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La Corte Suprema habilitó a Trump a seguir con la construcción de su polémico salón de baile en la Casa Blanca
Por 5 votos contra 4, el máximo tribunal dejó sin efecto una orden que frenaba las obras del proyecto de US$400 millones
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LA NACION
WASHINGTON.– La Corte Suprema de Estados Unidos le dio este lunes una importante victoria al presidente Donald Trump al permitir que continúe la construcción de su controvertido salón de baile en la Casa Blanca, una obra que avanzó pese a fallos inferiores que cuestionaron que pudiera realizarla sin autorización del Congreso.
En una decisión dividida de 5 votos contra 4, el tribunal suspendió la orden que habría obligado al gobierno a detener buena parte de los trabajos sobre la superficie. La resolución no determina, sin embargo, si Trump tiene autoridad legal para construir el complejo. La mayoría consideró que el National Trust for Historic Preservation, que llevó el caso a la Justicia, probablemente no puede demostrar el perjuicio concreto necesario para demandar.
La disputa gira alrededor de un proyecto de unos 8400 metros cuadrados que reemplaza a la demolida Ala Este. Trump sostuvo que el salón, pensado para unas 1000 personas, costará US$400 millones y será financiado con aportes privados. The Washington Post informó, a partir de facturas de contratistas, que el conjunto de las obras podría alcanzar los US$600 millones y que cerca de la mitad del costo recaería sobre los contribuyentes.
El proyecto no se limita a un espacio para cenas de Estado y recepciones. Debajo del salón se construye un complejo militar de cinco niveles, con refugios y un hospital para proteger al presidente y a otros altos funcionarios en una emergencia. Esa conexión se convirtió en una pieza central de la defensa oficial: funcionarios de inteligencia, seguridad y Defensa sostuvieron que la estructura sobre la superficie forma parte de un único proyecto y resulta necesaria para proteger las instalaciones subterráneas.
La Casa Blanca comenzó el proyecto en octubre de 2025 y completó en diciembre la demolición del Ala Este. El National Trust presentó una demanda y argumentó que una transformación de semejante escala no podía realizarse por decisión unilateral del Ejecutivo. Una ley federal prohíbe levantar edificios o estructuras en terrenos federales de Washington sin autorización expresa del Congreso.
En marzo, el juez federal Richard Leon ordenó detener la construcción sobre la superficie, aunque permitió que siguieran los trabajos subterráneos vinculados con instalaciones militares y de seguridad. La medida quedó suspendida mientras el gobierno apelaba. El 7 de agosto, una corte de apelaciones confirmó la decisión y sostuvo que el proyecto requería intervención del Congreso. El tribunal dio dos semanas al gobierno antes de que el freno entrara en vigor, lo que abrió el camino para un recurso de urgencia ante la Corte Suprema.
El presidente del máximo tribunal, John Roberts, había autorizado el 21 de agosto que las obras siguieran de manera provisoria mientras los jueces analizaban el caso. Este lunes, sin embargo, se apartó de la mayoría y se sumó a las tres juezas liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— en una dura disidencia.
Roberts sostuvo que la construcción “probablemente es ilegal” porque el Congreso nunca aprobó expresamente el nuevo edificio. También rechazó que las partidas habituales para mantenimiento y mejoras de la residencia presidencial pudieran interpretarse como una autorización para una ampliación de esta magnitud. “La decisión de hoy no es una victoria para la separación de poderes”, escribió.
La mayoría, en un fallo sin firma, evitó pronunciarse sobre ese punto. Su conclusión fue que el National Trust no demostró una lesión suficiente para tener legitimación judicial. La organización había presentado el testimonio de una especialista en arquitectura histórica de Washington que afirmó que el tamaño y diseño del edificio dañaban sus intereses estéticos, culturales e históricos. Para la mayoría, el desacuerdo o disgusto ante una acción del gobierno no basta para abrir una causa federal.
El tribunal también aceptó que el gobierno había presentado argumentos de seguridad nacional para sostener que una suspensión podía causar daños difíciles de revertir. Según documentos judiciales, las cuadrillas trabajan hasta 20 horas por día y la finalización completa está prevista para agosto de 2028.
La decisión permite a Trump avanzar con una de las mayores transformaciones de la Casa Blanca en décadas mientras continúa la discusión sobre los límites del poder presidencial. El caso volverá a tribunales inferiores, pero el ritmo de las obras puede resultar decisivo: una parte sustancial del nuevo complejo podría estar terminada antes de que la Justicia vuelva a pronunciarse.
Agencia AP y diarios The Washington Post y The New York Times
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