Abogados de inmigración en EE.UU. advierten: “El ICE está desapareciendo a personas en el sistema de detención”

Miembros de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) denunciaron una serie de cambios drásticos en la gestión migratoria que, según advierten, amenazan el debido proceso y generan un clima de caos en el sistema de detención de Estados Unidos. La organización señaló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aplica tácticas que ocultan el paradero de los migrantes y dificultan la asistencia legal durante procesos críticos.

Greg Chen, director sénior de Relaciones Gubernamentales de AILA, manifestó durante una sesión informativa que la administración federal desarrolla estas acciones en secreto. “El ICE desaparece a personas en el sistema de detención”, dijo.

Según Chen, las audiencias judiciales ocurren en lugares ocultos y sin marcas identificatorias, lo que priva a los afectados de la capacidad de ejercer su defensa. Chen remarcó que las personas perjudicadas no representan los casos más graves del sistema, sino que a menudo incluyen individuos que ya poseen una solicitud pendiente de protección legal, asilo o permisos de trabajo, conforme a las leyes establecidas por el Congreso.

“El trasfondo es que cambios dramáticos en las políticas están creando caos, amenazando el debido proceso y generando impactos significativos en las vidas de las personas, y está ocurriendo en secreto (...) Las audiencias se llevan a cabo en lugares ocultos y sin marcar”, dijo el dirigente.

“Lo que es más importante, las personas perjudicadas ciertamente no son ‘las peores de las peores’. Cada vez incluyen más a personas que ya tienen una solicitud pendiente de protección legal, podría ser asilo, podría ser un permiso de trabajo, y están pasando por el debido proceso de solicitud que el Congreso estableció en la ley”, señaló Chen.

Según su sitio web, AILA es un asociación fundada en 1946, sin fines de lucro y apartidista que ofrece formación jurídica continua, servicios profesionales, información y conocimientos especializados a más de 18.000 abogados que ejercen y enseñan derecho de inmigración.

La preocupación central reside en la imposibilidad de localizar a los detenidos. Ruby Powers, miembro del Comité de Promoción de Medios de AILA, explicó que el sistema de búsqueda en línea es la única herramienta disponible para los abogados, pero actualmente presenta fallas críticas.

“Aquellos con órdenes finales de deportación desaparecen del sistema de localización”, señaló Powers.

La abogada comparó la situación con un juego de azar donde las autoridades mueven a los migrantes de una jurisdicción a otra sin notificar a sus representantes legales. Esta opacidad impide la presentación de recursos de hábeas corpus, la única vía judicial de peso para solicitar la liberación o cuestionar la ilegalidad de una detención.

Kel White, tesorera del capítulo de AILA en Washington DC, comparó el proceso de encontrar una sala de audiencia con un juego infantil de escondite, aunque advirtió sobre las consecuencias letales que esta desorganización conlleva. “Es la vida con consecuencias reales para las personas que ingresan a esa corte, donde no comparecer significa la deportación”, remarcó White.

La abogada describió un entorno coercitivo dentro de las instalaciones de detención, donde los oficiales de ICE escoltan a los abogados y a los detenidos a las salas. Según su análisis, esta dinámica convierte a la justicia en una extensión de la fuerza de seguridad, eliminando la separación necesaria entre la aplicación de la ley y la resolución judicial.

Las barreras de acceso, la confusión sobre quién controla las salas y la falta de transparencia impiden la participación de familiares, testigos y abogados defensores.

La estrategia gubernamental genera alarmas sobre la celeridad con la que se dictan fallos. Chen advirtió que el riesgo inminente es que los jueces emitan órdenes de expulsión en ausencia de los demandados, debido a que estos no logran localizar las cortes o no son trasladados a tiempo. Esto ya ocurrió en un número significativo de casos, según las denuncias de la asociación.

Ben Johnson, director ejecutivo de AILA, atribuyó el fenómeno al deseo de las autoridades por cumplir con metas numéricas de deportación. “Se trata de miedo, caos y cuotas”, afirmó Johnson. Según el director, el gobierno diseña “trampas” para los migrantes con el propósito de acelerar el ritmo del sistema judicial y alcanzar metas récord. El dirigente sostuvo que la administración busca que el procedimiento sea lo más opaco posible para maximizar las expulsiones sin importar la ruptura de los vínculos familiares.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.