallo de la Corte Suprema suspende la sentencia dictada el 22 de junio de 2026 por la jueza federal Sparkle Sooknanan. En ese entonces, la magistrada declaró ilegal la versión modificada del programa al determinar que vulneraba las leyes de privacidad de los ciudadanos.

De acuerdo con otro reporte de AP, Sooknanan concluyó que la administración centralizó datos personales confidenciales para crear un registro nacional de votantes. La jueza advirtió que el mecanismo provocaba la eliminación errónea de votantes estadounidenses de las listas electorales.

Un tribunal de apelaciones mantuvo la vigencia del bloqueo dispuesto por la jueza Sooknanan antes de la intervención de la Corte Suprema. Los grupos querellantes, entre los que figura la Liga de Mujeres Votantes, denunciaron que las modificaciones al sistema violaron la protección de datos.

Las reformas implementadas en 2025 con la colaboración del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) permitieron procesar consultas masivas por miles de nombres. Las autoridades estatales revisaron al menos 67 millones de registros de votantes a través de esta herramienta desde abril de 2025.

Diversos condados registraron imprecisiones en las alertas generadas por la base de datos sobre presuntos ciudadanos no elegibles. El condado de Travis en Texas investigó a 97 votantes señalados por la plataforma y confirmó que entre el 10 y el 21% poseían la ciudadanía estadounidense.

En el condado de Denton en Texas, la revisión estatal provocó la cancelación temporal del registro de Anthony Nel, un ciudadano nacionalizado hace más de una década. Las organizaciones civiles señalaron que los ciudadanos nacionalizados enfrentan una vulnerabilidad mayor ante las inconsistencias del sistema.

La ley federal califica el voto de personas sin ciudadanía como un delito grave que conlleva penas de prisión y la deportación. Diversas investigaciones confirman que la participación de personas no ciudadanas en las elecciones representa un fenómeno infrecuente.

A mediados de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó otra petición de la administración para restringir el voto por correo. El uso de la base de datos por parte de los estados conserva un carácter voluntario durante el presente ciclo electoral.