Lo único que Trump quería y que Pam Bondi no logró cumplir
El trasfondo de la salida revela tensiones por la falta de resultados en causas contra figuras opositoras y un giro polémico en la política judicial
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El presidente Trump tenía muchas buenas razones para destituir a la fiscal general Pam Bondi. Eligió la única equivocada.
Cuando el presidente anunció el jueves la salida de Bondi de su gabinete, ofreció los habituales elogios vacíos y el consuelo frío que suelen acompañar este tipo de destituciones. Pero el núcleo de su descontento con la fiscal general fue, al parecer, su incapacidad para satisfacer su deseo de venganza contra sus enemigos. No procesó a suficientes adversarios de Trump, y los casos que llevó adelante fracasaron.
En un mensaje del 20 de septiembre de 2025 dirigido a Bondi y publicado por el propio Trump en Truth Social, el presidente se quejaba de que “no se está haciendo nada” respecto de su exigencia de procesar al exdirector del FBI James Comey, al senador Adam Schiff y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “No podemos demorar más, está destruyendo nuestra reputación y credibilidad”, escribió. En aparente respuesta, el Departamento de Justicia de Bondi presentó posteriormente casos claramente defectuosos contra Comey (por supuestamente mentir al Congreso) y contra James (por presunto fraude hipotecario). Ambos procesos fueron desestimados de inmediato y correctamente, aunque el Departamento de Justicia apeló.
Estos casos fueron algunos de los peores abusos del sistema legal durante la gestión de Bondi, y los jueces pusieron límites. Pero su Departamento de Justicia tiene más investigaciones de este tipo en marcha. Por ejemplo, hay una investigación de un gran jurado federal en Florida que aparentemente apunta a funcionarios de la era Obama que iniciaron la pesquisa sobre los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016. Trump y sus aliados también han exigido procesar a Jack Smith, el fiscal especial que presentó cargos contra Trump en 2023.
El hecho de que Bondi haya fracasado en estos intentos abusivos de judicialización debería ser motivo de alivio, no de destitución. Es el resto de su gestión lo que ha convertido al Departamento de Justicia en un oxímoron que llevará años, si no décadas, reparar.
La propia Bondi ha sido una pésima vocera y símbolo del organismo —irrespetuosa de sus tradiciones, despectiva con sus críticos, intolerante con el disenso—, algo que quedó en evidencia sobre todo en su torpe manejo del caso Jeffrey Epstein. Después de que Bondi engañara al país sobre las primeras revelaciones del caso, el Congreso respondió aprobando una ley que obligó al Departamento de Justicia a divulgar sus archivos sobre el pedófilo y sus asociados. La respuesta tardía, inconsistente y en general incompetente de Bondi logró lo que parecía imposible: unir a demócratas y republicanos en el Congreso en rechazo a su desempeño. (Evidentemente, Trump tampoco quedó impresionado).
Sin embargo, los problemas más profundos de su gestión se encuentran en el plano de las políticas. Bajo Bondi, el Departamento de Justicia prácticamente dejó de cumplir su función de perseguir delitos. La carga de casos cayó drásticamente, al igual que el número de fiscales, casi con certeza como consecuencia de su liderazgo. La principal razón es que, en lugar de imputar a delincuentes reales, el organismo se transformó en un auxiliar legal de las desastrosas políticas migratorias de Trump.
La peor consecuencia de perseguir casos contra personas que, salvo su situación migratoria irregular, cumplen la ley, ha sido el enorme sufrimiento causado a los afectados, sus familias y las economías que sostienen. Los abogados de Bondi han gastado tiempo y recursos en hostigar —y peor aún— a personas que no han perjudicado a nadie.
En parte debido a su fijación con la inmigración, el Departamento de Justicia también redujo la persecución de delitos de cuello blanco, incluso mediante la suspensión total de la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Los fiscales locales pueden cubrir la falta de acción en delitos violentos, pero solo el gobierno federal tiene los recursos y la experiencia para llevar adelante este tipo de casos. Así, los delincuentes de cuello blanco están recibiendo vía libre, tal como lo deseaban Bondi y el presidente.
Bajo la conducción de Bondi, además, sectores conservadores radicales ejercen el poder del gobierno federal. La histórica división de derechos civiles del Departamento está ahora dirigida por Harmeet Dhillon, quien prácticamente ha dejado de defender los derechos de los ciudadanos negros y, en cambio, ha orientado a sus abogados a combatir políticas “progresistas” y hostigar a la ya vulnerable comunidad trans. En una administración integrada por negacionistas de las elecciones de 2020, el organismo ha lanzado investigaciones en Georgia y Arizona que parecen apuntar, sobre todo, a poner en duda futuros resultados electorales, incluidos los de las elecciones legislativas de este año.
Quizás lo más grave es que los abogados del Departamento de Justicia bajo Bondi han actuado en muchos casos de forma abiertamente poco ética. Durante décadas, los jueces federales consideraron a los fiscales y abogados del gobierno como algo más que simples partes en litigio. Con razón, asumían que los representantes del Estado decían la verdad sobre los hechos y la ley. En términos jurídicos, las acciones del Departamento gozaban de una “presunción de regularidad” que no se aplicaba a los abogados privados. Pero a partir de conductas frecuentes y alarmantes —como mentir, manipular, ocultar hechos y pruebas— durante la era Bondi, muchos jueces han dejado de conceder ese beneficio. Y con razón.
Reemplazar a Bondi por su adjunto, Todd Blanche, o por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, por mencionar dos posibles sucesores, no resolverá el problema, a menos que el nuevo fiscal general asuma el compromiso —poco probable en este contexto— de devolver al Departamento de Justicia su tradición de honestidad e integridad.
Con las elecciones legislativas en el horizonte, Trump puede haber decidido reemplazar a su fiscal general mientras su partido aún controla el Senado. Pero, sea quien sea el elegido, el futuro del Departamento de Justicia parece encaminado a más de lo mismo, y probablemente peor.
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