ICE y datos bancarios: la herramienta legal con la que puede exigir información sin una orden judicial

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza distintos recursos tecnológicos y fuentes privadas de información para desarrollar investigaciones migratorias. Entre los mecanismos disponibles se encuentra el subpoena, un requerimiento administrativo que permite solicitar documentos o registros a determinadas empresas.

“El ICE no tiene un cheque en blanco para pedir cualquier información de cualquier persona simplemente alegando seguridad nacional”, aseguró el abogado de inmigración Héctor Quiroga a Univision. “Una de las herramientas que tiene es el subpoena, que es, en términos sencillos, un requerimiento legal mediante el cual una autoridad puede exigirle a una persona o empresa que entregue determinados documentos, registros o información”, explicó.

La autoridad para utilizar este procedimiento surge de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés). Según el abogado, el pedido debe estar relacionado con datos considerados relevantes para la aplicación de las normas migratorias.

El subpoena no tiene las mismas características que una orden judicial. El ICE no obtiene mediante este mecanismo autorización para ingresar directamente a los sistemas de una empresa.

Además, la compañía que recibe el requerimiento puede cuestionar su alcance. Si se niega a entregar la información solicitada, el gobierno puede acudir a un tribunal federal para pedir que ordene el cumplimiento de la orden legal.

“La agencia sí tiene mecanismos legales para solicitar información financiera y sabemos, por documentos oficiales, que estos mecanismos se utilizan en la práctica”, señaló Quiroga. “Y esto nos muestra algo más amplio: la información que una persona entrega a una empresa privada puede terminar siendo utilizada en una investigación migratoria si el ICE obtiene legalmente acceso a esos registros”, explicó.

Una investigación de 404 Media, basada en documentos de adquisiciones del gobierno federal de EE.UU. y registros de compañías proveedoras, señaló como una de las vías el mercado comercial de información personal. Cuando una persona solicita una tarjeta de crédito o actualiza su domicilio de facturación, entrega datos que pueden incluir nombre, número de Seguro Social, teléfono, correo electrónico y dirección.

Parte de esa información puede llegar a los burós de crédito. Los datos básicos de identificación, conocidos como “credit headers”, reciben un tratamiento distinto al historial crediticio y pueden ser comercializados con empresas que reúnen información procedente de diferentes fuentes.

Entre esas compañías aparece Thomson Reuters, cuya plataforma Clear concentra registros que permiten realizar búsquedas sobre personas. De acuerdo con 404 Media, el ICE mantiene contratos para utilizar este tipo de servicios y sus agentes pueden consultar esos registros para intentar determinar domicilios u otros datos de localización.

Otra fuente de información son los sistemas automáticos de reconocimiento de matrículas. Cámaras instaladas en distintas comunidades pueden fotografiar vehículos y utilizar tecnología para identificar la matrícula, además de registrar características como marca, modelo y color.

Estos dispositivos también pueden detectar adhesivos y daños visibles en la carrocería. La información obtenida puede utilizarse para establecer dónde fue observado un vehículo y reconstruir determinados desplazamientos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró que “no mantiene un contrato con Flock Safety” en un comunicado enviado a Univision. La empresa, por su parte, sostuvo que sus datos no son compartidos automáticamente con agencias federales y que las organizaciones locales que instalan sus cámaras determinan las condiciones de acceso.

Ante consultas sobre el uso de bases privadas, el DHS sostuvo que emplea diferentes tecnologías para investigar actividades y respaldar sus funciones de aplicación de la ley, mientras afirmó respetar las libertades civiles y los derechos relacionados con la privacidad. La agencia también señaló que mantiene contratos para distintos servicios y que estos acuerdos están sujetos a las normas federales de adquisiciones.

“El intercambio de información entre agencias es esencial para identificar quién se encuentra en nuestro país, incluidos los delincuentes violentos, y determinar qué amenazas a la seguridad pública y al terrorismo pueden existir”, dijo el DHS. “Todos los proveedores están sujetos a un proceso riguroso de evaluación y verificación de elegibilidad antes de que se les adjudique o modifique cualquier contrato”, aseguró.